Organizaciones de mujeres reclamaron ayer frente al Hospital San Martín de La Plata la realización de un aborto no punible a una joven de 18 años que cursa un embarazo de un feto con malformaciones graves, que serían incompatibles con la vida, según le diagnosticaron. “Hace cuatro semanas que está deambulando de un hospital a otro sin que le den una respuesta favorable. Ella quiere interrumpir esa gestación. La continuidad del embarazo pone en riesgo su salud psíquica, que es parte de su salud. La están sometiendo a torturas psicológicas”, denunció Sandra Fernández, de la colectiva Las Azucenas, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que acompaña a la joven y a sus padres, en la demanda de la atención del aborto no punible.

El cuadro clínico se lo diagnosticaron en la semana 14 de gestación en el hospital de Gonnet, en un control periódico, con una ecografía, contó Florencia Maffeo, también activista de la Campaña. Ya cursa la semana 18. “Tiene hidropesía fetal y fibromas quísticos preexistentes. Le dijeron que las posibilidades de vida son muy bajas y para eso se debe someter a un tratamiento muy invasivo, con transfusiones intrauterinas, que están disponibles en muy pocos hospitales”, detalló. Frente a este diagnóstico tan poco alentador la joven decidió interrumpir el embarazo amparada en la causal de salud del artículo 86 del Código Penal por la gran angustia y depresión que se genera en torno de esta situación.

La joven vive en La Plata. Y en esta difícil circunstancia está acompañada por su pareja, su mamá y su papá, señaló la abogada. Tras recibir la negativa para interrumpir la gestación primero en el hospital de Gonnet, fueron a pedir la práctica al Hospital San Martín, el mismo que en el año 2006 se negó a realizar un aborto no punible a LMR, una adolescente con discapacidad mental que había sido violada por un tío, un caso que tuvo trascendencia internacional y que significó una condena al Estado argentino de parte del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El organismo de la ONU ordenó en 2011 al Estado argentino tomar medidas para garantizar que no se repitan violaciones a los derechos de las mujeres similares en el futuro. El mismo CDH, en una demanda contra Perú, conocida como KL, definió que obligar a una mujer a continuar con un embarazo inviable es tortura.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito denunciamos un nuevo atropello de derechos por parte de la provincia de Buenos Aires contra las mujeres que solicitan acceder a un aborto no punible”, señalaron referentes de la articulación que reúne a más de trescientas organizaciones de mujeres, de derechos humanos, gremiales, académicas de todo el país, que se movilizaron ayer frente al Hospital San Martín. “Sabemos que si la familia tuviera dinero para pagar un aborto clandestino, el tema se resolvería sin que trascendiera. Pero por lo avanzado del embarazo necesita además que se haga en un hospital para garantizar una práctica segura”, indicó Fernández.

En abril le negaron un aborto no punible en otro hospital bonaerense, el Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, a una chica de 13 años. El caso puso en evidencia las trabas arbitrarias que todavía se imponen en algunos centros de salud de la provincia, a pesar de que existen protocolos de atención, para impedir el acceso a una práctica legal. La adolescente había resultado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los que la sometía su padrastro, que fue denunciado y quedó preso. Finalmente pudo interrumpir la gestación con medicamentos en un consultorio privado y su atención concluyó en un hospital público fuera del ámbito de la provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento de organizaciones de mujeres de la zona, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Uno de los argumentos que esgrimieron en el hospital de Moreno fue que estaba muy avanzado el embarazo, que rondaba las 23 semanas. Sin embargo, reconocidos médicos obstetras como José Belizán, investigador superior del Conicet, y Fernando Althabe, profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la UBA, descalificaron los dichos de Mariana Dunayevich, directora asociada de dicho hospital, y advirtieron que no tenían basamento científico. Ambos especialistas, pertenecientes al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, dieron amplios argumentos –basados en evidencia científica– de que se le podía ofrecer el aborto inducido seguro a la chica, en el segundo trimestre de gestación, y con ello prevenir futuras complicaciones de continuar su embarazo. Es decir, indicaron que más riesgoso que la interrupción era seguirlo hasta llevarlo a término, por ser una niña la gestante.