Según informaron fuentes policiales y del Gobierno porteño, el operativo fue ordenado por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil 42, a cargo de José Silvera, sobre el bloque de edificios que abarca la esquina de Bolívar y Moreno.

Así fue como esta mañana, cerca de las 6 arribaron al lugar efectivos de Policía Federal, respaldados por la Guardia de Infantería, para desalojar el edificio, en un despliegue similar al ocurrido el viernes pasado con los cartoneros de Belgrano.

En ese contexto, unas 40 familias del bloque de Bolívar 331 resistieron su salida y se registraron corridas e incidentes con los agentes de las fuerzas de seguridad.

Sin embargo, cerca de las 10, los moradores que se negaban a irse del edificio aceptaron el desalojo y acordaron con el Gobierno porteño la entrega de un subsidio de unos 16.000 pesos, al igual que el resto de las familias que habitaban en el lugar.

Esta suma será abonada en parte conjunta entre el Gobierno de la Ciudad y unos 3.000 pesos serán aportados por los nuevos dueños del edificio, quienes también se hicieron cargo de pagar a las empresas de mudanzas el costo del traslado de las pertenencias.

Este edificio, que está ubicado en el casco histórico de la Ciudad, frente al Colegio Nacional Buenos Aires y a tres cuadras de la Plaza de Mayo, se convertirá en un "hostel" y un centro comercial a cargo de la firma "San Telmo House", según dijeron algunos de los residentes.

Según indicó una fuente oficial, existió una advertencia desde el Gobierno porteño a la Justicia sobre el riesgo de derrumbe del edificio construido hace 100 años que alojaba a miles de personas en condiciones de hacinamiento y de falta de higiene.

De hecho, cada uno de los cuatro pisos cuenta con unas diez habitaciones, en las cuales vivían entre ocho y diez personas, que compartían sólo dos sanitarios y una pequeña cocina en común ubicada en la parte trasera del edificio.

En los últimos meses, se registraron varias caídas de mamposterías en las habitaciones y en los descansos de las escaleras, situación que derivó en una advertencia desde el Gobierno porteño a la Justicia sobre el riesgo de derrumbe.

"Esto en seis meses más se cae abajo", dijo Emanuel, un hombre que reside en el edificio desde hace siete años y que habitaba en un espacio por el cual pagó, hasta hace un año, unos 500 pesos mensuales.

Los vecinos pagaron durante años un alquiler a un hombre que todos los meses se encargaba de cobrar la renta, pero que hace a inicios del año pasado desapareció cuando tomó fuerza la orden de desalojo efectivo.