La causa lleva el número 15.131 y quema, como queman los papeles que incriminan a por lo menos 15 personas que fueron detenidas ayer durante 112 allanamientos en la Capital Federal, el conurbano, Santa Fe, Chaco y cinco ciudades del interior bonaerense: La Plata, Mar del Plata, Pinamar, Campana y Mercedes. Todo, en el marco de una investigación que dispuso el juez Norberto Oyarbide por la presunta falsificación de pasaportes italianos en la que están involucrados algunos futbolistas juveniles y sus representantes, como también la empresa Ciudadanía Express, que tiene una sede dedicada en exclusividad a atender trámites migratorios de deportistas (ver aparte).

Los operativos se realizaron en las sedes de al menos tres clubes: Boca, River y Lanús, por orden del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 5. Uno se prolongó desde las 11.30 hasta bien entrada la tarde en la sede social de Lanús. Allí, el presidente de la institución, Alejandro Marón, informó que “vinieron a buscar documentación que vinculara a una gestoría con pases de futbolistas al exterior y sólo se llevaron datos de un chico llamado Tisone, clase 86, que nos lo sacaron para llevarlo al Udinese hace varios años”.

Las medidas dispuestas por Oyarbide tienen su origen en una denuncia presentada por el cónsul general de Italia en la Argentina, Giancarlo Curcio, quien había detectado irregularidades en los trámites para adoptar la ciudadanía. “Se falsificaron firmas y se hallaron sellos falsos, específicamente la firma del propio cónsul”, dijo el abogado Sergio Bárzola, que patrocina al gobierno italiano. Asimismo, el letrado caracterizó al expediente como “una megacausa en la que el Estado italiano es la parte más afectada por este accionar”.

Según Bárzola, el modus operandi investigado consistía en acudir a una gestoría para tramitar la doble ciudadanía italiana. Lo hacían figuras públicas como los futbolistas o personas desconocidas que podían ser sorprendidas en su buena fe o no, a sabiendas de que conseguirían lo que se proponían (un pasaporte con irregularidades) a través de los servicios que brinda una agencia dedicada a esta actividad.

También formuló declaraciones sobre el caso el cónsul, quien calificó la medida de Oyarbide como “muy importante”, aunque no quiso dar detalles sobre los futbolistas que son investigados. Uno de ellos sería Juan Daniel Forlín, un juvenil de Boca oriundo de la ciudad santafesina de Reconquista, donde un grupo de gendarmes buscó documentación vinculada con el trámite de ciudadanía comunitaria que él requirió cuando fue a jugar a la filial del Real Madrid en 2007. La información la suministró el comandante de Gendarmería Nacional en Santa Fe, Daniel Martínez. El pibe Forlín tuvo problemas con su pasaporte y regresó a Boca, donde debutó en abril de este año frente a Newell’s.

Lanús, que con Boca y River no habrían sido los únicos clubes allanados (trascendió que las sedes de Independiente y Vélez también), dio a conocer un comunicado de prensa en el que informó que la causa “no tiene como imputado ni procesado al club atlético Lanús ni a sus autoridades, y que la medida que se llevó a cabo en la sede social fue realizada simultáneamente con otras más de ciento once medidas relacionadas con la misma investigación”.

PáginaI12 consultó qué repercusión habían tenido en la AFA las diligencias determinadas por el juez Oyarbide y recibió como respuesta que “ninguna”. Julio Grondona, mientras tanto, se encontraba en Mar del Plata pasando unos días de descanso. No es la primera, y acaso tampoco será la última oportunidad en que el fútbol queda bajo sospecha por trámites irregulares en el otorgamiento de pasaportes gestionados a través de estudios jurídicos y escribanías. La empresa que es investigada estaría vinculada con María Elena Tedaldi, una traductora argentina que fue condenada (aunque luego el fallo se suspendió) cuando se produjo el recordado affaire de los pasaportes truchos a fines de los años ’90 y que también investigó la Justicia italiana. En aquella oportunidad, todos los involucrados, incluidos Juan Sebastián Verón, su representante de entonces, Gustavo Mascardi, y dirigentes del club Lazio, resultaron absueltos.