El jefe de Gobierno porteño reasumió sus funciones en la entidad de la Ribera. Dijo que el dictamen de la Inspección General de Justicia, que retrotrajo la situación a diciembre de 2007, era correcto porque los avales presentados no coincidían con lo estipulado en los estatutos.

En conferencia de prensa, Macri admitió que en estos momentos estaba dedicado a pleno a sus funciones en la Jefaturan de Gobierto, pero que reasumìa en Boca acatando lo dispuesto poe la Inspección General de Justicia.

Sin embargo, Macri afirmó que el dictamen de la Inspección General de Justicia "es correcto", ya que los avales que se habían presentado no concidían con lo estipulado por los estatutos del club.

Asimismo, Macri se comprometió a llamar a "elecciones transparentes" y a "seguir trabajando para que la política no entre al club".

La Inspección General de Justicia había declarado “irregular e ineficaz” a la Comisión Directiva, que encabezaba Pedro Pompilio, desplazándola de sus funciones.

Macri deberá convocar a elecciones dentro de los próximos treinta días, precisando la fecha en que se llevarán a cabo.

Según el Estatuto del club, el plazo máximo para llamar a nuevos comicios es de 90 días, tiempo en el que el Jefe de Gobierno se desempeñará al frente de la institución. De esta forma, el ex mandatario ‘xeneize’ volverá a hacerse cargo del club que presidió durante tres períodos consecutivos: 1996-1999, 2000-2003 y 2004-2007.

La Inspección General de Justicia había declarado el martes "irregular e ineficaz" la proclamación de Pedro Pompilio como presidente de Boca y de su Comisión Directiva, a los que relevó de sus actuales cargos, designando “en forma interina” a la anterior C.D., encabezada por Macri, al frente de la entidad.

La resolución, firmada por la titular de ese organismo, la doctora Déborah Cohen, concluyó que los avales bancarios presentados por Pompilio y el resto de los dirigentes "no cumplen los requisitos estatutarios indispensables para garantizar las obligaciones asumidas por los candidatos de la lista oficializada" e impugnó todas las actuaciones de la Junta Electoral que los aprobó, al considerar que carecía de "imparcialidad".