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Durante los últimos dos meses, dos importantes autoridades de la Universidad de Buenos Aires presentaron su renuncia. El vicerrector, abogado Darío Richarte, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, licenciado José Luis Giusti, dejaron sus cargos en medio de denuncias y trascendidos periodísticos que los vinculan con diversas situaciones impropias de la vida universitaria. En ambos casos, apenas había transcurrido poco más de un año desde la asunción de sus cargos. Es poco lo que sabemos respecto de estas situaciones. Según diversas publicaciones, el ex vicerrector Richarte, quien fuera segundo de la Secretaría de Inteligencia durante la gestión de Fernando de la Rúa, mantenía vínculos relevantes con miembros de esa agencia estatal, lo que pareció problemático desde su nombramiento, y más aún a partir de los sonados hechos que ocurrieron en el país durante el verano pasado. En el caso del ex decano no hay información fehaciente acerca de los motivos de su decisión; sólo circulan rumores surgidos en portales de Internet que lo vinculan con supuestos hechos de corrupción y violencia de género. Para la comunidad universitaria, se trata de situaciones de difícil asimilación. Las autoridades de la UBA las han presentado como hechos aislados y de naturaleza personal. Para nosotros, dos renuncias de figuras de alto nivel no pueden ser interpretadas ligeramente, creemos que exigen mayor explicitación y reflexión institucional. Recientemente se ha sumado además una denuncia originada por la Procelac, que involucra a la conducción de la Facultad de Derecho en un caso de presunta administración fraudulenta de fondos.

Desde el espacio Otra UBA es Posible, que integramos, venimos denunciando hace tiempo que la gestión de nuestra universidad está atravesada por una compleja red de intereses particulares, que tienden a la reproducción de élites corporativas y que han venido alejando a los cuerpos colegiados de gobierno de los problemas cotidianos de la comunidad universitaria.

Nos preocupa el divorcio que se ha generado entre el Consejo Superior y la vida de los claustros. Si la Universidad de Buenos Aires sigue manteniendo un nivel de prestigio y calidad académica respetables es por el esfuerzo permanente de sus docentes, el compromiso y la exigencia de sus estudiantes y la tarea de sus trabajadores no docentes. Es en este contexto de vastísima tradición universitaria donde conviven quienes estudian y trabajan en las aulas, los laboratorios, los hospitales, los colegios, los institutos y las oficinas. Pero también donde se padece la falta de un proyecto universitario, la lejanía de los centros de decisión y la ausencia de transparencia en los procesos administrativos, presupuestarios y académicos. No sólo nos preocupan las renuncias, que hoy son sin duda alguna uno de los síntomas de la crisis que vive nuestra universidad. La continua aprobación en el Consejo Superior de proyectos de importancia sin tiempo de presentación previa para su estudio y consideración, las decisiones estratégicas que se toman sin discusión en el órgano de gobierno institucional o el escaso interés en recurrir al propio conocimiento que posee la universidad como su bien más valioso para tratar los problemas y conflictos universitarios, resultan para nosotros tanto o más inquietantes. Ejemplo del primer tipo fue el tratamiento del presupuesto anual, cuyo proyecto se presentó un miércoles en comisión, sin vista previa (al menos para quienes no somos oficialistas), pero con exigencia de ser despachado favorablemente por razones de urgencia, y que resultó aprobado definitivamente apenas una semana después en la sesión plenaria. Con la consideración agregada de que el proyecto (y por ende la resolución finalmente adoptada) carecieron del desglose necesario para una comprensión cabal del gasto proyectado y de que la queja de las facultades que se sintieron perjudicadas por la distribución fue descartada sin más. Del segundo tipo puede citarse el conjunto de reformas que se están implementando en el CBC, sin que el Consejo Superior haya podido debatir integralmente el sentido de los cambios y sin que las personas afectadas hayan tenido instancia de dar su parecer. Del tercer tipo cabe mencionar el tratamiento del conflicto reciente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, para el que propusimos convocar a nuestras/os especialistas en educación media, lo que no fue siquiera considerado.

Hace tiempo ya que distintos sectores de nuestra universidad vienen pidiendo una democratización de la institución. No obstante, ese reclamo parece siempre reducirse a la representación en los órganos de gobierno y a las condiciones de ciudadanía universitaria. Se trata, a nuestro juicio, de cuestiones de gran importancia que deben ser encaradas sin postergación. Pero la democratización de la que hablamos exige un campo más amplio. Requiere de políticas de transparencia en la toma de decisiones, en el debate de los grandes temas, en los concursos, en el uso y distribución de los recursos disponibles, en los modos de su generación y en todo lo que hace al gobierno y la administración. El tiempo que vive la UBA exige una gran convocatoria institucional abierta a todos los sectores que la integramos. Se trata de debatir el presente y construir el futuro entre todas y todos quienes nos sentimos identificados con ella.

Estamos convencidos de la necesidad de una reforma estatutaria que nos permita pensar y construir una universidad para el país del siglo XXI; el estatuto actual tiene casi sesenta años y corresponde a una universidad, un país y un mundo completamente diferentes. Pero también creemos que, aun con las reglas de este estatuto, una universidad más democrática de la que hoy tenemos es enteramente posible.

El Bicentenario de la Independencia, el año próximo, el centenario de la Reforma Universitaria, en 2018, y el bicentenario de la creación de la universidad en 2021 son hitos históricos que debieran obligarnos a fijar objetivos para transformar la Universidad de Buenos Aires. Tareas tales exigen desde hoy mismo la voluntad de sacarla del laberinto sin salida en el que parece encontrarse.

* Consejero superior por la minoría de profesores. También firman Flavia Bonomo, consejera superior suplente por la minoría de profesores; Javier Bráncoli, consejero superior titular por la minoría de graduados, y Alejandro Nadra, consejero superior suplente por la minoría de graduados.