Dos secretarios de la presidenta Cristina Kirchner y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, tendrán que sumarse al desfile de testigos en la causa judicial que investiga una red de espionaje informático a políticos y famosos. Los tres figuran entre el centenar de víctimas cuyos e-mails habrían sido interceptados por los hackers con el objetivo de comercializarlos y hacer operaciones políticas en función de las comunicaciones privadas del Gobierno. El lunes, según trascendió, declararía el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y a mitad de semana lo haría la ministra de Defensa, Nilda Garré.

Dos semanas atrás, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado comenzó a citar a una lista de políticos y personajes del mundo del espectáculo que, según las pruebas recolectadas, habrían sido espiados a través de sus cuentas de correo electrónico. El objetivo de la convocatoria es que los testigos vean los e-mails y digan si, efectivamente, les pertenecen. Hasta ahora, declaró un grupo de funcionarios de Cancillería que reconoció una veintena de correos como propios. Contenían desde asuntos personales hasta detalles de viajes y misiones oficiales al exterior. Ayer se presentó también el abogado Alejo Ramos Padilla, impulsor de varias causas de derechos humanos, y también lo hizo una abogada de Quilmes, Mónica Frade, conocida en la zona por llevar las riendas en denuncias judiciales contra el municipio.

La abogada Frade no sólo confirmó que los e-mails que le mostraron en el juzgado eran suyos. También acusó al ex intendente de Quilmes Sergio Villordo –ex chofer del ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández– de leer sus correos electrónicos en un programa de radio del que participaba una vez por semana. “Estaba los martes de nueve a diez, en el multimedio El Sol. En agosto del año pasado empezó a leer mis correos al aire”, relató Frade a Páginal12. “Yo patrocinaba a denunciantes en causas que lo comprometían, como una en la que se lo investigaba por la muerte de una persona que desapareció. Además, yo era abogada de alumnos de la Escuela Municipal de Bellas Artes en una demanda contra el municipio. Es evidente que buscaba dañarme. No parece muy adecuado, por decirlo diplomáticamente, que un intendente aparezca por radio leyendo correos privados”, se quejó.

Ramos Padilla estuvo cuatro horas en el juzgado, donde le exhibieron varios biblioratos con sus correos. Muchos de ellos eran intercambios con el embajador en Washington, Héctor Timerman, a quien representa en una causa judicial contra civiles por su complicidad con los crímenes de la dictadura y en particular en el secuestro del periodista Jacobo Timerman. Por esa denuncia terminaron presos el ex gobernador bonaerense de facto Ibérico Saint-Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. “Tengo una indignación enorme por el tamaño del seguimiento que me hicieron, con un trabajo puntilloso. Muchos de mis e-mails estaban marcados con información resaltada. Hasta había una reconstrucción de mi agenda de cuando viajé a Estados Unidos invitado por Human Rights Watch para hablar de los civiles en el terrorismo de Estado”, le contó a este diario.

Los secretarios de la Presidenta de la Nación que deberán testificar, según informaron allegados a la investigación, serían Fabián Gutiérrez –que la acompaña desde sus tiempos en el Senado– e Isidro Bounine, que trabaja con los Kirchner. A través de sus e-mails los hackers habrían intentado monitorear los movimientos de la familia presidencial. También habrían espiado a Parrilli, secretario general de la Presidencia desde 2003, otro de los nuevos convocados por el juzgado.

En el expediente, que se abrió en agosto de 2006, hay múltiples datos que señalan como principales sospechosos del espionaje ilegal a los agentes Iván Velázquez y Pablo Carpintero, que hasta marzo trabajaban en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Antes habrían sido personal civil de inteligencia del Ejército. Otros presuntos partícipes de la trama serían el periodista y ex jefe de la Side del menemismo Juan Bautista “Tata” Yofre, el general retirado Daniel Reimundes (ex secretario general del Ejército durante los gobiernos de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete. Los domicilios de todos ellos fueron allanados por la jueza. La causa está caratulada como posible violación de secretos políticos y militares.

Entre los ministros que integran la nómina de víctimas de los hackers, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, declararía el lunes; la titular de Defensa, Nilda Garré, lo haría el miércoles o jueves, y el canciller Jorge Taiana aún no definió cuándo lo hará. El lunes también irá el embajador Héctor Timerman. Del grupo de las superestrellas hackeadas, Susana Giménez viene dilatando su visita al juzgado (debía ir ayer), igual que Carolina “Pampita” Ardohain.