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La política de comunicación impulsada por el gobierno de Mauricio Macri tendrá “consecuencias de difícil reversión”: restituye la posibilidad de los grandes medios de consolidar e incrementar sus niveles de concentración y vulnera el derecho a la libertad de expresión. Así lo definió Philip Kitzberger en esta entrevista de Página/12. El investigador del Conicet y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella analiza los pasos dados por la actual gestión y sus efectos negativos tanto para la Argentina como para otros países de la región.

–¿Qué análisis hace de la política de medios del actual gobierno y, más concretamente, de la filosofía que subyace al proyecto de ley de comunicaciones que está impulsando?

–Lo que uno puede advertir a partir de las declaraciones de algunos funcionarios ejecutivos, de los considerandos de los decretos y conociendo a algunos de los personajes que forman parte de la comisión redactora del anteproyecto, es que para ellos la concentración no es un problema; podría ser un problema en el caso de los medios que utilizan el espectro, que es finito y escaso, pero no lo es en los demás sectores. De allí que se haya quitado todo límite a la concentración en el cable o en los servicios por suscripción.

–¿Por qué tan especialmente en esos sectores?

–Porque allí la filosofía es que la acumulación de licencias o suscripción de audiencias no es un problema. El hecho de transferir el régimen de servicios de comunicación por suscripción al régimen de telecomunicaciones con una licencia única supone asumir que en ese sector no hay un problema de concentración. El otro punto importante es creer que la concentración en el sector de los medios es equivalente a la concentración de otros sectores de la economía y, por lo tanto, puede ser resuelta por una ley de Defensa a la Competencia o por una legislación anti-monopólica.

–¿Qué riesgos conlleva ello en términos de derecho a la libertad de expresión?

–La comunicación es un tipo de bien especial que ofrece un servicio a la ciudadanía, no se trata solamente de bienes de consumo sino de la producción de un bien público que tiene que ver con la democracia, la ciudadanía, la circulación de la información. Ellos (los actuales funcionarios del sector) ven a las audiencias como consumidores, sólo advierten una dimensión económica, no ven la dimensión cívico-democrática y cultural.

–¿Qué impresión le deja la audiencia que tuvo lugar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre todo en cuanto a las consecuencias en materia comunicacional?

–La audiencia que tuvo lugar en la CIDH deja un sabor agridulce, para aquellos que creen que los peticionarios tenían un reclamo importante hacia el Estado argentino por los decretos que tiraron abajo los aspectos más esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Algunos de los partícipes hablaban de un empate; yo creo que respecto de algunos aspectos fue decepcionante y en cuanto a otros, hubo algún resultado positivo. El Gobierno envió una comitiva cuyos integrantes fueron seleccionados en forma muy inteligente. Uno de los que formó parte de la representación del Gobierno había sido ex comisionado de la CIDH y el otro, relator de la Libertad de Expresión. Eso marcó la cancha en la audiencia. Quien presidía la Comisión destacó la notoriedad y el prestigio de los representantes del Gobierno argentino: eso les confirió legitimidad y los puso en una situación más cómoda.

–¿Cómo evalúa los argumentos de los peticionarios?

–Los peticionarios fueron muy claros en los puntos en los cuales la nueva situación regulatoria, que se inicia con los decretos del gobierno de Macri, vulnera derechos y estándares del sistema interamericano. La respuesta del Gobierno fue, precisamente, no responder en absoluto a esos planteos. Se limitaron a, por un lado, narrar las violaciones a los derechos que habrían ocurrido durante el pasado gobierno y justificar los decretos como una necesidad del escenario dejado por la administración anterior y, por el otro, hacer unas promesas muy vagas hacia el futuro, en relación al proyecto de ley que –según prometen– se va a sancionar en un futuro “próximo”, pero eso es poco claro. En definitiva, la delegación del Gobierno esquivó de manera muy hábil los puntos que se estaban discutiendo en la Comisión: hablaron de no mostrar una foto sino una película, de que en Argentina se vive una situación violatoria y de otras situaciones relativas a la libertad de expresión que se habían producido en el gobierno anterior.

–¿Y cómo ve la reacción de la Comisión frente a la falta de respuestas a las peticiones?

–Me parece que la Comisión fue muy benevolente y condescendiente con el Gobierno. Hasta uno de los comisionados lo dijo: “Es un gobierno nuevo, que está en sus inicios y por lo tanto no se puede evaluar”. El relator de la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza, sí marcó los planteos de manera amable, pero a su vez fue llamado al orden por quien presidía pidiéndole que fuera breve. No quiero decir que en la audiencia hubiera un sesgo, un favoritismo, pero estaba planteado el escenario de una forma tal que no se quería ir más allá de una conversación amable. Aun así, más allá de ese tono amable, me parece que sí quedó claro que el Gobierno está bajo observación y que estas medidas que ha colocado como transitorias serán observadas en el futuro. Y por último, hubo situaciones curiosas.

–¿Como cuáles?

