Lunes, 13 de enero de 2014 | Hoy
DIALOGOS › FIORELLA CANONI, POLITóLOGA, ASESORA DE LA CANCILLERíA EN TEMAS DE TRATA
Canoni subraya la importancia de incorporar la responsabilidad del cliente en la lucha contra la trata. En Argentina, la prohibición de publicar avisos de oferta sexual fue criticada como un atentado a la libertad de expresión.
Por Julia Goldenberg
–¿Creés que la trata de personas puede ser pensada por fuera de un contexto internacional?
–El foro internacional es un espacio fundamental para luchar contra la delincuencia organizada trasnacional, ya que impulsa una articulación conjunta entre los estados. En este sentido, lo internacional no sólo promueve la cooperación, sino que puede operar como legitimador de políticas públicas que internamente han sido criticadas y cuestionadas. Lo internacional sirvió muchas veces para validar y legitimar prácticas que a nivel nacional no tenían tanta repercusión. El caso paradigmático es el decreto 936/11, que procura la prohibición de las publicaciones de avisos de explotación sexual. Trabajamos no sólo a nivel bilateral con Bolivia, Paraguay, República Dominicana y toda Centroamérica, de donde vienen muchas víctimas de trata para explotación sexual, sino también a nivel de Naciones Unidas, que es un nivel universal. A nivel nacional fue muy polémico en un contexto donde se estaba peleando la cuestión del poder de los medios. En realidad, esto era una demanda puntual para evitar la vía fácil al consumo sexual. En el plano nacional esto trajo muchísimos problemas, se impuso como una discusión entre los medios monopólicos y el Estado. Cuando en realidad el plano internacional nos estaba mostrando lo acertado de dicha medida. En Naciones Unidas existe un grupo especializado en el tema de la trata de personas, donde se trabajan las distintas aristas de esta problemática. Ese grupo fue el primero en recomendar este decreto luego de una presentación de Argentina que se hizo inmediatamente después de que la Presidenta impulsara este decreto. Fue una medida que no sólo estaba a la vanguardia en la temática y que fue modelo para todo el mundo, sino que además fue sumamente creativa. El instrumento más importante en la materia es el protocolo contra la trata de personas de Naciones Unidas. Tanto la trata como el tráfico de inmigrantes y el contrabando de armas tienen su propio protocolo complementario de la convención contra la delincuencia organizada trasnacional. Esto demuestra la complejidad de la lucha contra la trata para cualquier Estado. Es justamente porque no tiene un territorio, no reconoce banderas ni frontera, uno tiene la sensación que se está un paso atrás de este tipo de crimen organizado. Por eso es fundamental la articulación entre los estados, porque no alcanzan las medidas solamente a nivel nacional.
–Señalás que Argentina entra en la escena internacional a partir de la presentación del decreto 936/11 ante la ONU. ¿Qué especificidad presenta este decreto?
–En el 2009 Argentina presenció la segunda reunión de la OEA sobre el problema de la trata de personas. Esa reunión para mí es la punta del iceberg, porque fue cuando empezamos a trabajar todos los elementos que conforman el problema de la trata de personas. Esa reunión terminó con un discurso de la Presidenta, donde enunció por primera vez la figura del cliente. Acá se abre un montón de problemas, porque nadie quiere hablar del cliente. Esto generó muchas dificultades, porque había que empezar a meterse con intereses de tipo económico. Ahí comenzó el debate y se fue avanzando en distintos ámbitos para llegar finalmente a Naciones Unidas, pasando por un montón de instancias donde el debate había sido muy fuerte. Esta fue una postura que acompañó toda la región. La importancia de este decreto reside en que toca uno de los aspectos más complejos de desarticular. Reducir la demanda es quizás uno de los factores fundamentales para desarticular las redes de trata. Es muy difícil poder atacar este problema y hay pocas herramientas para esto. La valoración que se hizo en Naciones Unidas es que esta medida implicaba una herramienta válida para ir contra la demanda. Una cuestión fundamental fue pensar medidas concretas para prevenir y sancionar el delito. Pero el problema de la demanda sigue siendo grave.
–¿Cuáles son las herramientas útiles a nivel internacional?
