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Por Javier Hermo *

En la universidad pública, plantear el problema “formal” de la democracia sobre quiénes y cómo votan en las elecciones de autoridades no es democratizar, a menos que se busque resolver el problema “sustancial” de la democracia: quiénes se incluyen en ella y cómo mejora su situación con su participación. Por otra parte, no se debe atribuir a los miembros de la universidad el concepto habitual de “soberanía popular” propio de los ciudadanos de una república. Porque las universidades no pertenecen a sus miembros sino al conjunto de la sociedad. No son tampoco los integrantes de sus claustros los únicos que tienen interés y esperan beneficios de la gestión universitaria. Por tanto, el sistema de elección no será más democrático per se sino en la medida en que asegure las condiciones democráticas de gestión del conocimiento que la sociedad necesita de la universidad pública.
Estamos de acuerdo en que es necesario reformar el estatuto de la UBA e impulsar la elección directa de la mayoría de los cargos unipersonales (rector y decanos, en particular), así como reformar los claustros para incluir al conjunto de los docentes en el concepto de profesores. Pero sabemos que sólo eso no garantiza mayor democracia. No sin impulsar una profunda reforma para impedir que continúe el paulatino languidecimiento de la universidad, atendiendo a su mejoramiento académico tanto como a que surjan de ella propuestas válidas para la reconstrucción del país, vinculando e integrando sociedad y universidad como parte de la misma.
En particular, la reforma a las juntas de carrera en la Facultad de Ciencias Sociales devalúa a los profesores concursados, quienes constituyen el principal núcleo de la enseñanza e investigación. Se finge ignorar que la solución tiene que provenir de que haya más concursos, sin resignarse a la precariedad permanente. En esa lucha encontrarán apoyo de toda la comunidad universitaria. No debemos olvidar que el origen de las “elecciones directas” no es otro que el conflicto de la toma del Rectorado en el 2002. Detrás de reivindicaciones inobjetables (edificio único), se pretendía legalizar que, después de realizadas las elecciones y conocidos los resultados, los sectores que fueron derrotados en ellas decidieron ignorarlas promoviendo otro sistema electoral. Son quienes hoy propugnan la utilización de listas “sábana”, compitiendo con lo más rancio de la vieja política en la práctica de dar primacía a los intereses sobre los principios. Difícil creer en quienes descubren los problemas de las reglas cuando no los favorecen.

* Profesor adjunto en Sociología (Sociales, UBA); miembro de la agrupación Encuentro Docente de Ciencias Sociales; ex titular de Aduba.