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La escuela Normal N° 5 Martín Miguel de Güemes, de la Ciudad de Buenos Aires; la escuela de Educación Media N° 3, del mismo distrito; la escuela Técnica N° 1 General Salvio, de Saladillo; la especial 502, de General Alvarado; la especial 501 Adolfo Gonzáles Chaves, de Tres Arroyos; todos los colegios secundarios de Campana. Son algunos de los miles de ejemplos por todo el país cuyos alumnos no recibieron este año las computadoras del plan Conectar Igualdad. El programa que se lanzó en 2010 para potenciar la escuela pública, cerrar la brecha digital y formar ciudadanos capaces de incorporarse a un proyecto de desarrollo nacional se está deshilachando. El gobierno de Mauricio Macri dejó de ubicarlo como una prioridad para la enseñanza, pero también lo abandonó en su otra faceta, la de convertirlo en una plataforma de impulso para la industria nacional y de elaboración de contenidos con participación activa de docentes y estudiantes. El primer mensaje de la actual administración sobre su valoración del proyecto llegó en diciembre, cuando produjo despidos masivos de profesionales que articulaban entre el Ministerio de Educación y las provincias Eran más de 1000 personas que recorrían el país atendiendo escuelas, con la doble función de darles soporte técnico y orientarlas en la formación pedagógica. Respecto de esta última tarea, estaban coordinadas por un equipo de 60 personas que trabajaba desde la cartera nacional, cuya creación había sido aprobada en febrero de 2015 por el Consejo Federal de Educación. Es decir, con el compromiso de todas las provincias. Ese cuerpo de especialistas multidisciplinario también fue echado a partir de enero, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay se ufanó de haber completado “el trabajo sucio” con la expulsión de los ñoquis y “la grasa militante”.

Los ingresantes a primer año de escuelas secundarias públicas, institutos de formación docente y escuelas especiales generan una demanda de unas 600 mil netbooks por año. A diciembre de 2014, la cobertura de Conectar Igualdad ya era del ciento por ciento de ese universo. 2015 fue el primer año en que el Estado nacional compró máquinas solo para distribuir entre nuevos alumnos, y lo hizo dejando un remanente de unas 100 mil computadoras. Esas 100 mil netbooks son las que entregó la actual administración de la Anses en lo que va del año, cuando ya pasó más de la mitad del ciclo lectivo. “La idea era distribuir los equipos en la primera parte del año con un criterio pedagógico”, explica Laura Penacca, ex coordinadora nacional del Plan de Inclusión Digital Educativa. “A fines de 2015 teníamos una licitación avanzada para garantizar el abastecimiento de 2016, pero el Gobierno la frenó”, agrega. Hasta el momento, la Anses solo puso en marcha una nueva licitación para la compra de 250 mil máquinas, por lo que la mayoría de las escuelas da el año por perdido. Las consultas de este diario sobre esta situación quedaron sin respuesta por parte del organismo.

Pero el golpe al funcionamiento del plan no se limitó a los estudiantes de primer año. La desvinculación de 1000 trabajadores que constituían el equipo territorial, técnico y pedagógico, que visitaba las escuelas para activar el programa también afecta a los demás. Entre sus tareas esenciales figuraba la configuración del servidor de los colegios y de las netbooks bloqueadas por distintos motivos, como el ausentismo prolongado del alumno. Al faltar esa asistencia, cada vez más estudiantes van quedando al margen del uso de la computadora y se complica la dinámica de las aulas. “En diciembre se extienden los certificados para que las máquinas no se bloqueen en el verano, pero en marzo esas habilitaciones hay que renovarlas. Como este año no hubo equipos territoriales, las netbooks van quedando inutilizables. Por más que el Gobierno diga que Conectar Igualdad sigue, en la práctica está virtualmente frenado”, denuncia Penacca.

