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Deheza fue detenida por militar en la Juventud Peronista y fue sometida a torturas y vejámenes que se investigan actualmente en un juicio oral y público en la ciudad de Rosario, donde incluso la legisladora debió testificar en calidad de víctima el 30 de noviembre de 2010.

El magistrado otorgó valor a esa medida dictada por el gobierno de facto, a pesar de que la dirigente política hace cuatro años que ejerce un cargo electivo como legisladora provincial del bloque de Encuentro Popular. El magistrado se remitió al Registro Nacional de las Personas donde todavía continuaría figurando el antecedente de la condena que se le impuso a Deheza en el año 1979.

En su resolución, Calvete admitió la precandidatura de Deheza, pero la condicionó a que el Juzgado número 2 de Rosario se expida en torno a la actual situación penal de la legisladora. La diputada provincial calificó de "absurdo" la medida del magistrado y lamentó que "el juez deja planteada esta situación increíble".

"Le acercamos toda la documentación al juez, pero él en la audiencia que tuvimos entiende que, hasta que el juzgado de Rosario no diga que estoy habilitada, esto tiene vigencia", precisó.

La habilitación de su precandidatura, agregó, es una cuestión de "sentido común" porque se trata de "una causa de la dictadura y, aún mirándolo desde otro lado, pasaron 30 años y esto no tiene vigencia".