Lagarto Juancho nació de una olla popular en la esquina de uno de los lugares más pobres de José C. Paz durante la hiperinflación de fines de los ’80. Con los años se transformó en uno de los pilares del barrio. Ahora, después de casi veinte años, cerraron sus puertas casi por un absurdo: la falta de alimentos. Lo mismo sucedió en otros 18 centros comunitarios de José C. Paz, en 80 de Quilmes y 16 de Moreno, por nombrar algunos ejemplos. Los comedores estuvieron cerrados en enero y febrero. Y aunque la mayoría ahora está reabriendo sus puertas, el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires y un retraso de las partidas de Nación explican parte de problema, pero no termina de trasformarse en una solución.

“Cerramos porque no tenemos resto –dice Ana Gravina, de José C. Paz–. El verdulero, el carnicero o el que hasta ahora nos fiaban las cosas, te dicen: ‘Bueno, ya está’. Ahora nosotros sentimos que no sólo llegamos a un límite económico, estamos agotados: no tenemos resto, ni económico ni personal porque desde hace seis años nos dicen que esperemos.”

Gravina está sentada al borde de una mesa, como de la vida misma. Ahí se reúnen cada semana los coordinadores de 19 centros comunitarios de José C. Paz, un espacio de la red Encuentro que están distribuidos en Malvinas Argentinas, San Miguel, Moreno, San Fernando y los barrios de la línea del ex Ferrocarril San Martín. La mayoría nació como comedores populares de los embates de las crisis, pero con el tiempo se fueron reformulando para trasformarse en las patas de un Estado en lugares donde el Estado se disolvió. Cuando la época lo pidió, dejaron la “emergencia” para desarrollar sistemas de capacitación para mamás educadoras, espacios de arte para los adolescentes, apoyo escolar o cualquier otra cosa que pudiera devolverles algo parecido a la vida a lugares cada vez más devastados.

En todo momento la comida siguió cumpliendo un rol central. Por los centros pasan tres mil chicos por día para comer un plato de comida principal y una merienda. “Un año y medio atrás empezamos a tener dificultades sostenidas en los proyectos y ahora ya no pudimos esperar –sigue Gravina–-. Sin tener garantizado el funcionamiento básico del comedor, estos centros no pueden funcionar porque no tienen sentido. En 20 años, nos rompimos el lomo para tener edificios, educación, asumimos roles de salud que el Estado no asumía, de la mejor forma, pero ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Que volvamos a pedir donaciones? Las donaciones te las dan en el 2001 y en la hiperinflación, pero ¿sabés cuánto cuesta después que te tiren un paquete de fideos?”

José C. Paz es solo uno de los lugares afectados. El cierre se repitió en varias regiones del conurbano que recibían dinero del gobierno bonaerense y de la Nación. Entre ellos, se cerraron comedores de organizaciones piqueteras como del MST Trabajo y Dignidad, pero también de asociaciones laicas y religiosas como las que están nucleadas en torno de Interredes, un espacio social sin colores políticos en el que confluyen organizaciones y asociaciones civiles como la red de José C. Paz, de La Matanza, la red de Cáritas en San Isidro o Quilmes. La mayoría tiene más de diez años de vida y, por primera vez, muchas suspendieron los comedores y su actividad.

David Benítez es referente de los 80 centros en Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. “Hubo un poco de todo –dice–. Es típico que la rediscusión de los presupuestos que se da anualmente traiga estos problemas, pero el monto de la beca no se actualiza desde hace tiempo y las organizaciones tienen cada vez menos posibilidades de aguantar.”

En los papeles, los comedores no solo tuvieron problemas para pagar los alimentos, sino también para ponerse al día con los sueldos de educadores y asistentes y para cubrir los servicios. Normalmente, el flujo de dinero más importante llega a través de dos vías: el Ministerio de Desarrollo Social de Nación y de Desarrollo Humano de la provincia. Nación suele aportar el dinero de los alimentos y la provincia cubre gastos de funcionamiento. En Nación las partidas se canalizan por el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, que se maneja a través de PNUD y en la provincia, a través de unidades de Desarrollo Integral con módulos de partidas especiales. Nación entrega $1,90 por almuerzo y $1,25 por merienda. La provincia maneja presupuestos que van de 56 a 168 pesos al mes por chico. Las dos intervenciones no son excluyentes, y los aportes pueden cubrir de 20 a 70 por ciento de los gastos.

Según lo que pudo determinar este diario, ambas partidas se retrasaron este año. En la provincia los retrasos precedieron al cambio de gobierno (ver aparte) y en Nación, se dieron por la reglamentación de la Ley de Presupuesto. Según fuentes del ministerio, el presupuesto se aprobó en noviembre pero hasta el 30 de enero no se reglamentó. Hasta entonces Economía no liberó los fondos que recién ahora se estarían destrabando. De las 970 organizaciones sociales con comedores que financia Nación, 610 están en la provincia de Buenos Aires: por lo menos el 20 por ciento de ellas estuvo sin fondos en enero y febrero.

La Nación dice que siempre tiene un bache entre el 15 de enero y el 20 de febrero. En la provincia los atrasos no son extraordinarios. El punto es que ahora las instituciones cerraron temporalmente. Para los responsables fue por esa “falta de resto” pero los técnicos hablan, en cambio, de una paradoja. Indican que los cambios que está generando el impulso continuo y regular de las partidas de Nación permitieron que las organizaciones se olviden de pensar en cómo sostener la comida para desarrollar otras actividades. Y eso generó como contrapartida que pierdan las redes solidarias que antes les permitían nutrir el comedor. ¿Es así? En las organizaciones no lo creen. “La situación es recontracrítica para nosotros –dice ahora Alicia Sambrana, de José C. Paz–. Porque la plata sabés que no te alcanza.”