El Gobierno niega haber echado a aquellos trabajadores. Sostiene que delegó la responsabilidad del sostenimiento de Conectar Igualdad en las provincias, por lo que asumir la continuidad de esos profesionales recaería en ellas. El resultado de ese supuesto gesto de federalismo de Cambiemos es que más del 90 por ciento de los equipos territoriales dejó de moverse por los barrios respondiendo a las necesidades de las escuelas y los alumnos. La decisión del Gobierno de no renovar esos contratos estuvo asociada a la desarticulación del programa a nivel nacional. “Nosotros trabajábamos para que los pibes de Santiago del Estero y los de Mendoza tuvieran las mismas oportunidades, en el marco de un proyecto de país”, señala Penacca. La trayectoria quedó diseñada en el plan quinquenal 2010-2015 y en el bianual 2015-2016 que se aprobó en febrero del año pasado. Este último se completó en un 50 por ciento, como estaba previsto, mientras que este año quedó a la deriva. Se trata del Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa (Pnide), que se puso en marcha luego de que se alcanzaron los objetivos del anterior, como la universalización del reparto de equipos a estudiantes y colegios.

“La primera etapa fue de sensibilización social y cultural, porque de golpe llegaron 5 millones de computadoras a los colegios y era necesario un proceso de adaptación de la comunidad educativa y logístico. Ahora estábamos en la segunda etapa, de profundización de la formación pedagógica para logar una transformación genuina de la enseñanza. Era un armado muy potente. Pero el actual gobierno lo desarmó al desprenderse de la gente que lo impulsaba”, describe la ex coordinadora nacional del Pnide, quien fue una de las máximas responsables de Conectar Igualdad y del programa que lo amplificaba a la escuela inicial, Primaria Digital, hasta el 10 de diciembre. El Pnide también contenía al Programa Nacional de Formación Docente, los Planes de Fortalecimiento de la Enseñanza, de Mejora, para el desarrollo de contenidos educativos a través de Educ.ar y la promoción de la innovación tecnológica, en el marco del Plan Nacional de Educación Obligatoria y Formación Permanente. Era “una estrategia que hacía foco en las posibilidades exponenciales de las tecnologías para promover nuevos aprendizajes, tanto en profesores como en estudiantes”.

El armado de toda esa ingeniería tenía detrás un cuerpo de 58 profesionales del Ministerio de Educación de la Nación, en coordinación con la Anses. El macrismo reconoce que a esos especialistas sí los echó a principios de año, para derivar supuestamente sus funciones en Educ.ar. En la práctica, lo que sucedió es que el Pnide se fue desmembrando. “La formación era situada, en las escuelas, armando una mesa de gestión institucional con el director y los docentes. Hacíamos encuentros entre escuelas, los docentes eran tratados como profesionales, en una comunidad de práctica. No les enseñábamos a usar un software. Era una perspectiva diferente, porque la perspectiva instrumental forma consumidores pasivos para responder a las exigencias del mercado. Nosotros buscábamos la producción de conocimiento, de desarrollo conjunto, capaz de generar transformaciones en la tecnología sobre la que se opera”, detalla Penacca. Recuerda que el año pasado se entregó en Tecnópolis el premio Clementina a una escuela de Carapachay, del conurbano bonaerense, por ser pionera en el uso del software libre y de programación. Conectar Igualdad desarrolló un sistema operativo propio, el Huayra, libre y gratuito, para que los estudiantes lo puedan complejizar y nutrir con su propio trabajo. La actual administración incorporó en la licitación de las nuevas computadoras el uso de sistemas operativos provistos por multinacionales, dejando al Huayra en el mejor de los casos como segunda opción. Los componentes que tendían a la igualdad del plan Conectar, así como los que apuntaban a la expansión de la industria tecnológica nacional, van quedando de lado. Esto pone límites a las posibilidades de expansión del país, comprometido el mediano y largo plazo. No parece el mejor camino para atraer inversiones, ni para lograr una educación de calidad.