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¿Argentina va a la guerra? La escena colonial no puede ser más significativa. Macri ofrece una guerra a las drogas que no se le pide. Mientras Estados Unidos y México hacen lo posible para bajarse del conflicto sin perder elecciones, nuestro gobierno se alinea con Rusia, China, Arabia Saudita e Indonesia. Al presidente de este último país lo apodan “El castigador”. La declaración de hostilidades la anuncia acompañado de dos postulantes a sucederlo en la campaña bélica. Tampoco falta en el acto de servidumbre voluntaria la bendición de un presidente sin votos, el de la Corte Suprema de la Nación.

Sólo un milagro puede hacer que esta guerra no termine en una grave crisis humanitaria como la que sufre el pueblo de Centroámerica y México o como el pueblo negro de Estados Unidos. Para evitar que la Argentina no reciba en los próximos años una comisión de la OEA o de Naciones Unidas como ocurrió en 1979 vamos a necesitar más que oraciones.

La situación es esta: sólo en México desde la declaración de guerra (año 2006) alrededor de 100.000 homicidios y 27.000 desaparecidos. Hay más fosas comunes que pozos petroleros en el norte del país. En este conflicto América Latina cada año tiene los muertos de la bomba de Hiroshima y Nagasaki juntas. En tres décadas Brasil, perdió por causa de muerte violenta la población de una ciudad del tamaño de Buenos Aires, mayormente negra, masculina y joven y por causa directa e indirecta de la guerra punitiva a las drogas. Por las mismas razones 1 de cada 3 negros en Estados Unidos está o va estar preso. Hay más población negra en la cárcel que esclavos en 1850. La industria de la cárcel es la nueva esclavitud y la literatura se pregunta ¿Dónde han ido a parar los negros en Estados Unidos?

Por distintas razones, Costa Rica y Nicaragua son la excepción en Centroamérica. En cambio Guatemala, El Salvador y Honduras suman más muertes en la guerra a las drogas que a todas las del genocidio de las dictaduras militares en la década del 80. Chile, Uruguay y Argentina, en el fondo del mapa son la excepción. La única explicación está en el revés de la célebre frase de Benito Juárez: tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.

Pasaron décadas de acostumbramiento a la muerte violenta hasta que finalmente se tomó conciencia de las dimensiones de tragedia humana que afecta al continente más desigual del planeta sin ser el más pobre. Como en Argentina en la última dictadura cívica- militar, son las familiares, madres, padres y hermanos los que inician la marcha por la paz. Invisibilizados por el racismo y la exclusión social denuncian la masacre estatal y la desaparición de personas tragadas por la tierra, las balas y las mutilaciones.

Tampoco se quedan quietos los políticos liberales. En septiembre, la Global commission on drug policy, integrada por el exsecretario de la Naciones Unidas Kofi Annan, el expresidente de Colombia César Gaviria, el expresidente de México Ernesto Zedillo, el expresidente de Chile Ricardo Lagos, el expresidente de Brasil Fernando Cardoso, el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Paul Volcker, el expresidente de Goldman Sachs & Co y otros ilustres magnates, firmaron una declaración por el fin de la guerra punitiva a las drogas porque “la guerra contra las drogas ha fracaso”. Reconocieron lo que las ciencias sociales descubrieron hace medio siglo: donde hay solución punitiva la política pierde el control y se produce una situación genocida. Asumiendo el control es el título del documento.

Existe un índice global de la paz. Lo hace otra organización liberal para la inversión y los negocios con apoyo del periódico inglés The Economist. Mide el conflicto interno de un país, la guerra, los homicidios, el encarcelamiento, la ocupación militar del territorio en función policial y otras barbaridades. Argentina está en mitad de tabla para arriba. Macri puede mandarnos al fondo si no lo paramos. Esta guerra se libra en las villas y en los barrios pobres. Los curas villeros y las organizaciones sociales y políticas tendrán que prepararse para resistirla. Pero hasta donde sabemos, la primera palabra para la guerra en una democracia la tiene el Congreso de nuestro país.

Fiscal. Justicia Legítima.