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La sucesión del coronel Antonio Rodríguez en el Comité Olímpico Argentino (COA) liberó fuerzas que estaban reprimidas desde 1977 por su figura perdurable. Cuatro hombres van por su sucesión, aunque poco o nada se habla de cómo funcionó y funciona hasta hoy la entidad que gobernó el militar sin demasiadas voces disonantes.
El COA se rige en 2005 por un estatuto de 1956. Esa es –además de la presencia del coronel ungido durante la última dictadura– la otra rémora que sus 61 dirigentes deberán superar algún día, ya sin la sombra del presidente que sobrevivió en el cargo a los generales Videla, Viola, Galtieri y Bignone.
Durante la autodenominada Revolución Libertadora, la CAD-COA, doble sigla que unía a la Confederación Argentina de Deportes y al Comité, sus autoridades deportivas fueron intervenidas por el régimen que derrocó a Juan Domingo Perón. A su frente quedó otro general, Fernando Huergo, un representante de la esgrima que modificó el estatuto del COA bajo las órdenes de los dictadores de antaño: Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.
Fernando Aren, un peronista que conduce a la confederación de sóftbol desde la década del 60 y que ya se postuló para reemplazar a Rodríguez, describió los perjuicios que ocasiona el viejo estatuto, tolerado en silencio por los directivos del COA: “Por ejemplo, las federaciones no están representadas en el Consejo Directivo del Comité, no se elige a las autoridades por asamblea. El estatuto, tal como está, no sería aceptado en la actualidad por la Inspección General de Justicia”.
Como Aren, también se postulan Julio Cassanello, un abogado que fue intendente de Quilmes durante la dictadura del ’76 y que preside el taekwondo; el empresario Gerardo Werthein, vicepresidente de Telecom y titular de los deportes ecuestres, y Mario Moccia, jefe de misión a los Juegos de Atenas y hombre del handball.
A ninguno, por sí solo, les alcanzarían los votos para suceder al coronel. Pero cualquiera de los candidatos a conducir el COA debería computar que la norma clave que los rige es un residuo que sobrevivió a los golpistas de la Libertadora. Un estatuto veintidós años más viejo que la primera presidencia de Rodríguez inaugurada en 1977.