El Senado dio media sanción a un proyecto de ley que busca regular la instalación y el funcionamiento de las universidades extranjeras dentro del país. Según la autora del proyecto, la senadora del FpV Blanca Osuna, la norma propone, ante todo, reforzar la noción del conocimiento como “bien público” y la educación como un “derecho personal y social”, reafirmando así su carácter de “bien no transable”. En diálogo con Página/12, Osuna, legisladora por Entre Ríos, explicó: “Hay que asumir el valor estratégico de la educación superior. No podemos tener una mirada ingenua, hay que asumir que se ha transformado en un gran negocio y, ante esto, tomar una posición”. El proyecto de ley aguarda ahora su análisis en la Cámara de Diputados.

Los puntos centrales que establece la propuesta aprobada en la sesión del miércoles pasado son los siguientes:

- Las instituciones universitarias extranjeras que aspiren a conformarse en carácter de universidades privadas en la Argentina deberán constituirse como entidades sin fines de lucro, obteniendo personería jurídica como asociación civil o fundación.

- Quienes integren el órgano de gobierno y administración de la fundación o asociación civil deberán ser argentinos nativos o nacionalizados con al menos cuatro años de antigüedad, en una proporción no inferior al 75 por ciento de sus miembros.

- Las universidades extranjeras deberán explicitar en su proyecto institucional el reconocimiento de la educación como un bien público y como un derecho personal y social.

- Estas casas de estudios no podrán acceder a subsidio alguno otorgado por el Estado nacional para el desarrollo de su proyecto institucional.

- Se otorga el plazo de un año a partir de la sanción de la norma, para que las universidades extranjeras ya autorizadas a funcionar en el país den cumplimiento de los requerimientos que se fijan aquí.

Aunque la transnacionalización de las universidades es un proceso creciente en el mundo, por el momento en el país sólo tiene sede con autorización oficial la Universidad de Bologna. Más habitual es la modalidad de doble titulación con universidades extranjeras, a través de convenios con instituciones locales.

“Nuestra materia pendiente es reformar la actual Ley de Educación Superior (LES) –dijo Osuna a este diario–. Hemos hecho foros y encuentros que han avanzado en este sentido, y este año hubiera sido ideal para coronar este trabajo, pero por razones entendibles –las elecciones nacionales– no podrá ser.” En ese marco, los senadores del FpV impulsaron este proyecto como una norma anticipatoria a la esperada reforma de la LES. “Incorpora avances fundamentales en cuanto al rol regular del Estado en materia de educación superior, cuestión que la LES vigente no establece, y se fundamenta en los principios que fijó la Ley de Educación Nacional (sancionada en 2006), como el concepto de bien no transable”, argumentó Osuna.

La senadora recordó también los debates internacionales sobre educación superior desarrollados en Cartagena de Indias, Colombia, en 2008, y en París, Francia, en 2009, donde ya aparecía la discusión sobre la “internacionalización” de la educación. “No es aceptable la pretensión de declarar a la educación superior como un bien público global. Esto va abriendo puertas que, si no adoptamos una posición, pueden llevarnos a cualquier lado –advirtió–. Debemos reconocer su valor estratégico, debemos asumir que la educación superior se ha transformado en un gran negocio.” La norma propuesta aspira a regular ese negocio, a evitar miradas ingenuas para “no caer en la transnacionalización de la educación”.

“Esto no implica negarles el ejercicio de la enseñanza universitaria a instituciones extranjeras en nuestro país”, aclaró Osuna, para luego agregar: “Lo que se busca, en cambio, es establecer criterios que protejan los valores ya acordados por nuestra sociedad, y fijar pautas que garanticen que dichas instituciones tienen la intención de establecer un plan de mediano y largo plazo, en alianza con nuestras universidades”.

Consultada por las posibilidades del proyecto en Diputados, Osuna opinó: “No creo que haya mayores inconvenientes en cuanto al espíritu de la norma; el mayor problema, teniendo en cuenta el año electoral, es el tiempo”.

Informe: Agustín Saavedra.