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El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, como el resto de los acusados por la masacre de Margarita Belén, llevada a cabo en el Chaco el 13 de diciembre de 1976, puede ser enjuiciado penalmente. El juez federal Carlos Skidelsky declaró ayer en esa causa la invalidez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. “Las dos leyes del olvido vinieron a aumentar el oprobio que sufría la sociedad argentina”, afirmó el magistrado en el fallo que firmó a última hora. El magistrado no ordenó la detención de ninguno de los acusados ya que espera que la Cámara Federal de Rosario ratifique su competencia.
“La tragedia causada por la sistemática violación de los derechos humanos –orquestada y ejecutada por la dictadura militar, con sus prácticas perversas–, degradante del género humano, fueron entre otras cosas la continuidad de un gran designio hegemónico de proyección continental”, aseguró Skidelsky en su resolución.
El magistrado consideró que “nadie puede ignorar que la existencia de miles de personas desaparecidas son la consecuencia más grave que nos dejó la dictadura militar” y que “este hecho, por su gravedad dejó de ser un problema privado, dejó de reducirse a una mera situación judicial que enfrenta a familiares afectados con militares o personal de seguridad como imputados, pues este hecho se origina en una política de Estado –a la cual se ha denominado terrorismo de Estado– y las consecuencias por supuesto no sólo afectan a las víctimas sino al conjunto de la sociedad y por lo tanto requieren una respuesta social, pública y política”.
Esta causa fue iniciada por el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, y contó con el apoyo de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). En la presentación se solicitó la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y la citación a indagatoria de los acusados, entre ellos, del jefe del Ejército, quien en el momento de la masacre era secretario de Gobernación del Chaco. El organismo de derechos humanos señaló que los asesinatos perpetrados en Margarita Belén constituían “actos de genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” y como tales eran “imprescriptibles” e “inadmistiables”.
El abogado de HIJOS Chaco, Mario Bosch, consideró que “se ha dado un importante paso hacia el efectivo juicio y castigo, que es en realidad el objetivo de nuestra lucha, ya que la obligación de la Justicia es perseguir y castigar a los violadores de derechos humanos y los genocidas y a partir de este momento no existe obstáculo legal que impida su detención y juzgamiento”. Renzo Osuna, miembro fundador de la agrupación, fue más crítico con la actitud del juez. “Entendemos que esto es importante pero lo que no termino de entender es que, no habiendo nada que lo impida y estando perfectamente identificados los autores, por qué se demoran las detenciones. Nuestra lucha no es abstracta sino que persigue el efectivo juicio y castigo a todos los responsables”, afirmó.
En la noche del 12 de diciembre de 1976 la guardia llamó a algunos presos y les indicó que se prepararan para un futuro traslado. Luego fueron convocados en forma individual, pero esta vez para ser torturados en el comedor de la alcaidía policial. Al abandonar el lugar, los autos se dirigieron por la Ruta 11 en dirección a Formosa. En un camino lateral, a las 4.30 de la madrugada, 22 detenidos fueron ejecutados. Estaban fuertemente maniatados y físicamente debilitados a raíz de la tortura. Así fue llevada a cabo la masacre de Margarita Belén, que se pretendió encubrir bajo la figura de un “enfrentamiento con delincuentes subversivos”.
La masacre del 13 de diciembre de 1976 fue tenida en cuenta por la Cámara Federal para condenar a los ex comandantes. En la causa 13 se probó que el fusilamiento “se produjo como consecuencia de las Fuerzas Armadas o de seguridad encargadas de su custodia”. Además, un par de días antes de la ejecución de los detenidos, el interventor del Chaco, junto a otrosoficiales, sobrevoló en un helicóptero oficial la zona donde se produjo la masacre y que “días antes del hecho, el capitán Chenone ordenó al personal del cementerio municipal cavar varias fosas”.
Entre los autores materiales de los asesinatos figuran los tenientes Alberto Martínez Segon y Luis Pateta, del grupo de Artillería 7; los capitanes Toso y Carnero, del destacamento de Inteligencia 124 y los policías Gabino Manader y Cardozo. Como autores mediatos o instigadores fueron señalados, entre otros, el general Cristino Nicolaides, entonces comandante de la VII Brigada, el ex interventor, el general Antonio Facundo Serrano, el ex ministro de Gobierno José Zucconi, y Brinzoni.
También fueron imputados los integrantes del Poder Judicial que se presentaron en el lugar de la masacre con el fin de darle apariencia de legalidad al procedimiento.