Así lo determinó la Sala II del tribunal al confirmar la resolución dictada en primera instancia donde se había desestimado el planteo de los abogados Miguel Angel Sarrabayrouse Bargalló y Eber Sergio Manzón, defensores de Rodriguez Larreta, tendiente a lograr la "extinción de la acción penal".

Mediante un fallo dictado antes de la "feria" judicial y conocido hoy, los camaristas recrearon los hechos denunciados oportunamente por la Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante, y en el que el dirigente del PRO en noviembre de 2005 fue llamado a prestar declaración indagatoria junto a otros ex funcionarios.

En esta causa se investigan presuntas anomalías en el manejo del FONCAP, una sociedad que tenía la administración del denominado Fondo Fiduciario de Capital Social, creado por el decreto 675 firmado por el ex presidente Carlos Menem en 1997, para "destinar a una política de interés público, cual era la promoción de microempresas en todo el país".

El período analizado llega hasta 2003 y a Rodríguez Larreta se le imputan los presuntos delitos que se habrían cometido cuando estuvo a cargo del FONCAP, desde agosto de 1998 hasta febrero de 1999.

En el expediente también son investigados los ex funcionarios Eduardo Amadeo, Juan Pablo Cafiero y Graciela Fernández Meijide, entre otros, aunque en el caso de los ex ministros se los responsabiliza por no haber cumplido con la misión de contralor estatal sobre las actividades del fondo fiduciario.

A fines de 2005 el juez federal Rodolfo Canicoba Corral había dispuesto las indagatorias de Rodríguez Larreta y el resto de los acusados, pero diversos planteos defensistas impidieron que se concretaran las citaciones.

Los abogados del referente "macrista" sostuvieron que los hechos relatados por el fiscal "sólo admiten razonablemente ser calificados como defraudatorios a la administración pública por administración fraudulenta" con una pena máxima de hasta seis años de prisión, por lo que al momento del llamado a indagatoria la causa estaría prescripta por el paso del tiempo.

Sin embargo, los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi coincidieron con la querella en que no puede descartarse que se trate de "peculado", ya que Rodríguez Larreta revestía la calidad de "funcionario público", aunque su defensa entienda lo contrario.