[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

La demanda de algunos conspicuos miembros de la dictadura, procesados y condenados por crímenes de lesa humanidad, de inscripción en distintas carreras del Programa UBA XXII (Universidad en Cárceles), coloca a la universidad en una grave disyuntiva.

La situación genera una gran indignación y violencia moral. La comunidad universitaria, y de manera particular la UBA, ha sido una víctima especial del terrorismo de Estado. Quizá sea por la condición mayoritariamente juvenil de sus integrantes, cuando los represores habían transformado esa condición en delito y sinónimo de “subversión”, en la universidad se reprimió con un especial ensañamiento. Así se ejercieron todas las formas de la persecución: desaparecidos, torturados, presos, exiliados. También hubo violencia institucional con el cierre e intervención de carreras y facultades.

Los mismos que ejercieron una violencia brutal e ilegal mediante métodos inhumanos hoy pretenden estudiar en esa universidad que avasallaron y, en muchos casos, con los mismas docentes que ayer persiguieron y vejaron. Esta situación ha generado distintas formas de rechazo, que incluye la negativa a dictar clases y todo tipo de pronunciamientos de profesores y estudiantes de distintas facultades y que cuenta con el apoyo de distintos organismos de derechos humanos.

Las excepcionales condiciones de los procesados y condenados por delitos que lesionan la condición humana justifican que la UBA, en base a su estatuto, que establece condiciones de admisibilidad a la universidad, rechace el ingreso en sus aulas de quienes están inhabilitados moralmente para estudiar en esa casa de estudios por estar incursos en este tipo de delitos. Que personas inculpadas en otro tipo de delitos, muchas veces graves, sean aceptadas en la universidad no justifica la incondicionalidad frente a cualquier situación. El uso de la autonomía permite fijar cuáles son los límites morales y políticos a los cuales la institución está dispuesta a llegar.

Por otro lado, la igualación y comparación de los delitos ordinarios con los de lesa humanidad soslayan algunas premisas básicas del Programa UBA XXII. El Programa surgió para garantizar los derechos de la población penal privada del derecho al estudio superior. Población mayoritariamente joven y pobre. La UBA tuvo con esta política el objetivo de garantizar el derecho al estudio como forma de atacar una de las causas fundamentales de la reproducción de la pobreza y la marginación: la dificultad para acceder a los bienes culturales y educativos.

El Programa nunca tuvo como población objetivo a los integrantes de las fuerzas de seguridad detenidos, más allá de la actual controversia con los genocidas presos. Y ello porque las fuerzas de seguridad tienen institutos para garantizar el derecho a la educación.

La comparación de los delitos ordinarios con los delitos de lesa humanidad es un intento de igualación por abajo en base a los valores más degradados de la sociedad, que son los de los autores de los crímenes de lesa humanidad. En la propia cárcel se reconocen las diferencias existentes. La cárcel tiene regímenes formalmente diferenciados para presos acusados de delitos con fuerte rechazo social: violaciones, filicidios, por ejemplo. Los miembros de las fuerzas de seguridad presos no conviven con los presos ordinarios y los propios presos por causas de lesa humanidad tienen un régimen diferenciado. La universidad históricamente ha dictado clases en los ámbitos ordinarios para quienes podían acceder a esos ámbitos sin ningún régimen de excepción.

Esta situación es una herencia demasiado pesada para una institución con una tradición humanista y universalista que ha formado distintas generaciones de argentinos, inculcando valores y principios dignos y que ha sido una víctima predilecta del terrorismo de Estado. No se pretende rechazar a militares, se rechaza a criminales. Se rechaza a personas que rompieron con la moral que la República pregonaba. Quizá convenga recordar a Walter Benjamin cuando escribió que la memoria abre expedientes que el derecho y la historia dan por cancelados.

* Coordinador de Sociología en el Programa UBA XXII.