La Cámara del Crimen aceptó un planteo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y resolvió que la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Claudia Rodríguez Vidal se haga cargo determine la constitucionalidad o no del protocolo implementado por la cartera de Patricia Bullrich, que posibilita las requisas personales sin orden judicial.

Ese protocolo posibilita que las fuerzas de seguridad puedan interceptar, pedir documentos y revisar las pertenencias de cualquier ciudadano sin la orden de un juez. “El análisis de la reglamentación objetada, que regula hipótesis en las que las fuerzas de seguridad podrían requisar sin orden judicial, se vincula con posibles amenazas a la libertad ambulatoria y, en consecuencia, con principios de naturaleza penal y procesal penal”, evaluaron los jueces de la Cámara del Crimen Mario Filozof y Mirta López González.

“Se objeta un acto concreto de la administración nacional que afectaría derechos consagrados en la Carta Magna y en instrumentos internacionales que, tal como el presentante señala, no se limitan a la libertad ambulatoria”, añade la resolución, a la que tuvo acceso DyN.

El CELS presentó un amparo colectivo contra la Resolución Administrativa 275/2016 del Ministerio de Seguridad, que aprobó el “Protocolo de actuación para la realización de allanamientos y requisas personales”.