El proyecto, que prohíbe además todos los gastos de terceros sin autorización de los responsables de los partidos políticos, fue aprobado esta tarde por 160 votos contra 19 y girada al Senado, durante una maratónica sesión de la cámara baja que se podría extender incluso hasta mañana.

La norma fue respaldada en el recinto por la mayoría de los bloques parlamentarios de la cámara baja, excepto por el diputado de la CTA, Claudio Lozano; el ARI, que cuestionó fuertemente la iniciativa, y el ex zamorista, Carlos Tinnirello.

El proyecto surgió de la unificación de las iniciativas presentadas por diferentes bloques del oficialismo y de la oposición para modificar la ley aprobada en 2002 que estableció el control de los gastos de las campañas políticas.

Con este incremento, en la campaña del año próximo, el límite permitido pasará de 25 millones de pesos a 37,5 para cada fórmula presidencial.

La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos fue sancionada en 2002, en medio de un profunda crisis política y un descreimiento popular respecto a la actividad de los partidos políticos que se materializó en la expresión popular "que se vayan todos".

Al defender el proyecto, el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, el kirchnerista Juan Manuel Urtubey, destacó la anulación de los gastos por cuenta de terceros, la unificación de cuentas bancarias y la suba en un 50 por ciento del gasto máximo por elector, como los aspectos "medulares" de la iniciativa.

"La prohibición de la contratación por parte de terceros es uno de los temas medulares porque es el que establece que nadie va a poder realizar ninguna contratación publicitaria que no sea avalada por el responsable político-económico de campaña", aseguró Urtubey en el recinto.

También, el radical Pedro Azcoiti respaldó la iniciativa aunque cuestionó el fallo de la jueza María Servini de Cubría que declaró la inconstitucionalidad del artículo 39 de la actual ley.

Servini de Cubría desestimó un planteo que pedía que se investigue si en las elecciones presidenciales de 2003, el Frente para la Victoria, que postuló a Néstor Kirchner, y el Frente para la Lealtad, que impulsó a Carlos Menem, gastaron más que lo permitido por la ley de financiamiento político.

Para Servini de Cubría, los gastos que hicieron consultoras, agencias de publicidad, imprentas y otras empresas en favor de de esos partidos no violaron esos límites porque, según la magistrada,los políticos y los partidos que se beneficiaron con publicidad y otras donaciones ignoraban esa situación.

La iniciativa impulsada por el oficialismo fue respaldada además por el diputado del Peronismo Federal, Jorge Landau, quien consideró que la norma "es un salto cualitativo en el financiamiento de los partidos políticos".

En tanto, por el ARI -que presentó un dictamen de minoría- el diputado Adrián Pérez, cuestionó el aumento del gasto por elector que establece la iniciativa y la "concentración de los aportes a los partidos políticos en manos del gobierno, lo cual desde siempre ha generado inconvenientes y sospechas".

La iniciativa busca que los partidos políticos no eludan los topes máximos de gastos de campaña a través de los denominados "gastos de terceros" o que se sean objeto de sanciones por contrataciones publicitarias de las no tenían conocimiento.

Además, y para adecuarse a la realidad económica actual, la norma eleva de 1 peso a 1,50 el gasto máximo permitido por elector en el marco de las campañas presidenciales o legislativas nacionales e incrementa de 0,30 peso a 0,50 el tope en el caso de segunda vuelta electoral.

Fuente: Télam