Desde que comenzó el conflicto entre el Gobierno e YPF, cada vez que Cristina Fernández de Kirchner está por dar un discurso recrudecen los rumores sobre el anuncio de un desembarco oficial en la compañía. La declaración que el martes formuló el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, anticipando que estaba en estudio convertir a la petrolera en una empresa mixta, y la audiencia de la Presidenta con los gobernadores petroleros incrementaron la expectativa. Pero lo que terminó generando aún más atención fue la difusión de un proyecto de expropiación de la firma que algunos medios de comunicación atribuyeron al oficialismo. Informaron que el Ejecutivo lo había enviado al Congreso después del mediodía, pese a que no tenía firma, membrete ni sello y nunca ingresó por la Mesa de Entradas. Finalmente, la Presidenta ni siquiera mencionó a YPF en su discurso y el suspenso sobre el futuro de la compañía continúa.

Pese a que el Gobierno, tal como informó Página/12 ayer, había dejado trascender que no habría anuncios relevantes sobre YPF luego de la audiencia de Cristina Fernández de Kirchner con los gobernadores de las provincias petroleras, varios analistas dieron por hecho desde temprano que sería una jornada de definiciones. Pasado el mediodía esa especulación pareció confirmarse cuando Radio Mitre informó que el Ejecutivo había enviado al Congreso un proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujetas a expropiación el 50,01 por ciento de las acciones clase D de la empresa YPF. Además, se informó que un Tribunal de Tasaciones de la Nación sería el encargado de valuar los activos a expropiar, con la colaboración de la Secretaría de Energía.

La versión circuló rápido por las redes sociales y a los pocos minutos el portal del diario Clarín y la agencia de noticias DyN, todos medios del mismo grupo, dieron más detalles sobre la supuesta iniciativa oficial, amplificando aún más su difusión. Luego la “noticia” fue retomada por otros medios nacionales y extranjeros, pese a que ninguna fuente oficial había confirmado la veracidad de la información y en la Mesa de Entradas del Congreso negaban que hubiese ingresado. Ni siquiera pareció haber llamado la atención el hecho de que el proyecto, de 62 artículos, no tuviese membrete, sello o la firma de ningún funcionario.

El ex subsecretario de Combustibles Gustavo Calleja salió rápidamente por Radio Mitre a dar su opinión sobre la iniciativa y luego se sumaron varios referentes de la oposición. El dirigente radical, Ernesto Sanz, por ejemplo, escribió un tweet criticando el proyecto. “¿Incoherencia o corrupción? En un rato anuncian la estatización de YPF”, afirmó.

La versión recién comenzó a perder fuerza con el paso de las horas porque en el Congreso seguían negando que hubiese ingresado ese proyecto. Además, fuentes oficiales desmintieron en off the record que ésa fuese la iniciativa del Ejecutivo. Para relativizar el anuncio, varios medios comenzaron a referirse al hecho con términos potenciales. Por ejemplo, la agencia DyN primero emitió un cable titulado “Cuáles son las acciones de clase D que se declaran sujetas a expropiación” y más tarde mandó otro cable donde cambió “declaran” por “declararían”. Luego fue más allá y responsabilizó a la oposición. “La oposición hizo circular durante toda la jornada un proyecto sobre YPF que atribuía al Gobierno”, fue el título que eligió DyN para un cable enviado después de las 20, en el que buscó eludir su responsabilidad, pese a que fue esa misma agencia la que le había atribuido el proyecto al Gobierno sin hacer referencia a la fuente de la información. “Diputados del FAP, el radicalismo y la Coalición Cívica contaban con el texto de la norma que, según indicaron a DyN, había sido distribuido por la presidencia de la Cámara, lo que fue negado por voceros del cuerpo”, afirmaron en el desopilante cable donde también dieron lugar a versiones que atribuyeron la difusión del proyecto a “una operación de Repsol”. Más tarde difundieron otro cable donde le apuntaron al legislador del GEN Gerardo Milman porque supuestamente había enviado un tweet confirmando el ingreso del proyecto al Congreso.