–Después de empezar a circular el tema de la trata, se realizó una reunión de ministros de Justicia de las Américas. Allí se hizo un llamado a los Estados para que penalicen la figura del cliente. La idea era empezar a tener este factor en cuenta. La Presidenta ya había instalado el tema del cliente. Luego se realizó el 12º Congreso de Naciones Unidas de Prevención del delito y justicia penal. Este es el ámbito más importante donde se trataban los problemas que trae la delincuencia organizada trasnacional. Del texto que surgió de esa reunión, el párrafo que hacía alusión a la trata era un párrafo sumamente lavado, no dio cuenta del avance de la región, no estaba bien trabajada la cuestión de género de fondo, etc. Fue la reunión de ministros de Justicia del Mercosur la que expresó su disconformidad con el documento, afirmando que no habían logrado demostrar los avances de Latinoamérica y que en realidad está mucho más avanzada en estos términos. Los ministros reclamaron que existiera un reflejo de todos estos avances en los comunicados de Naciones Unidas. Se insistió muchísimo para empezar a hablar del tema de la figura del cliente, de la prevención, de la educación, etc. Esta declaración se llevó a Naciones Unidas y Argentina con los países del Mercosur, donde se vio reflejada nuestra postura. Esto muestra la capacidad que tiene la región, que frente a un organismo tan importante como es Naciones Unidas pudo hacerse escuchar. Este es un claro ejemplo de la importancia de las relaciones multilaterales en este tipo de problemáticas. Tengamos en cuenta que en ese momento no existían la Unasur ni la Celac.
–¿Por qué es relevante considerar la figura del cliente-usuario?
–Para visibilizar al responsable de la trata, porque sin clientes –sin demanda– no hay trata. El problema es que la prevención caía sobre la víctima, como si con sólo concientizarse del peligro alcanzara. En la práctica, el secuestro no es la situación más común, la mayor parte de las veces se trata de un engaño. Se les ofrece un puesto de trabajo lejos de su casa y cuando llegan a destino caen en un prostíbulo. El problema es que ya están endeudadas porque les pagaron el pasaje, les sacan el documento y se ven forzadas a prostituirse. Es cierto que vino por su voluntad, pero vino a hacer otra cosa. Por eso fue tan importante preguntarse sobre la cuestión del consentimiento. Te diría que tiene muchos canales de violencia el tema, porque el trabajo más fino es convencer a la víctima de que es responsable de estar donde está. Te diría que la violencia se ejerce a distintos niveles y hacen un trabajo tan fino que lo más difícil es que una vez que se rescata a la víctima ésta se reconozca como tal. Es un problema muy grave la cosificación.
–El acuerdo de cooperación bilateral con Bolivia parece fundamental, ya que gran parte de las víctimas secuestradas son bolivianas. ¿Qué aporta particularmente esta cooperación al problema?
–Hay países de origen, de tránsito y de destino. Argentina tiene las tres modalidades: somos el destino de mucha trata regional (Bolivia, Paraguay, República Dominicana, etc.), el origen para los europeos, y es tránsito porque tenemos la interna, fundamentalmente del norte hacia la capital. Hay otros países como Bolivia, que son básicamente de origen: sea para Argentina, para otros países o para Europa. Con Bolivia lo primero que se trabajó fue la prevención en la frontera. La idea era minimizar esa problemática. Un ejemplo de cooperación fue un acuerdo firmado entre las carteras de Justicia para compartir un material didáctico sobre la trata que fue instalado en las netbooks de Conectar Igualdad. Todo esto fue pensado desde lo técnico de la problemática y desde lo pedagógico. Esto funciona muy bien porque los chicos pasan a formar parte de la prevención y de la difusión de estos temas. Bolivia nos pidió capacitación sobre este tema en particular.
–¿Qué lugar ocupa Argentina en relación con los países limítrofes?
–Argentina está dando ejemplo y asistencia técnica a otros países para trabajar en esta problemática. Pero además se están definiendo líneas claras para definir lo que son las víctimas de trata. No es tan sencillo aunque lo parezca. Entonces nosotros brindamos capacitación en estos puntos. En la última reunión de Naciones Unidas, Ecuador nos pidió el decreto 936/11 para poder implementarlo allí. Nosotros modificamos nuestra ley el año pasado. Nuestra ley del 2008 salió en línea con el Protocolo para la prevención, sanción y erradicación de la trata especialmente de mujeres y niños. Este protocolo salió en el 2001, y en estos más de diez años se vieron los problemas que el protocolo tenía. Por ejemplo, la idea del consentimiento. Hay trata de menores y de mayores: en casos donde la víctima es menor eso es trata inmediatamente; en cambio si es mayor de edad y se considera que fue con pleno consentimiento de la víctima, entonces no se concibe como víctima de trata. Pero lo que pasa es que existe un trabajo de destrucción sistemática de las personas cuando son víctimas de este delito, que hace muy difícil considerar su consentimiento como una voluntad plena de participación de una situación de esclavitud. Lo que pasa es que una persona que pasó varios años en esta situación probablemente, cuando alguien la rescata y le dice que es una víctima, no se identifica como tal.
