El próximo domingo se cumplirán diez años del primer y frustrado intento de gerenciamiento al que se pretendió someter a Racing. Aquel 6 de mayo de 1997 se había convocado la asamblea de representantes del club para tratar el denominado “Convenio de Préstamo, Financiamiento y Comercialización” con la empresa Nuevos Clubes Argentinos (NCA), la misma que aspiraba a controlar el club a cambio de una inyección financiera de 20 millones de pesos, que sanearía su ya descalabrada economía.

Esa compañía, una firma subsidiaria del desmantelado Banco Patricios, proyectaba manejar las cuotas de los socios, los derechos de televisión de los partidos de fútbol, la publicidad estática en el estadio y la venta de jugadores por cinco años, extensibles por un período semejante. Pero aquella asamblea se truncó después de que integrantes de la barra brava que respondían a Daniel Lalín les impidieran sesionar a los sesenta asambleístas que habían juntado Osvaldo Otero y Juan De Stéfano, otros dos ex presidentes, aliados para la ocasión.

Al grito de “ladrones” y en medio de empujones, aquellos buenos muchachos frustraron un preconvenio de 19 cláusulas que debían firmar el presidente (Otero), el secretario general (Hernán Basílico) y el de Hacienda (Ricardo De Anna). Y que, además, debía autorizar el omnipresente juez Gorostegui, a cargo por entonces del concurso preventivo de acreedores.

Los barras que sepultaron así la iniciativa comercial seguramente no imaginaron que, con el tiempo, NCA sería denunciada en el preinforme de la Comisión Especial Investigadora sobre Lavado de Dinero que encabezaba la diputada nacional Elisa Carrió, del ARI.

En el apartado “Vaciamiento y liquidación de bancos. Círculo clandestino de dinero: Patrones comunes”, se sostenía que la empresa “al 31 de agosto de 1997 registraba una deuda de $ 8.818.000, y al 28 de febrero de 1998 $ 11.616.000 sin garantía. Posteriormente se le otorgó un préstamo de 1.042.000 cuando ya el banco (Patricios) atravesaba una etapa de crisis de liquidez gravísima. El préstamo a NCA SA es considerado irrecuperable. El destino final de esta enorme cantidad de dinero no ha sido establecido...”.

Sin embargo, a fines de diciembre de 2000, Nuevos Clubes Argentinos, bajo la denominación Racing 2000 –y unida con Clavesol SA–, llegaría con chances de disputarle el gerenciamiento de la institución a Blanquiceleste. El juez Gorostegui optó por esta última, pero nunca se supo si tomó en cuenta el informe de la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero para rechazar a NCA. Como fuere, a esta última sí le adjudicó el manejo de la sede social de la avenida Mitre.

Hoy, el cuestionado magistrado tiene sobre sí una denuncia del abogado Norberto Pontoriero –el creador de la Ley de Fideicomiso 25.284– que persigue su destitución. Desde el 12 de julio de 2006, ese expediente se encuentra en la Secretaría de Control Judicial de la Suprema Corte bonaerense. Y no avanza. En el Modera denuncian que podría ser por una injerencia del poder político.