El juzgado laboral número dos, a cargo del magistrado Miguel Angel Gorla, suspendió por medio de una medida cautelar la aplicación de la cláusula tercera del acuerdo suscripto entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) del 4 de abril pasado.

Ese acuerdo -que fue homologado por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial- establecía un aumento de 270 pesos "no remunerativos", pero al mismo tiempo fijaba una "contribución solidaria" para la Asociación Bancaria del uno por ciento mensual "sobre toda remuneración sujeta a aportes y contribuciones".

Ese porcentaje, que debían pagar compulsivamente todos los trabajadores, redondeaba una cifra mensual de un millón de dólares, según dijo el abogado laboralista Horacio Meguira, quien junto con su colega Guillermo Gianibelli patrocinó el reclamo de los rabajadores bancarios agrupados en la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales.

El reclamo se basó en que el cobro de la cuota sindical es "voluntaria", por lo que el cobro obligado de un uno por ciento sobre sus salarios sería un "abuso".

Los abogados denunciaron "la desproporción entre el logro alcanzado y el precio que tienen que abonar los no afiliados a la Asociación Bancaria por la gestión efectuada por esta".

Además, argumentó que la Comisión Gremial Interna de Banco Central no intervino en la paritaria, "estando obligado el Ministerio de Trabajo a dar la intervención de los representantes directos en la negociación colectiva de empresa".

La medida cautelar responde a una denuncia presentada por los trabajadores bancarios de la central sindical CTA contra el Ministerio de Trabajo y el gremio que conduce Juan José Zanola.

Fuente: DYN