–La reforma de la Ley de Trata del año pasado presenta avances de acuerdo con lo exhortado por Naciones Unidas. ¿Qué impacto generó a nivel internacional?
–Comprobar personalmente el fuerte compromiso de mi país en esta lucha es un orgullo. Me impactó siempre la voluntad política detrás de estas políticas públicas. Con respecto a la ley no soy especialista en el tema. Pero sí creo que es fundamental haber eliminado la idea de que existe algún tipo de consentimiento, es un avance enorme. Algunos funcionarios de Chile nos pidieron el modelo para verlo. Bolivia también, y además acaba de sacar su nueva ley recientemente.
–Sin embargo, se critica la falta de reglamentación de la ley.
–Sin perjuicio de que efectivamente está pendiente la reglamentación de la ley de trata, esto no impidió en ningún momento la plena vigencia e implementación de la misma. Yo no soy especialista en la cuestión legislativa, pero recuerdo que ya en el 2008 cuando se sancionó la ley se dio un gran debate al respecto, dado que muchos decían que con los programas que se creaban en el ámbito del Poder Ejecutivo no se requería generar una reglamentación por decreto. En ese momento, la resolución 2149/08, generaba bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete del entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Esta oficina centralizaba la mayor parte del accionar contra la trata y articulaba con las divisiones específicas de trata de personas de cada una de las Fuerzas de Seguridad Federales –que también fueron creadas por el entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, mediante la Resolución Nº1679–. Esta oficina de rescate de la que ya hemos hablado coordina su accionar con el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Ministerio Público (Procuración y Defensorías Generales de Nación), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de Turismo de la Nación. Esto evidencia que nuestro país desde un primer momento trabajó en forma interministerial y multidisciplinaria. Esto se estableció conforme los lineamientos internacionales en la materia, por citar uno de los primeros que recuerdo ya en el 2006: en la Primera Reunión de Autoridades Nacionales en materia de Trata de Personas de la OEA se instó a los estados miembros a estudiar el establecimiento de una entidad nacional interinstitucional encargada de la coordinación de las acciones para prevenir y luchar contra el delito de la trata de personas y garantizar la protección y atención a las víctimas. Sin lugar a dudas, es un gran avance en materia legislativa que la modificación de la ley de trata prevea la creación de un Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Pero hay que destacar que esto en la práctica ya se llevaba a cabo y funcionaba tal como ahora está previsto en la ley. De hecho, este Consejo que ya está funcionando en Jefatura de Gabinete reúne a referentes de las distintas carteras de Estado que hace años trabajan en la materia en forma conjunta. La normativa institucionalizó aquello que en la práctica ya se llevaba a cabo. A veces esto sirve para cristalizar lo que se viene haciendo y en ese sentido es un gran avance. Pero el hecho de que no estuviese explícitamente en papel jamás ha sido un obstáculo para el terreno, y lo operativo.
–¿Qué aportan las nuevas tecnologías para combatir los crímenes de trata?
–El material incorporado en las netbooks es muy interesante porque la idea es que el chico mismo arme una campaña de concientización. Es decir, se promueve el armado de blogs, el contacto con otros chicos de la región y a nivel internacional. La idea es utilizar las nuevas tecnologías para llegar no sólo a los adultos sino a los chicos para prevenir el delito. En el uso de las nuevas tecnologías hay que tener mucho cuidado porque existen casos de gran exposición por estos medios. El usuario es responsable por la información que publica, es decir, es el único que puede tomar algún recaudo al respecto. En especial el público infantil, que no tiene una idea muy clara al respecto. Uno de los programas que llevamos a Naciones Unidas y que es muy interesante se llama “Con vos en la web”. Es un programa del Ministerio de Justicia, que trabaja sobre la concientización de los peligros que trae exponer demasiados datos. Además tener ciertos recaudos al navegar Internet, cómo bloquear ciertas páginas, etc. La idea es proteger la información personal para no ser víctima de las redes de trata.
