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La lista de “Estados rufianes” –Irán, Corea del Norte, etc.– tiene séquito: los “países inestables” también preocupan a la Casa Blanca, aunque no desafíen sus políticas. Suman 25, son “candidatos a la intervención (militar)” de EE.UU. y se han convertido en “un desafío central de política exterior por el peligro de que alimenten a grupos terroristas y cuenten con armas de destrucción masiva” (Financial Times, 30-3-05). El Consejo Nacional de Inteligencia del Departamento de Estado confirmó la existencia de esa lista. Es secreta, pero declaraciones de altos funcionarios norteamericanos sugieren nítidamente que la integran, entre otros, Venezuela, Perú, Bolivia, Nigeria, Sudán, Somalia y Camerún. El pretexto para intervenir se contempla en el mandato de la flamante Oficina de Reconstrucción y Estabilización dependiente del Consejo mencionado: su misión es “ayudar a estabilizar y reconstruir sociedades en transición que atravesaron un conflicto o una contienda civil para que puedan comenzar su camino hacia la paz, la democracia y una economía de mercado” (www.state.gov/r/ei/biog/365630.htm). Dicho de otra manera: sería pasible de una intervención militar cualquier país con un proyecto nacional que no entre en las hormas neoliberales y despierte, por ende, la “incertidumbre estratégica” de Washington. Sobre todo si tiene petróleo, gas natural y/o importantes oleoductos y rutas de abastecimiento de oro negro.
El Pentágono se prepara para respaldar esa misión mediante una reorganización completa de su presencia militar en todo el mundo. En el documento “La estrategia de defensa nacional de Estados Unidos” que dio a conocer el 18 de marzo –en cuya tapa mira con ojo amenazante una feroz cabeza de águila– se establece un redespliegue gigantesco de efectivos por el que disminuirán las tropas estadounidenses estacionadas en Alemania, Japón y Corea del Sur y en cambio pondrán pie en Europa Oriental, la cuenca del Mar Caspio, el sudeste asiático y Africa (www.defenselink.mil/news/Mar2005/d200503
18nds2.pdf). Lo harán de una manera que le ha creado problemas de vocabulario a Donald Rumsfeld, el jefe del Pentágono, que –dijo– está “tratando de encontrar la fraseología correcta”. No se llamarán bases militares, pero cualquiera fuere el nombre que las bautice, el documento define perfectamente su objetivo: se trata de instaurar “un modelo más centralizado de ‘gestión mundial de la fuerza’ que permita desplegar rápidamente las tropas disponibles en cualquier parte del mundo”.
Es una estrategia ofensiva, ya no meramente defensiva, destinada a garantizar el dominio estadounidense del planeta y difiere de la que imperó durante la Guerra Fría. Entonces Washington instalaba bases militares alrededor de la URSS, ahora procura controlar la producción y el abastecimiento de energéticos imponiendo su hegemonía militar. Se están secando los pozos del Norte y se advierte ya la tendencia al aumento de las exportaciones petroleras de los países del Sur. En 1990 –son guarismos del Departamento de Energía de EE.UU.– estos últimos (en especial de Africa, América latina y el Golfo Pérsico) aportaban 32 millones de barriles de oro negro cada día, un 46 por ciento de la producción mundial. Se estima que en el 2025 esa cifra ascenderá a 77 millones de barriles, un 61 por ciento del total. En el mismo período, la producción sumada de EE.UU., Canadá, México y Europa descenderá del 29 al 19 por ciento del total. La infraestructura industrial y agropecuaria norteamericana dependerá cada vez más de las importaciones de Medio Oriente, Africa y otras regiones que no abarca el llamado Occidente. La premisa de defender ese abastecimiento a toda costa fue establecida por el presidente Jimmy Carter cuando en 1980 prometió solemnemente asegurar el flujo de petróleo del Golfo Pérsico a EE.UU. “por todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar”. En eso estamos.
Se han ampliado los argumentos para intervenir en países no hostiles a Washington. El documento del Pentágono subraya la amenaza de una “guerra asimétrica” que países “inestables” o grupos ciudadanos desatarían por vías “diplomáticas y legales”. “Nuestra fortaleza como nación seguirá siendo desafiada por quienes emplean una estrategia del débil que consiste en (recurrir a) los foros internacionales, los procesos judiciales y el terrorismo...”, precisa. El N° 3 del Pentágono Douglas Feith aclaró ese concepto en conferencia de prensa: “Hay diversos actores en todo el mundo que procuran atacar o constreñir a EE.UU. y van a encontrar maneras creativas de hacerlo que no son los obvios ataques militares convencionales... Necesitamos pensar a fondo sobre líneas de ataque diplomáticas, líneas de ataque legales, líneas de ataque tecnológicas, todo tipo de guerra asimétrica que los diversos actores puedan emplear para limitar o modificar nuestra acción” (www.globalresearch.ca, 7-4-05). Es clara la referencia a la Corte Penal Internacional, que la Casa Blanca rechaza enérgicamente porque exige inmunidad para sus tropas en cualquier parte del planeta en que se encuentren y cualesquiera fueren los crímenes que comete. También queda claro que una acción diplomática estatal o no estatal que contraríe los objetivos de EE.UU. sería materia de acciones militares y de inteligencia. Que podrían ser preventivas y unilaterales: “Actuaremos con otros cuando podamos”, avisa el Pentágono.
Los “halcones-gallina” se proponen desplazar el centro de gravedad del poderío militar estadounidense para instalarlo en Asia Central, el Sudeste Asiático, el Medio Oriente y las zonas adyacentes de Africa. Esto incrementará la injerencia de EE.UU. en la política interna de los países de esas regiones y lejos de combatir al terrorismo –eje declarado de semejante “misión”– no hará más que engordarlo. Y al que no le guste la política de Washington, qué tanto derecho internacional o gestión diplomática: callar es su único derecho.