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Después de las veinte amonestaciones para nueve alumnos que participaron de la toma del Colegio Nacional de Buenos Aires, las autoridades de la escuela dependiente de la UBA analizan ahora sancionar a estudiantes que habrían ingresado al bar y habrían provocado destrozos, también durante la ocupación del mes pasado. Las sanciones se basan en imágenes tomadas por una cámara de vigilancia, cuya presencia en el colegio genera controversia. “Estamos en contra de que haya cámaras”, advirtió un dirigente del centro de estudiantes. Consultado por este diario, el rector Gustavo Zorzoli aseguró que “no hay cámaras que filmen a menores de edad en el colegio”, sino que “la cámara que filmó a los alumnos está en una oficina del concesionario del bar”, donde “de ninguna manera circulan alumnos”.

Ayer el Consejo de Convivencia del colegio ratificó las veinte amonestaciones aplicadas a nueve estudiantes por armar “barricadas” e impedir el ingreso de autoridades durante la toma. Varios de esos alumnos están ahora al borde de quedar libres. “Decimos que las sanciones no son puestas por hacer cordones humanos, sino que son dirigidas a militantes para que tengan miedo de seguir participando del centro de estudiantes –se quejó Tomás Andrade, vocal del centro de estudiantes–. Le recriminamos al colegio que se haya ocupado más de buscar a los chicos que estuvieron en los cordones que en buscar a los chicos que rompieron cosas o que robaron.”

Los alumnos “estamos en contra de que haya cámaras en el colegio”, agregó Andrade: “El concesionario privado es una persona ajena a la escuela y no nos parece correcto que tenga cámaras, aunque hasta ahora nadie sabe dónde están”. De todas formas, remarcó que “no estamos a favor de quienes robaron y rompieron el bar. No se puede destruir al colegio al mismo tiempo que se reclama por educación pública”.

En las imágenes registradas por esa controvertida cámara se basa la segunda tanda de sanciones que analizan las autoridades del Nacional: “Apenas se hicieron públicas esas imágenes, lamentablemente, pasamos a analizar la sanción para esos chicos también. Pero es un segundo momento, y es por una cuestión diferente a los nueve chicos ya sancionados. Son otras circunstancias y otros hechos”, dijo Zorzoli.

De todos modos, el rector aclaró que “no hay cámaras que filmen a menores de edad en el colegio, la cámara que filmó a los alumnos está en una oficina del concesionario del bar, detrás de la cocina, donde se guarda el dinero”, y por donde no pasarían los estudiantes. Además, Zorzoli calificó como una “barbaridad” que se hayan difundido imágenes de menores de edad sin pixelar los rostros: “Más allá de dónde se haya conseguido (el video), porque claramente no salió del colegio, el hecho es una transgresión a la ley y los padres ya iniciaron acciones legales”.

Mientras, en el colegio continúa el debate por las denuncias estudiantiles contra el vicerrector Agustín Zbar. “Nos tiene muy preocupados –dijo Andrade–. Nuestro pedido es que el Consejo de Convivencia solicite al rector sacar de sus funciones a Zbar. Tiene varios cargos incompatibles entre sí (es funcionario en la Auditoría General de la Nación), tiene causas abiertas y agredió a cuatro chicos cuando estaba comenzando la toma”, aseguró el dirigente estudiantil. “Si nos acusan de violentos por hacer una toma, pedimos que como medida ejemplar lo saquen de su cargo para que efectivamente no ocurran hechos de violencia en el colegio.”

Zorzoli ratificó la denuncia de los alumnos: “Hay una presentación que hacen los chicos respecto de que supuestamente (Zbar) hubiera tenido una actitud violenta el 11 de julio pasado. A efectos de deslindar cualquier responsabilidad, elevamos la nota a la Secretaría General de la UBA, de la cual depende la dirección de sumarios y legales, ellos tendrán que evaluar” la veracidad de la acusación. También se le endilga a Zbar cumplir cargos incompatibles entre sí: “Lo que me plantea el vicerrector es que su cargo en la AGN no es incompatible con su función en el colegio”, manifestó Zorzoli. No obstante, “y para esclarecer cualquier duda”, el rector elevó un pedido de informes a la AGN. “Las dos funciones están informadas en la declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción, por lo que tengo que presumir en principio que no hay incompatibilidad”, dijo.

Informe: Agustín Saavedra.