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Está dicho en un valsecito criollo de Gardel y Le Pera: “Hoy una promesa, mañana una traición,/amores de estudiante flores de un día son”. Hace mucho que el presidente Obama dejó los estudios, pero no abandona, al parecer, ese sentimiento inefable que embarga a cualquier joven. En su primer día de gobierno envió un memorándum a los directores de los departamentos y agencias ejecutivos en el que señalaba: “Mi gobierno se propone crear un nivel de apertura sin precedentes. Trabajaremos juntos para garantizar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y cooperación. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y la eficacia de la gobernabilidad” (www.whitehouse.gov, 21-1-09). Pero los organismos convocados, cuando se les solicita información, esgrimen la palabra “secreto” con más frecuencia que el gobierno Bush.

La Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) faculta a cualquier ciudadano estadounidense a solicitar por escrito acceso a los archivos de los órganos del Poder Ejecutivo, con excepción de los que estos estimen secretos y/o confidenciales (www.sta te.gov). En el año fiscal 2009, el primero del mandato de Obama, las principales instancias de su gobierno –los departamentos de Agricultura, Defensa, Seguridad Interior, Justicia, entre otros– rechazaron al menos 466.872 peticiones contra 312.683 del año anterior bajo W. Bush (//rawstory.com, 16-3-10). El memo del presidente les prescribía que “tomaran medidas positivas para que la información sea pública” y se proporcionara sin retraso, en particular la relacionada con demandas amparadas por la FOIA. Difícil suponer que los organismos gubernamentales actúen sin alguna luz verde presidencial.

Una investigación de la Associated Press reveló que, según los registros correspondientes de la FOIA, 17 dependencias importantes de la Casa Blanca recurrieron a casi todas las nueve cláusulas que la ley fija para negar la información reclamada (AP, 16-3-10). La agencia noticiosa solicitó a la Administración Aérea Federal datos sobre las colisiones de las naves con pájaros que ésta intentó no dar. Sólo las presiones del caso lograron que los desclasificara. Hace casi tres meses que la AP espera documentación acerca de las normas que rigen la orden presidencial titulada “Directiva para un gobierno transparente”.

“El gobierno debe ser transparente. La transparencia promueve la responsabilidad y proporciona información sobre el quehacer del gobierno. Esta información es un bien nacional”, decía el memo de Obama de enero del 2009. Ahora amenaza con vetar una ley que sometería a los servicios de inteligencia a la supervisión de la Contraloría General de EE.UU., de la que hoy están exentos. Peter Orszag, director de la Oficina de Gestión y Presupuesto, señaló que el proyecto del Congreso, que incluye la notificación al cuerpo parlamentario de las operaciones encubiertas, constituye “una amenaza grave” que los servicios de espionaje objetan (//rawstory.com, 15-3-10). Se entiende: los operativos de esa naturaleza –secuestros de ciudadanos extranjeros en países extranjeros, atentados, formación de escuadrones de la muerte, ejecuciones extrajudiciales, etc.– son clandestinos para todos. Nunca falta un legislador parlanchín.

“El presidente Obama vetaría una ley que autorizara el próximo presupuesto de los servicios de inteligencia si obligara a llevar a realizar una nueva investigación sobre los ataques con ántrax de 2001, dijo un funcionario de la Casa Blanca” (www.bloomberg.com, 16-3-10). Estos atentados, que infectaron a 22 personas y provocaron la muerte de cinco de ellas, fueron atribuidos a Bruce Ivins, un científico del gobierno ya fallecido. Orszag insistió: en una carta dirigida a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, advirtió que la reapertura de la averiguación “socavaría la confianza pública” y haría dudar de las conclusiones del FBI (www.businessweek.com, 16-3-10). No deja de ser un reconocimiento oblicuo de que Ivins era inocente.

Una de las primeras órdenes ejecutivas de Obama revocó la disposición del gobierno Bush que permitía la aplicación de las llamadas “técnicas ampliadas de interrogación”, es decir, la tortura. Entre los fundamentos de la medida, el nuevo presidente señaló que estaba destinada “a promover el tratamiento humano, salvo y legal” de las personas detenidas por EE.UU. “a fin de garantizar el cumplimiento de los tratados firmados por EE.UU., incluidas las Convenciones de Ginebra” (www.whitehouse.gov, 23-1-10). En febrero pasado, Obama formuló la primera amenaza de vetar la ley mencionada porque el proyecto establece penas de prisión para los agentes de inteligencia que emplearen técnicas de interrogación “crueles, inhumanas y degradantes”. En el jardín de Obama, ciertas flores duran un día.