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Aun antes del inicio de las clases, el Poder Ejecutivo redujo por decreto el presupuesto universitario. El temprano recorte podó en 57 millones de pesos los 1991 millones que el Congreso les había asignado por ley a las universidades nacionales. Rectores, dirigentes sindicales y legisladores elevaron sus protestas, indignados. Un detalle del decreto irritó especialmente a las autoridades de la mayoría de las 41 instituciones universitarias públicas: el recorte general incluye un desvío de seis millones hacia las arcas de dos universidades del Conurbano bonaerense, ambas conducidas por rectores justicialistas.
Firmado por el presidente Eduardo Duhalde, el decreto de “necesidad y urgencia” 435/03 fue publicado esta semana. Se trata de una modificación del presupuesto de la Administración Pública Nacional, justificada con el argumento de que hace falta “atender gastos destinados a becas, ayudas sociales” a personas y a instituciones sin fines de lucro, crear un seguro materno infantil, aumentar los sueldos del personal dependiente de la Secretaría de Medios, destinar fondos a programas de políticas criminales, la modernización del Estado, el Servicio Penitenciario, los Bomberos Voluntarios, la Gendarmería y, entre otras, la Policía Aeronáutica.
Pese a detallar con cuidado las áreas que (es difícil dudarlo) precisan mayores recursos, el decreto omite cualquier explicación sobre por qué parte de esos fondos deben extraerse de los ya escasos que se destinan a la educación pública. El nuevo recorte se suma al de 140 millones efectuado a fin del año pasado y a una cifra similar que se adeuda en concepto de gastos de funcionamiento.
“Los rectores estamos indignados. No es posible que se siga modificando por decreto una ley de leyes como la de Presupuesto”, dijo a Página/12 el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Ricardo Suárez. “Es un nuevo atentado a las instituciones. Nuevamente se impone el criterio clientelar de la mala política por sobre los intereses de la Nación. Y confirmamos la triste sensación de que la educación muy poco le importa a nuestros gobernantes –apuntó Mario Barletta, rector de la Universidad Nacional del Litoral–. Se burlan derechos adquiridos y se genera una sospecha generalizada sobre los criterios de quienes administran los recursos del pueblo y la nación.”
Para el rector Suárez, “las características de la modificación presupuestaria son sumamente irritativas porque dan a entender que detrás hay una maniobra política. Es un despropósito asignar un incremento del 50 por ciento a los presupuestos de dos universidades, cuando hay muchas otras en situaciones muy desfavorecidas”. Es que el Poder Ejecutivo, sin dar mayores razones en el decreto, consideró necesario aumentar en poco más de tres millones los fondos destinados a las universidades de Tres de Febrero (Untref) y de Lanús.
También salieron protestas desde la Cámara de Diputados, cuya Comisión de Educación Superior aprobó un proyecto para derogar el decreto. “Las modificaciones que introduce el Ejecutivo al presupuesto asignado a la educación no tienen límites”, se quejó Irma Parentella. La diputada del ARI consideró que, “sin desconocer los apremios presupuestarios que sufren todas las universidades nacionales, resulta sospechosa esta decisión que recae en dos universidades conducidas por rectores del mismo signo político que el partido gobernante”. Aníbal Jozami, rector de la Untref, retrucó: “No hubo ninguna intencionalidad política. Da la casualidad que las dos universidades en cuestión son las que tienen los presupuestos más bajos. Son dos instituciones nuevas que necesitan instalaciones e infraestructuras para atender a zonas densamente pobladas y en emergencia social”.
Mientras, la Conadu se declaró en estado de alerta y movilización. La secretaria general del sindicato, Anahí Fernández, opinó que la medida delgobierno es “palmariamente arbitraria y discriminatoria”. Fuentes de la cartera de Educación aseguraron que el decreto se había concretado “sin participación de la Secretaría de Políticas Universitarias”. En estos días continuarán las negociaciones de los universitarios para intentar frenar el primer recorte del año.