“Eliminar la violencia de género en la pareja requiere cambiar la cultura de una sociedad que todavía reserva para las mujeres un papel de subordinación, fragilidad y dependencia, emocional y económica”, advirtió la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, entidad especializada en la temática. En una entrevista con Página/12, Gherardi hizo un balance de los avances y las políticas pendientes para brindar protección a las mujeres que buscan salir de una relación de pareja atravesada por la violencia machista.

–La violencia contra las mujeres en las parejas se manifiesta de diversas formas y en distintos contextos. Por ese motivo no hay recetas únicas que nos permitan saber qué hacer frente a cada una de ellas, sino que hay que considerar varios factores, incluyendo el contexto y la situación personal, emocional y social de la mujer. Lo más importante es, primero y principal, asegurar la protección de la mujer y al mismo tiempo construir el camino hacia la superación de la situación de violencia. La denuncia ante la Justicia permite poner en marcha dispositivos de protección –cuando la denuncia se hace ante la Justicia civil, por ejemplo, pidiendo medidas cautelares de protección como la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento del agresor–. La denuncia también permite buscar formas de sanción –cuando la denuncia se hace ante la Justicia penal, por los delitos que se pueden haber cometido, como la violencia física que deriva en lesiones, agresión sexual, intentos de homicidio–. Pero por las circunstancias especiales en que se da esta violencia, donde hay un vínculo afectivo entre el perpetrador y la mujer, no siempre las mujeres se encuentran preparadas para plantear las denuncias y, sobre todo, para sostenerlas. Cuando las denuncias se plantean sin un trabajo previo de fortalecimiento de la mujer, sin una red de contención –que la ayude a sostenerse desde el punto de vista emocional y psicológico– encontramos, muchas veces, denuncias que son retiradas o abandonadas poco tiempo más tarde.

–La experiencia indica que, además de buscar la forma de garantizar la protección de la mujer –para que el daño no se agrave aún más–, es de suma importancia generar las condiciones emocionales y materiales para que pueda sostener la decisión de abandonar esa relación violenta.

–De la mano de una tendencia internacional y regional hacia el tratamiento de la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos, el marco legal vigente en Argentina se fue perfeccionando en los últimos años, y con él se mejoraron las herramientas procesales para responder a los pedidos de protección de las víctimas. Sobre todo, se fue extendiendo en la sociedad la conciencia sobre lo inaceptable que resulta la violencia contra las mujeres en las parejas. Desde ese convencimiento, se comenzó a trabajar en la sensibilización y capacitación de quienes deben aplicar las leyes y garantizar la protección de las mujeres: distintos actores dentro del Poder Judicial, las defensorías y fiscalías. En mi opinión, la observación y monitoreo del trabajo que se hace desde la Justicia permite evaluar críticamente los avances y nudos críticos, además de generar responsabilidad por las deficiencias que se encuentran en las respuestas que brinda y las que debe brindar. Al mismo tiempo, esta mirada particular sobre la Justicia permite identificar los problemas que persisten en la falta de coordinación no sólo dentro del propio Poder Judicial, sino también de éste con el Poder Ejecutivo, en políticas públicas de salud, contención, subsidios económicos, vivienda, empleo, que todavía son insuficientes, desarticuladas y poco difundidas.

–Cuando una mujer toma la decisión de poner fin a una pareja violenta entran en juego muchas cuestiones: en ocasiones, se trata de admitir el fracaso de un proyecto personal, de la expectativa colocada en un proyecto de vida y de pareja. A la incertidumbre emocional que eso significa, muchas veces se suma la incertidumbre económica derivada de la dependencia respecto del agresor, y el temor por la situación de vulnerabilidad que sigue a la decisión –¿cómo sostenerse emocional y económicamente? ¿Cómo sostener la familia y los hijos, si los hay?–. Las respuestas que falta mejorar para las mujeres tienen que atender estas cuestiones que configuran lo que llamamos obstáculos subjetivos para superar situaciones de violencia en las parejas. Son obstáculos que se suman a los varios obstáculos materiales, que no son pocos, pero que pueden sortearse con las ayudas necesarias. Las políticas públicas que deben todavía implementarse deben dirigirse a superar esas vulnerabilidades, contribuyendo a construir las condiciones materiales y subjetivas necesarias para que las mujeres retomen el control de sus vidas, acompañando sus decisiones y garantizando la protección inmediata a través del buen funcionamiento del sistema de administración de justicia.

–Eliminar la violencia de género en la pareja requiere cambiar la cultura de una sociedad que todavía reserva para las mujeres un papel de subordinación, fragilidad y dependencia, emocional y económica. Identificadas en esos roles, las niñas y jóvenes comienzan a construir sus vínculos personales y sentimentales a partir de un papel que pareciera serles otorgado socialmente. Si queremos mujeres plenas, capaces de dirigir sus vidas con autonomía y libertad, necesitamos transmitir este mensaje desde todas las formas posibles: la educación temprana, los medios de comunicación, las publicidades, la literatura, la cinematografía, la política. No se puede decir que existan países que hayan logrado eliminar por completo la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Pero aquellos que han avanzado son los que han fijado este tema realmente como una prioridad de la agenda pública: reconociendo la dimensión del problema a partir de información pública oficial –con encuestas y registros de denuncias–, estableciendo un organismo rector para la coordinación de las políticas contra la violencia con jerarquía institucional, presupuesto y capacidad técnica y profesional, con campañas serias y permanentes, con recursos suficientes destinados a políticas sociales adecuadas, coordinadas y accesibles, poniendo en marcha un verdadero plan nacional que se proponga la coordinación interinstitucional que requiere el abordaje de un problema realmente complejo y enraizado en nuestra cultura.