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La información publicada el domingo por Página/12 con nuevos datos sobre el movimiento de empresas de Mauricio Macri en Bahamas y Brasil no fue desmentida. Callaron el Presidente y sus funcionarios.

Tal como adelantó este diario en sus ediciones del 21 y el 23 de agosto, ayer finalmente se presentó en Tribunales el diputado nacional por Neuquén Darío Martínez con nuevos elementos en la causa abierta por el juez Sebastián Casanello e investigada por el fiscal Federico Delgado.

Martínez, del Frente para la Victoria, mantuvo la actitud que parece haberse impuesto desde un principio: investiga y entrega datos pero no prejuzga. Tampoco especula. No fue el legislador quien imaginó un tipo penal a investigar sino la propia Justicia. La carátula no contiene la palabra “lavado” pero invoca la presunta infracción del artículo 303 del Código Penal. Conviene tenerlo presente: “Será reprimido con prisión de tres a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen ilícito”.

El fiscal Delgado también está siguiendo un criterio práctico. Su objetivo es conocer lo que definió como “realidad social” de las empresas. Es, decir su funcionamiento verdadero.

La estrategia de Macri desde el principio fue ocultar cuando podía, minimizar las novedades cuando las cosas eran inocultables, cargarle la responsabilidad a su padre como si en la década del ‘90 no hubiera sido su mano derecha en el Grupo Socma y confiar en que su silencio apagaría la tenacidad de los investigadores.

Hable o calle, las pesquisas siguen y acumulan cada vez más elementos concretos.

Ya es público que tenía 18 millones de pesos en bonos argentinos depositados en la guarida fiscal de Bahamas. Debió repatriarlos para evitar sospechas.

Ya se sabe que hay por lo menos dos empresas offshore donde figura su nombre, Kagemusha y Fleg.

Ya es conocido que Fleg fue la llave para fundar sociedades en Brasil.

Ya se sabe que la empresa Owners do Brasil es la contracara de Fleg.

Ya es conocido el estatuto de Owners. Sin vuelta alguna, señala que “la sociedad tiene por objeto social principal la participación en el capital de otras sociedades como socia quotista o accionista”.

Ya está claro que Fleg no era simplemente una cáscara sino el embrión para crear empresas.

Está claro también que las empresas fueron realmente creadas y que realmente se insertaron en el mercado brasileño.

Ya se sabe el nombre de esas empresas: Itron do Brasil, Martex do Sul y Mega Consultoría.

Ya es pública la relación societaria entre Fleg, Owners y Socma Americana.

Ya se sabe que Fleg colocó en Socma Americana 9,3 millones de dólares.

Es sabido que, al mismo tiempo, Socma Americana puso capital en tres empresas: Itron do Brasil, Partech-Unnisa y Partech (así, a secas).

Es conocida la semejanza entre el monto de aquellos 9,3 millones de dólares y el total colocado por Socma Americana, de 8,4 millones de dólares. Podría ser una simple coincidencia. Pero podría no serlo.

Ya es conocido que las sociedades fundadas en Brasil incursionaron en telecomunicaciones, servicios logísticos para bancos, informática, nada menos que la administración de la tarjeta Visa.

Ya es sabido que se relacionaron un con gigante mundial, Siemens. Y que entablaron una sociedad duradera con un gigante brasileño, Andrade Gutiérrez.

Una lluvia de inversiones.

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