La decisión se tomó en el marco de un operativo de inspección realizado en conjunto con el Ministerio de Trabajo y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA).

Este operativo se efectuó en los barrios porteños de Flores, Belgrano y Villa Urquiza durante tres semanas, y se prevén realizar otros operativos sorpresa en el Gran Buenos Aires.

De acuerdo a lo informado por la SRT, los incumplimientos en que incurrieron los empleadores fueron variados, y muchos de ellos estaban vinculados con las medidas preventivas para evitar la caída de personas en altura.

En se sentido se constataron falta de barandas reglamentarias en los bordes de losas, escaleras o excavaciones; de protección en los huecos de pisos; de barandas en andamios tubulares; y de arnés de seguridad.

También fallas de seguridad en los andamios por ausencia de rigidez y estabilidad de la estructura y plataformas de trabajo inadecuadas; falta de puertas en los montacargas y de protecciones laterales para evitar caída de materiales.

Desde SRT remarcaron que "la caída de personas en altura es un accidente típico de este sector de actividad y generalmente suele ser grave o mortal, pero a su vez es inexplicable que sigan existiendo incumplimientos que favorecen la ocurrencia de estos accidentes ya que las medidas de prevención son sencillas y muchas veces estamos hablando de maderas y clavos".

Por otro lado, se detectaron otros riesgos graves para la integridad de las personas como la falta de apuntalamientos en las excavaciones para evitar los desmoronamientos de tierra; de distancia de seguridad para evitar accidentes cuando se usan máquinas excavadoras; de puesta a tierra en las instalaciones eléctricas y equipos; y de protecciones para evitar atrapamientos en máquinas hormigoneras, montacargas, sierras circulares y amoladoras, entre otros.

Para el levantamiento de las suspensiones cada empleador deberá realizar las adecuaciones indicadas por los inspectores de la SRT e informar al organismo contralor que verificará los cambios.

Además, las actas de inspección elaboradas por la Superintendencia fueron remitidas al gobierno porteño.

Si bien la jurisdicción local es quien detenta la potestad de contralor, surge del convenio firmado en enero último año entre Trabajo, el gobierno porteño y el bonaerense, la posibilidad de ampliar y optimizar la capacidad de inspección laboral en el marco del Plan Nacional de Regulación del Trabajo, lo cual permite la intervención de la SRT en acciones de contralor en forma conjunta entre los distintos organismos o individual.