“La ejecución de los delitos de trata y explotación representaron un paso más de una decisión empresarial elaborada en el seno de Yerbatera Misiones SRL, con el objetivo de producir la yerba mate al menor costo posible.” La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) solicitó a la Fiscalía Federal de Posadas la indagatoria de Ramón Puerta por el delito de trata laboral contra 61 tareferos. El argumento central de la Protex es que el ex gobernador de Misiones y actual aliado político de Sergio Massa elaboró una estructura de tercerizaciones, sumado el componente de la explotación laboral, para beneficiarse económicamente a partir de su “doble rol de dueño del campo y socio de la empresa comercializadora de la yerba (Yerbatera Misiones SRL)”. El pedido de indagatoria también recayó sobre Federico Gumersindo Puerta, padre del ex gobernador; Zulema Puerta, la hermana; Zulema Galarza, la madre, todos socios de la SRL; y los contratistas Sergio Poliszczuk, Héctor Díaz, Domingo Castillo y José Raúl Rivas. El fiscal Rubén González Glaria, actualmente de licencia, deberá determinar si acepta la sugerencia de la Protex para luego elevarla ante la jueza Verónica Skanata.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) basó su presentación en las declaraciones testimoniales del tarefero Ramón Piñeiro, el primer denunciante de la causa, sumado a la información obtenida durante una inspección ocular realizada en marzo de este año en el campo de Puerta y en la declaración testimonial de un menor de edad obtenida a través del método Cámara Gesell. El titular de la Protex, Marcelo Colombo, también solicitó que se amplíe la investigación para determinar los movimientos financieros de todas las empresas involucradas, “como contexto que posibilitó la explotación de las víctimas”.

“La voluntaria decisión de incumplir con el deber de garantizar que el empleo de los trabajadores tareferos se realizara al margen de toda mínima condición de dignidad prevista en la ley, les generó una necesaria ganancia extra, derivada de la falta de toda inversión sobre dispositivos de vivienda digna, provisión de alimentación sana y agua potable”, sostuvo la Protex.

La estrategia de Ramón Puerta para no ser imputado por el delito de trata laboral consistió en valerse de un entramado de contratistas y subcontratistas, con la peculiaridad de que, en el principio de la cadena y en el final, el único beneficiado fue el propio Puerta. Como dueño de la Estancia I Pora, el ex presidente interino firmó un contrato de alquiler con la empresa Yerbatera Misiones SRL, que debía ser la encargada de la cosecha de la yerba. A su vez, esta sociedad se valió de contratistas y subcontratistas para realizar la cosecha de la hoja verde. Al momento de la denuncia realizada en enero del año pasado, Puerta era socio de Yerbatera Misiones. Los accionistas actuales son Federico Gumersindo Puerta y Zulema Galarza, los padres de Ramón, y Zulema Luisa Cristina Puerta, la hermana. Los tres comparten la empresa Mbigua SRL, dedicada a la cría de ganado bovino. El domicilio fiscal declarado por estas personas y la sociedad jurídica es el mismo que el del ex gobernador, Pellegrini 244, Apóstoles, Misiones.

“En el caso de Federico Ramón Puerta, la factura Nº 17.486, emitida el 31 de enero de 2014, indica un ingreso económico adicional abonado a él, por parte de Yerbatera Misiones SRL, equivalente al 10 por ciento del total de yerba cosechada (...). El ciclo productivo se programó y decidió desde Yerbatera Misiones y, desde ahí, se dispuso toda la ingeniería de subcontrataciones. En el medio quedó el engaño y la explotación de 61 personas”, argumentó el MPF.

Según el texto presentado por Colombo, Puerta y los demás acusados incumplieron todas las normas vinculadas con la ley del peón rural, en sus artículos 24 (alimentación sana), 27 (agua potable), 28 (servicio sanitarios y pago mínimo legal), entre otros. “Cuando la afectación a la dignidad del trabajo es tan severa y extrema, el incumplimiento de las normas laborales abre paso a un encuadre de trabajo forzoso o reducción a la esclavitud o servidumbre”, indicó la Protex.

Página/12 viajó a Misiones para entrevistar a dos tareferos que habían huido del campo de Puerta al momento de realizarse la inspección del Renatea, el 30 de enero de 2014. El relato de los trabajadores, publicado por este diario en su edición del pasado 3 de mayo, fue tomado por Colombo para sugerirle al fiscal González Glaria que profundice las declaraciones testimoniales hacia todas las víctimas.

El menor de edad que declaró en la Cámara Gesell detalló que trabajaba de lunes a lunes y recibía 400 pesos por tonelada cargada. Tenía 13 años al momento de la denuncia. Con él había, al menos, otros cuatro menores de edad. “Los hechos investigados deben ser encuadrados como constitutivos del delito de trata de personas agravado por haberse consumado la explotación de los trabajadores y realizado sobre menores de edad”, argumentó Colombo.

El MPF también le sugirió al fiscal que aplique un embargo sobre Yerbatera Misiones SRL y los acusados. “Es función de este ministerio ejecutar una política criminal dirigida a privar a los delincuentes de las ganancias que ingresan procedentes de sus actividades delictivas”, concluyó la presentación.

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