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Disconforme con el trámite que sigue la negociación de las tarifas entre Aguas Argentinas y el Gobierno, su accionista principal, el grupo Suez Lyonnaise des Eau, se encargó de recordar ayer desde París que está latente la posibilidad de recurrir a un arbitraje internacional para zanjar el diferendo. Gérard Mestrallet, presidente del citado grupo empresario, manifestó en conferencia de prensa que “estamos decididos a iniciar un procedimiento de arbitraje internacional”, luego de apuntar que por las consecuencias de la situación en Argentina el grupo debió provisionar pérdidas por 500 millones de euros. Aguas presentó una propuesta de aumento del 15 por ciento en las tarifas y un plan de inversiones de 245 millones de pesos, aún sin respuesta de la Comisión Renegociadora de Contratos de Servicios Públicos.
“No parece razonable que los accionistas de Aguas Argentinas se sientan afectados por la pesificación de tarifas”, respondió Ariel Caplan, representante de los usuarios en la mencionada comisión, “cuando ya recuperaron más del 90 por ciento de los aportes de capital por las ganancias extraordinarias de años anteriores y, además, están dadas las condiciones para revocarles el contrato por incumplimientos anteriores a la pesificación”.
Según la advertencia de Mestrallet, Suez podría someter la controversia por las tarifas al arbitraje del Ciadi, entidad que funciona bajo tutela del Banco Mundial y vela por la defensa de las inversiones internacionales. El grupo accionista principal de Aguas ya había informado al gobierno argentino, a mediados del año pasado, su decisión de encuadrarse en el marco del Tratado Bilateral de Protección de Inversiones, para lo cual protocolizó tal resolución ante la Procuración General del Tesoro e inició lo que se denomina “etapa amistosa de conversaciones”. Este es el antecedente inmediato al paso que estaría dispuesto a dar ahora Suez si no logra una resolución satisfactoria al tema de las tarifas.
A requerimiento de la Comisión Renegociadora, Aguas Argentinas presentó un plan de emergencia de dos años, en el que se contemplan su pretensión en materia de ajuste de tarifas y las inversiones previstas en obras. La empresa sugirió un aumento del 15 por ciento en las tarifas y una reducción en la tasa del IVA de 5 puntos. El impacto final para los usuarios –exceptuando a los beneficiarios de tarifa social, que no recibirían aumentos– sería del 10 por ciento. En cuanto a las inversiones, propuso un plan por 245 millones de pesos, de los cuales a esta altura la empresa asegura haber ya ejecutado 100 millones.
Culminado el proceso de consulta pública, la comisión debería reunirse en las próximas semanas para definir una postura: acuerda tarifas y un plan de obras en el marco del contrato vigente o negocia un nuevo marco contractual. “Como representante de los usuarios, voy a pedir la revocación del contrato por incumplimientos de la concesionaria”, manifestó ayer a este diario Ariel Caplan. Y en caso de no prosperar su propuesta (lo que es altamente probable), reclamará:
- Una rebaja en “el abultado componente impositivo de las tarifas”;
- La aplicación de la tarifa social a los sectores de menores recursos;
- Que se garantice un servicio mínimo de provisión de agua “compatible con la supervivencia”, que no podría ser afectado por cortes por falta de pago;
- Que todo ingreso extra derivado de un aumento sea administrado por un fideicomiso en el que participen representantes de los consumidores, para asegurar que se aplique a las inversiones acordadas.
El presidente del grupo Suez lanzó ayer la advertencia sobre el arbitraje durante una conferencia de prensa que brindó tras un encuentro de directores y representantes de los accionistas. En esa oportunidad debió explicar por qué las operaciones del consorcio en Argentina –Aguas Argentinas, Aguas Cordobesas y Aguas de Santa Fe– la obligaron a provisionar pérdidas por 500 millones de euros (unos 450 millones de dólares al cambio actual) este año. Era inevitable, en consecuencia, que Mestrallet emitiera algún pronunciamiento fuerte en defensa de los intereses del grupo con respecto a su situación en este país.
El Ministerio de Economía, cuyo titular preside formalmente la Comisión Renegociadora, está sometido a presiones cruzadas. De un lado, los usuarios, envalentonados por los fallos a favor en la Justicia que hasta ahora impidieron la aplicación de ajustes de tarifa en luz y gas. Del otro, las concesionarias, con respaldo en sus casas matrices y en los gobiernos de los países en los que aquéllas tienen su sede. El Gobierno está en absoluta debilidad como para imponer una solución propia y todo hace suponer que le dejará a su sucesor, como herencia, un conflicto abierto.