La nueva dependencia fue creada para dar "la más rápida satisfacción de las necesidades que plantean los magistrados a cargos de dichas causas en materia de personal, equipamiento y adecuación de espacios y elementos para la celebración de audiencias y otros actos de similar naturaleza".

La medida parece en consonancia con los reclamos públicos del presidente, Néstor Kirchner, de mayor celeridad en la tramitación de causas vinculadas con violaciones a los derechos humanos cometidas durante la pasada dictadura, cuyo coletazo más saliente fue el pedido de juicio político contra jueces de la Cámara de Casación Penal, entre ellos su titular, Alfredo Bisordi.

El máximo tribunal emitió, horas antes de la feria judicial de invierno, la Acordada 14/07, mediante la cual designó al frente del nuevo organismo a José Luis Mandalunis, un ex secretario de varios juzgados penales y ex fiscal general ante la ciudad de Buenos Aires.

Mandalunis es, además, desde julio de 2005, el funcionario que auditó para la Corte todo el expediente por la investigaciónsobre el atentado contra la embajada de Israel, cometido en 1992.

La nueva oficina, "mediante una especial dedicación al requerimiento de los tribunales competentes", realizará "el seguimiento de los procesos con el propósito de tomar inmediato conocimiento de las situaciones que se presentan, a fin de proveer rápida y eficaz respuesta", sostiene la acordada.

El documento establece que la Unidad de Asistencia y Seguimiento "actuará mancomunadamente, mas sin interferencia en las respectivas atribuciones, con los restantes poderes del Estado que tienen intervención en los asuntos concernientes a las causas indicadas".

La Acordada fue firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.