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“El presupuesto participativo es la manera de consolidar el funcionamiento democrático en las universidades nacionales”, dijo a Página/12, Pedro Sánchez Izquierdo, secretario general de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). La UNL fue la primera universidad nacional en destinar parte de su presupuesto a proyectos consensuados por la comunidad académica. Existen, además, otras dos experiencias en casas de estudios argentinas: la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), que comenzará a implementar el presupuesto participativo este año, y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario, que es el primer caso a nivel facultad. “Lo que abre como posibilidad el presupuesto participativo no es sólo la resolución de un problema, sino también el aprendizaje de la magnitud de la cosa pública”, planteó Gustavo Ruggiero, de la UNGS.

El presupuesto participativo surgió entre los gobiernos municipales (su debut se registró en 1989 en San Pablo, Brasil), básicamente, como una forma de asignación de recursos decidida en forma directa por la ciudadanía, profundizando la experiencia democrática y transparentando el destino de los fondos públicos. En las universidades nacionales, la iniciativa es novedosa y aún incipiente. La mayoría de las casas de estudio del país destinan cerca del 90 por ciento de su presupuesto –asignado por el Estado nacional– al pago de salarios. Es decir que sólo les queda definir el destino de un 10 por ciento de los fondos.

“La universidad busca el involucramiento en la gestión de toda la comunidad para que opine y participe. El uso de esta herramienta genera ideas que llevan a la discusión de nuevas acciones, para que los miembros de la comunidad universitaria se sientan más cerca de la toma de decisiones. Es un elemento democratizante en las gestiones universitarias”, agregó Sánchez Izquierdo.

La UNL es la pionera en aplicar el presupuesto participativo (PP). En 2010, el Consejo Superior aprobó que el 10 por ciento del presupuesto destinado a las áreas de Cultura, Bienestar universitario y Extensión sea utilizado para llevar a cabo propuestas definidas y votadas por los representantes del claustro estudiantil, después de realizar jornadas de discusión con todos los alumnos. Las propuestas aprobadas ese año fueron: aumentar el número de becas y crear un subprograma destinado a estudiantes en situación de marginalidad y a pueblos originarios; la realización de recitales; jornadas para enfrentar la dificultad de conseguir el primer empleo. En 2011 se llevó a cabo la segunda experiencia: se destinaron 372 mil pesos para el PP y participaron de los foros de discusión cerca de 1100 estudiantes, un 35 por ciento más que el año previo. Para este año, el monto asignado a la iniciativa suma 800 mil pesos, ya que las autoridades de la UNL decidieron unificar los presupuestos de 2012 y 2013. A diferencia de los dos años anteriores, en donde los proyectos fueron orientados sólo para los estudiantes, este año serán transversales y consensuados entre los cuatro claustros que conforman las facultades: docentes, estudiantes, graduados y no docentes.

Según el secretario general de la UNL, la aplicación del PP en el ámbito académico “permite abordar temas que no se podrían financiar de otra manera”. Para el período 2012-2013, en el Litoral se va a trabajar sobre dos grandes líneas: el bienestar de la comunidad y la infraestructura. “Es un orgullo ser la primera universidad que ha asumido el desafío de usar esta herramienta, pero ello nos lleva al compromiso de no quedarnos en la herramienta y avanzar con el objetivo de construir instituciones más participativas, que es el modo de fortalecer la democracia”, concluyó.

La Universidad de General Sarmiento (UNGS) está pronta a implementar el presupuesto participativo y debatir de esa manera el uso de parte de sus fondos. La iniciativa ya fue aprobada por el Consejo Superior de la institución, y en agosto comenzará a implementarse. En este caso, los proyectos a desarrollar serán discutidos y luego definidos por el voto del conjunto de la comunidad académica (por sufragio ponderado, cada claustro pesará un 25 por ciento: profesores e investigadores, estudiantes, graduados y personal técnico administrativo). El monto destinado este año al PP será de 350 mil pesos.

“Lo que abre como posibilidad la herramienta del PP no es sólo la resolución de un problema, sino también el aprendizaje de la magnitud de la cosa pública en la propia universidad y la necesidad de abordar de manera compleja la solución de los problemas”, explicó a este diario Gustavo Ru-ggiero, secretario general de la UNGS. “Con esta herramienta se puede llegar a temas que no tendrían otra fuente de financiamiento. Los programas de infraestructura, acciones para la comunidad, deportes, cultura y bienestar son temas que se pueden abordar con este dispositivo”, consideró. “Es evidente que hay un conjunto de demandas tanto internas como externas que van presionando para que empiece a cambiar la fisonomía universitaria”, señaló sobre la incorporación del PP en las universidades.

El tercer caso de PP entre las instituciones de educación superior se registra en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Rosario desde 2010. Según autoridades de la facultad, “el objetivo principal es articular diversas acciones tendientes a favorecer la transparencia en la ejecución del presupuesto de la facultad”. Como en la UNGS, el PP se desarrolla en etapas: diagnóstico de problemas, diseño de proyectos y, finalmente, la votación. En la primera edición participaron cerca de 500 personas, entre docentes, no docentes y estudiantes; mientras que en 2012 fueron más de 600. Para este año se espera una mayor participación.

Informe: Federico Funes.