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“El sistema de incentivos argentino es una adaptación de sistemas similares implementados durante la década del ‘80 en otros países de América latina, a instancias de su promotor, el Banco Mundial –señala el informe elaborado por la Federación Nacional de Docentes Universitarios–. Del diseño local participó una elite de investigadores que adhirieron o fueron cooptados por las ideas prevalecientes en los ‘90... Esta elite decidió preservarse y participar activamente en el rediseño de las políticas de ciencia y técnica generando condiciones en las que ellos mismos fueron adjudicatarios de los beneficios, tanto en sus ingresos como en la concentración de subsidios de investigación y en el control de las políticas de ciencia y técnica.”
Apelando a los vientos de cambio promocionados por el Gobierno, la Conadu reclama la incorporación de los incentivos al salario, como un adicional remunerativo, lo que implicaría su ejecución mensual obligatoria, contribuir a la jubilación y obras sociales y “disminuiría la posibilidad de que el ministerio utilice sus fondos con discreción”. Pide también modificar las exigencias del sistema, para eliminar exclusiones y abarcar a más docentes.