Al parecer, los abogados presentantes fueron confundidos con los defensores del represor y recibieron la "buena nueva" de que la Corte se expedirá en contra de la impugnación.

Si bien no se sabe en qué momento se dará a conocer la decisión de la Justicia, la abogada Solange Verón en comunicación con este diario, afirmó que se encuentra frente a los Tribunales de La Plata convocando a "todos los que puedan sumarse a manifestar el rechazo" contra la habilitación del represor Patti para el ejercicio de cargos públicos.

El abogado Mariano Gabriel Molina presentó el viernes pasado (19/10/07) en carácter de ciudadano un recurso extraordinario de inaplicabilidad ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para revisar el pronunciamiento de la Junta Electoral provincial que denegaba la impugnación interpuesta contra la candidatura del represor Luis Abelardo Patti al cargo de Gobernador de la provincia.

La base del pedido de la impugnación y de su posterior recurso es la falta de idoneidad ética-moral de Patti para ocupar cargos públicos y reclama la aplicación histórica del artículo 36 de la Constitución Nacional.

Según se argumenta en la gacetilla "no se trata de valoraciones referidas a cuestiones subjetivas, sino de cuestiones jurídicas que requieren del estudio de derecho de fondo para aplicar a Patti la inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, que establece como sanción dicho artículo constitucional para quienes hubiesen atentado 'contra el orden institucional y el sistema democrático', sin que para ello sea necesario sanción penal alguna".

También se basa en los informes elevados por el Alto Comisionados de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU a la Nación argentina respecto de su preocupación al notar que aún hay personajes como Patti que integran la vida política y estatal del país, que fueron citados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el Amicus Curiae presentado en la causa Patti s/ recurso de amparo c/ la Cámara de Diputados de la Nación.

Molina y sus abogados plantean que la gravedad de los hechos que se le imputan a Patti y su imprescriptibilidad demuestran esa falta de idoneidad, por lo cual la Justicia es quien debe expedirse sobre la cuestión fundada en la aplicación armónica de los artículos 16, 36, 29 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. "De otro modo, la institucionalidad democrática estaría en peligro", culmina el documento.

Informe: Emilce Bartoli