“Todos vivimos del pasado y nos vamos a pique con él.”

Goethe

Racing puede hacer cualquier cosa, menos levantar la quiebra. Puede ir a elecciones después de diez años. Puede sobrevivir a Blanquiceleste SA, que lo administraba y también quebró. Puede sufrir el descontrol del órgano fiduciario que debía controlarlo. Puede pagar deudas ajenas y acumular las propias. Puede seguir en estado de insolvencia y que voten sus socios al mismo tiempo (algo que le prohíbe la ley 25.284). Puede volver a ser gobernado por dirigentes que aceptan alegremente heredar un pasivo que debería estar pago. Y hasta puede quebrar por segunda vez.

Todo junto parece demasiado, pero la epidermis de Racing es a prueba de balas. El proyecto de distribución final de los fondos de la quiebra que presentó el órgano fiduciario integrado por el contador Eduardo Gilberto (el verdadero poder), el abogado Carlos Ves Losada y el licenciado en administración Néstor Bugallo aporta más datos al “mamarracho jurídico” (como lo definió una fuente calificada de la Dirección de Personas Jurídicas Bonaerense) que prolongará la zozobra del club tanto o más que la tabla de los promedios del descenso.

El trinomio de profesionales reclama para sí 88.034.841,35 pesos en el concurso de acreedores de Blanquiceleste (importe que fuera declarado inadmisible por el síndico interviniente el 3 de noviembre pasado) y aún tiene por cobrar una cuota de la quiebra (Bugallo 182.700 pesos, Gilberto 121.800 y Ves Losada 106.333,33) y un porcentaje menor de otra. Como fuera, un edicto judicial les reserva 5 millones de pesos para honorarios y otros gastos judiciales que pudieran haber tenido.

Mientras pide por ésas, sus acreencias, el órgano fiduciario sostiene que Racing dispone de 19.772.124 pesos en una cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires para levantar el pasivo consolidado. Y para los créditos no verificados, que se cuentan por decenas, señala que “tiene suficiente garantía en el patrimonio inmobiliario que posee el club”. O sea, informa que el saldo “en concepto de inmuebles es de 40.403.799,71 pesos. Para lo cual sería suficiente constituir una hipoteca sobre los inmuebles indicados dentro de la ley 25.284”.

Entre quienes todavía tienen que cobrar cuotas de la quiebra del club figuran el ex técnico del seleccionado nacional Alfio Basile; el actual presidente de Huracán, Carlos Babington; el posible ayudante de campo de Diego Maradona en la selección Miguel Brindisi; los ex jugadores Juan Ramón Carrasco, Néstor Clausen, Luis Abramovich, Marcelo Aldape, Héctor Banegas, Diego Capria, Néstor De Vicente, José Chatruc, Marcelo Delgado, Alfredo Graciani, Mauro Navas, Fernando Quiroz, José Tiburcio Serrizuela y Claudio Ubeda, entre otros; la Dirección de Rentas Bonaerense, la señal de cable Multicanal, el gremio UTEDyC y hasta la comisaría 1a de Avellaneda.

También es considerable la cantidad de acreedores que reclamó deudas que siguen en juicio. Suman el monto de 25.045.117 pesos, que entre otros exigen la AFIP (4.767.495,86 y 3.729.927,65), el delantero de Colón Esteban Fuertes (182.895,02), el gobierno porteño (99.122,39), Pepsi Cola (115.861,58), una empresa del grupo Clarín como Inversora de Eventos SA (930.050) y Adrián, el hijo del ex presidente Juan De Stéfano (365.750). Este es el pasivo eventual al que se refieren en su escrito del 17 de octubre pasado Ves Losada, Bugallo y Gilberto y contra el que sugieren hacer una eventual hipoteca sobre el estadio y la sede social de avenida Mitre. El anexo de Villa del Parque no podría rematarse porque fue declarado patrimonio de utilidad pública. La mayoría de estos juicios fueron iniciados entre 1998 y 1999.

Desde Personas Jurídicas de La Plata, la misma fuente dijo que “es gravísimo llamar a elecciones en esta situación porque Racing no está legitimado para hacerlo ni recuperó su entidad de persona jurídica. El órgano fiduciario generó déficit y debió retirarse. A lo que se sumaron otros pasivos de Blanquiceleste. Ahora van a accionar sobre el club y hasta Racing podría ir nuevamente a la quiebra en dos años”. La explicación de este desaguisado “es política”, admitió la especialista que se desempeña en el organismo a cuyo frente está el abogado Pedro Enrique Trotta.

Está claro que en el club de Avellaneda todos quieren votar, sacarse de encima el lastre de Blanquiceleste (que apeló la decisión de revocarle el gerenciamiento, fallo demorado en la Cámara que integra una sola jueza, Patricia Ferrer), que paguen los responsables de las irregularidades cometidas en todo este proceso, el interventor, el órgano fiduciario y el juez Enrique Gorostegui, pero no a cualquier precio. Después de que Racing estuvo a punto de ser liquidado y a diez años y cuatro meses de que le decretaron la quiebra (el 15 de julio de 1998), estas nuevas calamidades parecen una tontería al lado de aquéllas.

La fiebre electoral es para muchos el modo de purificarlas y que la cuenta la pague, por enésima vez, la centenaria Academia. Un sobrante de 8.896.725,41 pesos –según el pormenorizado informe del órgano fiduciario– “se considera por demás suficiente para que la nueva administración del club...” se las arregle.