En este sentido, dijo que sobre el camarista Francisdo de las Carreras hay “un fundado temor de parcialidad”, según la legislación internacional sobre derechos humanos, y acusó al tribunal de protagonizar “un alzamiento contra el Poder Legislativo y pretender extender le medida cautelar” que mantiene frenada la plena vigencia de la Ley de Medios.

“Es imposible que un juez impugnado de tal manera pueda tener el poder de dar un fallo con total independencia ante un Estado que lo ha denunciado penalmente”, concluyó.