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El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, realizó la presentación ante la justicia Federal de La Plata y le pidió la "inmediata detención" de Saint Jean y de siete civiles que formaron parte del Poder Ejecutivo provincial durante la dictadura y que tuvieron participación en el secuestro del fundador del diario La Opinión.

Fuentes judiciales detallaron que la querella solicitó también la detención de quienes fueron en esa época ministros de Gobierno, Jaime Smart; subsecretario de Gobierno, Juan María Torino Olivieri; el ex subsecretario de Justicia, Héctor Munilla Lacasa y del de Asuntos Institucionales, Edgardo Frola y del ex titular del Banco Provincia, Roberto Bullrich.

Además, el pedido de detención recayó sobre Alberto Rodríguez Varela, ex fiscal de Estado bonaerense y ex ministro de Justicia de la Nación durante la presidencia del dictador Jorge Videla y de Roberto Durrieu, abogado de Juan Carlos Blumberg, quien ocupó un cargo en la fiscalía de Estado y fue viceministro de Justicia de Rodriguez Varela.

Según la presentación realizada ante el juzgado Federal a cargo de Arnaldo Corazza, en el contexto del golpe de estado de 1976 se acreditó en distintas causas judiciales posteriores que Jacobo Timerman fue secuestrado ilegalmente el 15 de abril de 1977.

La Secretaría consideró que los acusados "fueron coautores materiales y /o intelecuales y tuvieron el codominio de los hechos delictivos cometidos contra Timerman, los que constituyen delitos de lesa humanidad por formar parte del plan criminal instaurado a partir del 24 de marzo de 1976".

El entonces director del diario La Opinión de la ciudad de Buenos Aires fue conducido por varios centros clandestinos de detención, donde fue víctima de torturas y todo tipo de apremios, especialmente en las dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires conocidas como Coti Martínez y Puesto Vasco.

En el escrito, la querella precisó que al secuestro de Timerman "siguieron la intervención y la clausura del periódico, como prueba palpable de que la acción de los terroristas de estado tenía entre sus fines el cercenamiento el derecho a la información y la libertad de prensa".

Agregó que prueba de ello es "entre muchas otras, el Comunicado N 19 de la Junta terrorista que estableció penas de hasta 10 años de reclusión, para el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales".

Para la Secretaría de Derechos Humanos, "ese fue el marco inicial de una política de desprecio hacia la libertad de expresión y de opinión, que asimismo produjo la detención y desaparición forzada de más de cien comunicadores sociales, varios de los cuales trabajaban o tenían relación con el diario La Opinión".

"Tales hechos fueron cometidos con la participación y consecuente responsabilidad penal de los funcionarios civiles de la Gobernación que estuvieron íntimamente vinculados con el denominado 'caso Timerman' y con los delitos de los cuales el Director de La Opinión fue víctima", precisó el organismo.

Según la querella, los funcionarios públicos a los que se les pidió la detención "formulaban desde la gobernación bonaerense una persecución ideológica a periodistas y medios de prensa, concurrían a los centros clandestinos de detención, impartían órdenes y hasta organizaban la propia represión".

Como prueba, aportó un párrafo del libro escrito por el ex jefe de la Policía Bonaerense, Ramón Camps, quien citó a Saint Jean y a los otros siete civiles como "integrantes del grupo" conformado para el secuestro del periodista".

"Estos altos funcionarios eran poseedores de una larga trayectoria profesional, la gran mayoría fueron funcionarios judiciales, por lo que se desprende que el aporte que realizaron a ese plan común no fue menor, y que estaban en pleno conocimiento de la ilegalidad de sus procederes, ya que puede sostenerse que idearon el plan, seleccionaron los medios para llevarlo a cabo e intervinieron con posterioridad", detallaron.

Para la querrella, si por vía de hipótesis "se considerara que estos funcionarios únicamente brindaron un aporte intelectual, igualmente les corresponde una sanción penal igual o mayor que las de sus consortes de causa".

"Máxime cuando el fin último de quienes intervinieron en estas acciones delictivas fue el de terminar con las denuncias de La Opinión para asegurarse el silencio y la clandestinidad que el terrorismo de Estado buscaba imponer para garantizarse la impunidad futura", agrega.

La causa judicial para que se investigue la participación de civiles durante la última dictadura la había iniciado el abogado Alejo Ramos Padilla quien representa a la familia del ex director del diario La Opinión.

El 5 de octubre pasado, el fiscal federal Sergio Franco que investiga la causa, pidió al juez la detención de Saint Jean y Jaime Smart, aunque la solicitud aún no fue resuelta por la magistrado, dijeron fuentes judiciales.

Según el fiscal, durante la etapa en la que Timerman estuvo secuestrado, Saint Jean era el gobernador "y en cuanto tal, como jefe del Poder Ejecutivo, ostentaba el mando superior de la Policía, aún por encima del propio Camps".

Las mismas consideraciones aplicó sobre Smart "pues en su caracter de ministro de Gobierno debía resultar un eslabón necesario entre el gobernador militar y la jefatura de Policía, al menos en la facilitación de los medios necesarios para la operatoria del terrorismo de estado".