El juez federal Claudio Bonadio rechazó excarcelar a los empresarios Hugo y Mariano Jinkis, pero les concedió la prisión domiciliaria, en el marco de la causa por corrupción en la FIFA. El magistrado tomó esa decisión luego de que el fiscal federal Eduardo Taiano no se opuso a la concesión de algún beneficio, aunque había pedido que les fijaran una “fuerte caución real”. La medida fue concedida bajo la condición de que entre ambos depositen 12 millones de pesos de caución y la imposición del uso de tobilleras electrónicas.

Según fuentes judiciales, el juez rechazó excarcelar a los empresarios que estuvieron prófugos de la Justicia, pero sí aceptó que cumplan arresto en domicilios a designar. Hugo Jinkis había pedido ese beneficio por su edad avanzada y estado de salud, mientras que su hijo Mariano intentó ser excarcelado. Pero el juez dispuso el arresto domiciliario para los dos mientras se tramita su juicio de extradición a Estados Unidos.

Hugo Jinkis deberá pagar una fianza de 4 millones de pesos y su hijo, Mariano, una de 8 millones, para acceder a la prisión domiciliaria, en una vivienda de San Isidro y en un country de Campana, respectivamente. Los abogados trabajaban en la búsqueda de propiedades para presentar como fianza y hasta que eso ocurra los Jinkis permanecerán detenidos en la dependencia que tiene la Policía Federal en Cavia y Figueroa Alcorta, tras pasar los últimos días en las celdas de la Superintendencia de Investigaciones, en Villa Riachuelo.

Bonadio también ordenó la prohibición para salir del país, la entrega de sus pasaportes nacionales y de otras ciudadanías –de poseerlos–, el control por parte de la oficina de Delegados Judiciales de la Cámara Federal del cumplimiento de la prisión domiciliaria y la presentación, todos los viernes en el juzgado.

Junto al ex titular de Torneos Alejandro Burzaco, detenido en Italia a la espera del juicio por extradición a los Estados Unidos, los Jinkis son los empresarios argentinos acusados por la Justicia de Estados Unidos en el escándalo de la FIFA, una causa por corrupción de gran trascendencia internacional en la que también quedaron implicados dirigentes de la máxima entidad del fútbol mundial.

Los empresarios están acusados por la Justicia de Estados Unidos de integrar una asociación ilícita que pagó coimas para obtener los contratos de televisación de grandes eventos deportivos.

La empresa que habían conformado, Datisa, compró los derechos comerciales de la Copa América 2015 en 75 millones de dólares, pero cumplimientos impagos ponen a la Conmebol en aprietos para pagar los premios acordados a los participantes.

La Justicia norteamericana también acusó a los catorce imputados en la causa de lavar dinero de las coimas a miembros de la FIFA en bancos de ese país.