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Los docentes universitarios se encaminan a tener, por primera vez, un convenio colectivo de trabajo, luego de años de debate entre los gremios, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Va a dar un marco de estabilidad laboral” y terminará “con uno de los problemas más serios, la gran cantidad de docentes interinos”, aseguraron desde las federaciones gremiales. En la recta final, sólo falta que el texto sea publicado en el Boletín Oficial para tener plena vigencia. Se trata, según los sindicatos, de un “hecho histórico”, pero que aún será de difícil implementación debido a la colisión que el texto puede tener con los estatutos de algunas universidades y la autonomía que pueden esgrimir las instituciones como argumento para no adherir. La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande del país y la que tiene mayor cantidad de docentes, se retiró de la negociación “por diferencias” y no aplicará el convenio.

El nuevo convenio delimita categorías para el personal docente, la dedicación y las funciones a cumplir. Uno de los capítulos más valorados por los gremios es el que introduce la carrera docente. “El convenio establece un piso de derechos y mejoras de seguridad laboral para todas las universidades. Va a dar un marco de estabilidad laboral para todos los docentes y terminará con uno de los problemas más serios: la gran cantidad de docentes interinos”, puntualizó el secretario general de la federación gremial Fedun, Daniel Ricci. La titular de Conadu Histórica, Rita Villegas, coincidió en que “es una conquista histórica para toda la docencia universitaria. Marca una bisagra porque es un piso de derechos sumamente importante”.

El acceso a la carrera docente, señala el convenio, será “por concurso público y abierto de antecedentes y oposición, con jurados integrados por pares ordinarios o regulares”. La permanencia en el cargo quedará sujeta a un mecanismo de evaluación periódica que cada institución establezca, que se realizará cada cuatro años (o un tiempo mayor si la universidad así lo determina) y para el que los gremios podrán designar un veedor. Si el docente evaluado recibe dos devoluciones negativas como mínimo, el cargo será llamado a concurso público.

Respecto de los docentes interinos (contratados), ya la ley vigente desde 1995 “establece un máximo de dos años en esa condición, pero hay docentes interinos con 16 años”, remarcó Pedro Sanllorenti, secretario general de Conadu. Un capítulo del convenio resuelve esta cuestión: quienes están hace más de cinco años en ese estado deben tener garantizado el cargo y, aunque no se especifica cómo, las universidades tienen que encontrar el mecanismo para pasarlos a planta. “Hay que acordarlo en una paritaria, pero la estabilidad está”, destacó Sanllorenti. En tanto, aquellos docentes que lleven entre dos y cinco años pueden permanecer en esa situación hasta el llamado a concurso.

El convenio colectivo prevé también un programa de recomposición salarial por fuera del acuerdo paritario de un 5 por ciento anual por cinco años. “Aspiramos a tener un avance como el que tuvo el personal no docente y a que nuestro salario alcance el mayor nivel real desde la recuperación de la democracia”, afirmó Sanllorenti.

Casi al final de la negociación, la UBA decidió retirarse, argumentando que la Ley de Educación Superior sólo se aplica parcialmente en la institución, gracias a una decisión judicial. Fue a través de una nota enviada por el anterior rector de la universidad, Ruben Hallu, que quitó al CIN la representación legal para firmar el convenio en nombre de la UBA.

Desde los gremios acusan a la mayor institución universitaria del país de no aceptar la estabilidad planteada por la noción de carrera docente y de oponerse a la reglamentación sobre los profesores interinos, dada la cantidad de contratados que existe en las distintas unidades académicas. En el Ciclo Básico Común, según Sanllorenti, hay unos nueve mil trabajadores en esa condición.

El secretario general de la UBA, Juan Pablo Mas Vélez, aseguró a este diario que “se acordó una serie de puntos vinculados con el ingreso a la carrera docente que, una vez evaluados, se vio que entraban en conflicto con el estatuto de la universidad”. “La UBA comparte las paritarias como el mecanismo para definir las condiciones de trabajo, pero el CIN recorrió un camino al que no fue posible suscribir”, señaló. Mas Vélez también dijo que se está dialogando con los gremios docentes para encarar una “agenda de trabajo similar”. Para el funcionario del rectorado, se trata del camino “más práctico” porque, de encontrar en el convenio “algún punto que no respete el estatuto, iba a ser un gran problema operarlo dentro de la UBA”.

El resto de las universidades continuó con su representación a través del CIN. Algunas presentaron “reservas estatutarias”, para advertir que no aplicarán el convenio en casos donde haya incompatibilidades con lo que dicen sus estatutos. Pero se trata de un punto que, para el secretario general de Conadu, habrá que procesar una vez que la normativa aparezca en el Boletín Oficial. “Cuando hicimos la rectificación del convenio, todas las federaciones gremiales dijimos que acordamos con el convenio, no con las reservas. Esa pretensión no forma parte del convenio”, señaló el titular de Conadu. Para Ricci, “hay que hacer un análisis” de todas esas reservas, “algunas no colisionan y no corresponderían”, sostuvo. “Más allá de las reservas que hayan hecho algunos rectores, el convenio es de aplicación nacional y ningún estatuto puede ser superior a los derechos laborales”, apuntó Villegas.

Ante el plenario de rectores del CIN, la semana pasada, Fedun propuso discutir un plazo –en principio, sugirió dos años– “para que las universidades con reservas estatutarias convoquen a asambleas y adapten sus estatutos para que tenga perfecta vigencia el convenio”.

Informe: Aldana Vales.