–Frente a todas estas medidas, ¿cómo se mostraron los medios?
–Recuerdo cuando salió el decreto, se veló el avance. Se deslegitimó afirmando que ésta era una medida del Gobierno en contra de la libertad de expresión. Es decir, según estos medios, el Gobierno estaba coercionando la libertad de los medios de publicar avisos de explotación sexual. Es absurdo. Se decía que el Estado estaba contra los medios y éste era un ataque. Aquí lo internacional jugó un rol muy importante, porque cuando esto pasa a ser aplaudido por todos los organismos internacionales y por los diferentes estados, la reacción de estos medios se volvió totalmente absurda. No les quedó otra opción que salir a decir: “Esto es una recomendación de Naciones Unidas”. Tenemos una oficina en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que controla la publicación de avisos de oferta sexual. Existe un equipo que controla este tipo de publicaciones. Por lo último que supe se redujeron muchísimo, sin embargo existían muchas resistencias. En algunos medios, aparece este tipo de avisos pero velados. Es decir, ofrecen, por ejemplo, masajes. Comenzaron a disfrazar lo que antes tenía un rubro propio.
–La estrategia del país para combatir los crímenes de trata parece actuar en distintos frentes...
–Cuando uno habla de lo trasnacional, es necesaria esta articulación. El primer sector que hay que proteger es el fronterizo; entonces es necesaria una articulación muy fuerte para controles fronterizos, que es una cuestión de prevención y de persecución del delito. Existen muchos trabajos con Paraguay, con Bolivia, etc. Esto se impone como agenda en el Mercosur. Vas a encontrar muchos acuerdos de ministros. Cuando el delito pasó a ser delito federal, todas las fuerzas de seguridad nacional formaron una división específica de trata. Estas divisiones que están muy capacitadas son las que brindaron capacitaciones en países limítrofes en lo que es la identificación de una víctima de trata en la frontera y la persecución. Otra pata fuerte son las oficinas de rescate de personas damnificadas, que funcionan actualmente en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La licenciada Zaida Gatti está a cargo y tiene profesionales que forman un equipo que acompaña a la división en el operativo de rescate. Hay que tener en cuenta que este funcionamiento implicó muchísimo trabajo, porque había que lograr visibilizar prácticas que estaban casi naturalizadas. Porque antes se veía a una menor en situación de prostitución y se justificaba por el lado del consentimiento. Porque las cadenas no se ven, entonces se pensaba que estaban ahí porque querían. Vivíamos en una sociedad que no estaba habilitada para ver. Lograr que se visibilizara esto implicó mucho trabajo, formación y capacitación, empezando por la policía hasta el personal de la salud (porque existen casos donde las víctimas son llevadas al hospital). Entonces el problema era cómo reconocer a las víctimas. Yo creo que el sector más duro para transformar, para capacitar y para obrar adecuadamente es el judicial. Este es el mayor desafío. Poder llevar una chica o chico víctimas de trata a un tribunal y que aquel que evalúa si es un caso de trata tenga una dimensión de la problemática y pueda identificarlos como víctimas. En todos estos temas Argentina brinda capacitación. La clave está en que el Estado, hoy, se hace cargo de las víctimas de trata, lo cual es sumamente complejo.
–Entonces, considera que mientras el Estado trabaja para combatir la trata, la Justicia actúa a contramarcha.
–El Poder Judicial siempre fue pensado como un cuerpo colegiado, al cual no pudiera acceder cualquiera. Con una forma de actuar muy corporativa y en conjuntos cerrados. Entrar a la Justicia es muy difícil. Con las fuerzas de seguridad se pudo trabajar a pesar de lo complejo que resultaba eso. En las capacitaciones, tomé contacto con jueces, abogados y demás, donde surgían planteos que uno no imaginaría jamás. Se sienten dueños de un saber muy arraigado que es difícil de transformar. Las políticas públicas apuntan a desmitificar para habilitar una transformación profunda de esta situación. Pero la desmitificación opera en la práctica cuando se institucionaliza, y para eso es fundamental el Poder Judicial. Este es el mayor desafío, ya que se trata de un sector muy conservador. No es fácil introducir el cambio. Esto es una piedra muy grande y a veces dificulta profundamente el progreso en este sentido.
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