La organización de derechos humanos señaló: "Si bien el Gobierno nacional sostiene una política de no represión, los jueces, como poder independiente, serán quienes apliquen e interpreten esta ley. Ante la heterogénea composición de la magistratura, integrada en muchos casos por jueces de perfil conservador, no faltará quien la interprete en un sentido negativo".

El abogado de Abuelas Alan Iud se mostró sorprendido ante "un Gobierno que supo pararse ante el FMI ceda ante las presiones de un organismos de menor rango como el GAFI" y reconoció que aunque no tiene conocimiento sobre el impacto económico que podría traer no cumplir con las exigencias del GAFI o la eventual expulsión del G20 "no se debería estar midiendo con esos parámetros cuando mucha gente puede ser enviada a prisión injustamente".

El comunicado de Abuelas también sostiene que los vacíos legales presentes en el proyecto de ley "resultan preocupantes, además, porque en el futuro podría llegar al poder un gobierno conservador, con menor apego al respeto de los derechos humanos, y reprimir la protesta social al amparo de esta ley" y solicita que "el Senado pueda reevaluar este proyecto y discutir estas objeciones".

Antes de que la norma fuera votada en Diputados, el CELS también advirtió que utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.