A fines de 2009, un amplio abanico de referentes políticos, gremiales, académicos, del ámbito de la Justicia y de los organismos de derechos humanos hicieron público el Acuerdo para la Seguridad Democrática (ASD), documento de diez puntos que cuestionaba “las respuestas estatales autoritarias e ineficientes frente al delito” y hacía eje en la necesidad de transformar a las fuerzas de seguridad en instituciones “comprometidas con los valores democráticos”. Cuatro años después, tras la escalada de levantamientos policiales en distintas provincias, varios de los especialistas y académicos que integran ese espacio retomaron el diálogo formal con el Gobierno al ser recibidos por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, a quien plantearon la necesidad de que el gobierno nacional lidere una estrategia de democratización de todas las fuerzas, federales y provinciales. “Entendemos que el Estado nacional tiene la potestad política y la legitimidad para intervenir a partir de su responsabilidad internacional en materia de derechos humanos, pero también por experiencias exitosas en el marco del Consejo de Seguridad Interior”, explica el criminólogo Enrique Font, profesor de esa materia en la Universidad Nacional de Rosario. “Encontramos amplia disposición para atender las propuestas del ASD y una clara comprensión del tema”, rescata el ex fiscal Hugo Cañón, presidente de la Comisión por la Memoria bonaerense. El encuentro concluyó con el compromiso de establecer una agenda de trabajo que en principio propondrán académicos y especialistas de los organismos.

El ASD, impulsado por el ex ministro León Arslanian y por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presentó el 29 de diciembre de 2009 en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso con una inusual adhesión de dirigentes oficialistas y opositores, que suscribieron el documento y posaron detrás de los principales dirigentes del movimiento de derechos humanos. Frente al tradicional discurso de mano dura y a las propuestas de darles más poder a las policías, puso el acento en la necesidad de un verdadero control político de las fuerzas, en la formación y profesionalización de los funcionarios policiales, en la descentralización de la organización policial y en terminar con el esquema delegativo de la seguridad en policías que se limitan a regular negocios ilegales.

“El ASD logró un amplio consenso en la necesidad de ir a fondo, pero no ha sido considerado prioritario” por el Gobierno, admite Cañón, titular de un organismo que denuncia sistemáticamente violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. “Hoy resulta impostergable”, alerta. “No controlar políticamente a las fuerzas importa una delegación que apareja subordinación y dependencia. Mucho sabemos de condicionamientos al poder político por parte de corporaciones y grupos concentrados mediante golpes de mercado o campañas destituyentes. Hoy las desestabilizaciones institucionales no se realizan mediante las Fuerzas Armadas sino mediante las policías, como se ha advertido en Ecuador y Bolivia, según la nueva línea del Norte que reemplazó la doctrina de la seguridad nacional por la de seguridad ciudadana”, explica.

“El ASD fue una herramienta importante para poner sobre la mesa y cuestionar los discursos que sostenían que el único modo de responder a la demanda de seguridad es con mensajes de endurecimiento y contraponiendo seguridad vs. derechos humanos”, explica Paula Litvachky, del CELS. “Fue positivo a nivel discursivo, de paradigmas y modelos políticos, ya que hoy está instalada esta mirada con contenido democrático de la seguridad. Lo más dificultoso es avanzar sobre reformas específicas en las propias policías y en políticas de mediano y largo plazo”, dice.

Los levantamientos de diciembre, que incluyeron extorsiones a gobernadores y saqueos fogoneados por uniformados, fueron el disparador del encuentro con Capitanich. “Los levantamientos mostraron una situación límite, son la expresión cruda del ‘manodurismo’ que ejercita la ilegalidad, regula el delito y condiciona al poder civil”, resume Cañón. “Hubo una respuesta coyuntural, se generaron acuerdos problemáticos que ahora hay que ver cómo se reconducen, pero lo central es la necesidad de una salida política que implique retomar el trabajo sobre la gobernabilidad de las policías –plantea Litvachky–. Esos acuerdos no pueden quedar como una claudicación política, y para que eso no suceda hay que fortalecer el gobierno político y rediscutir el modelo policial.”

Si bien la seguridad es una facultad que las provincias no delegaron en la Nación, Font apunta “dos argumentos sólidos” para fundamentar que “el gobierno nacional puede liderar una estrategia de democratización de fuerzas provinciales sin erosionar esa responsabilidad prioritaria y primaria”. Primero: el Estado nacional es responsable ante los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos por las violaciones que comete cualquier agente policial o penitenciario. El segundo pasa por aprovechar la Ley de Seguridad Interior y en su marco el Consejo homónimo, como ocurre en salud, educación y otras áreas, donde los consejos coordinan los enfoques nacionales y de las provincias. “El gobierno nacional ya lo usó inteligentemente en gestión tres años antes de la creación del Ministerio de Seguridad, con Héctor Masquelet, secretario del Consejo y luego de Seguridad Interior, que llevó adelante una política de construcción de consensos sobre formación policial y para establecer lineamientos básicos con resultados importantes”, destaca Font. “El Consejo está más asociado a situaciones de crisis, complejas, pero puede tener un funcionamiento estable y servir para llevar adelante políticas de fondo entre Nación y provincias, aunque es una herramienta más”, explica Litvachky.

“Las dos líneas que el Gobierno podría liderar pasan por la democratización de las instituciones policiales y el perfil profesional de los policías, ambas adaptables fácilmente a un contexto como el de un consejo federal”, destaca Font, quien confía en la posibilidad de avanzar. “El Gobierno mostró capacidad para producir cambios en políticas de seguridad”, afirma, y cita como ejemplos la creación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en reemplazo de la militarizada Policía Aeronáutica, y antes “la sensibilidad política que tuvo Kirchner al comienzo de su gestión frente a las muertes en protestas sociales, con un trabajo efectivo sobre las fuerzas federales, pero también presionando a las provincias para que no hubiera más víctimas”.