–Ante uno de los reclamos del peticionario de que el decreto deroga las obligaciones de must carry, el funcionario Miguel de Godoy mintió diciendo que ya existía una Resolución del Enacom donde se restablecían esas obligaciones, y afirmó que esa resolución era del 1° de abril; finalmente esa Resolución salió pero con fecha posterior a la audiencia, lo cual muestra también el saldo positivo: el reclamo ejerce cierta presión sobre el Estado. La agenda de los derechos en relación a la libertad de expresión está a la defensiva, pero hay algunas cosas que se pueden hacer. La activación de actores, peticiones y otras instancias valen la pena, porque hay mucho por defender. Hubo retrocesos importantes, algunos irrecuperables.

–¿Cuáles son irrecuperables?

–Lo relativo a las disposiciones del límite a la concentración a la propiedad de medios de comunicación, me parece que allí sufrimos un retroceso que va a ser difícil de revertir. El DNU 267 anula la mayor parte de las limitaciones a la concentración de licencias, a la propiedad cruzada. Los grandes grupos de medios pasan de una situación de adecuación a otra donde ya no tienen esa obligación.

–Todo ello con la vulneración del artículo de la LSCA que no reconocía los derechos adquiridos, precisamente uno de los puntos de posible reversión de la concentración en el sector, si se hubiera terminado de implementar.

–Exactamente. Las consecuencias materiales de los DNU, por más que el gobierno los haya planteado como situación transitoria a la que “se vio obligado”, van a tener consecuencias de difícil reversión.

–Dentro de esa agenda defensiva de los derechos a la libertad de expresión, ¿cómo evalúa el artículo 85 de la Ley de Blanqueo de Capitales, que penaba con hasta dos años de cárcel a todo aquel que publique datos sobre los patrimonios de las personas involucradas?

–Uno supondría que un proyecto de ley de esa relevancia pasa por varios pares de ojos calificados antes de salir de los despachos del Poder Ejecutivo. Más que la falta de la proclamada sensibilidad frente a libertad de expresión por parte de sectores gubernamentales, lo que llama mucho la atención es que no advirtieran que una tan grosera invocación del derecho penal para restringir la difusión de información de interés público no tiene chances, afortunadamente, de convertirse en norma en la Argentina actual. La inmediata reacción pública fue ejemplar en ese sentido.

–Por poner un ejemplo, Telesur ha salido de la grilla de algunos planes de empresas de cable. ¿Qué previsiones tiene de este tipo de acciones?

–El otro caso es el canal de noticias de la Universidad de Córdoba, que Cablevisión quiere sacar de su grilla. La filosofía de la nueva regulación sostiene que quien presta un servicio de televisión por suscripción tiene un negocio legítimo y puede maximizar beneficios, no se piensa en un servicio que es esencial para la comunidad en términos culturales, cívicos, democráticos. Por lo tanto, puede decidir autónomamente qué poner y qué no en su grilla, consecuencia de haber sacado las obligaciones del deber de transportar, que ahora han repuesto, luego de haber sido presionados. En un país donde el 83 por ciento de los hogares recibe televisión a través del cable, la idea de que quienes prestan ese servicio tienen la obligación de incluir las señales públicas, locales, estatales, para garantizar el acceso a ciertos contenidos, no está contemplado en quienes manejan la política de comunicación en este gobierno.

–Dentro del concepto de interés público, hay una mirada “reflectiva” vinculada con la competencia, la búsqueda de mayores audiencias y el mercado, y otra “abierta” orientada a garantizar la diversidad y el acceso por fuera de la lógica del mercado. ¿Cómo ve la noción de interés público frente a la propuesta del reparto de la pauta oficial según criterios de rating? ¿Qué consecuencias tendrá en un evidente escenario de fragilidad de los medios para subsistir?

–Hasta ahora hubo insinuaciones de parte del gobierno en el sentido de que ellos tendrán una política distinta en cuanto a la distribución de la pauta oficial. Las declaraciones de los funcionarios advirtiendo que la pauta se debe ajustar al rating tienen un argumento tramposo: si la pauta oficial se compone por la comunicación de campañas de concientización o asuntos de interés publicado, debe llegar a los medios de mayor audiencia.

–¿Por qué dice que el argumento es tramposo?

–Porque sólo ve una cara del problema. En primer lugar, si prevalece ese criterio serán favorecidos los grandes medios en detrimento de los más pequeños, y eso afectará la sustentabilidad de una cantidad enorme de medios en la Argentina. En mi opinión, debería haber una política que separe la publicidad oficial de mecanismos de subsidio estatal a medios alternativos, más pequeños; que el criterio no responda a la lógica de las audiencias. De una vez por todas necesitaríamos una separación clara. Es cierto que en un mercado de medios que depende fuertemente del Estado, tanto el gobierno nacional como el de la ciudad y los gobiernos provinciales, han utilizado esa dependencia. Eso debe ser repensado, debe haber un sistema de subsidios que garantice una diversidad y pluralidad de medios que exceda la lógica de audiencia y de tamaño. La visión predominante de los funcionarios es que si el gobierno debe comunicar algo, lo haga a través de los medios de mayor número de audiencia.

–Ese reparto de pauta es presentado por el gobierno nacional como un criterio “objetivo” y de “calidad”. ¿Qué análisis hace de los términos “objetividad” y “calidad” para referirse a este reparto?

–Es un enorme problema porque la medición de audiencia, llevada a cabo por Ibope en Argentina, recoge una muestra no representativa, de población urbana y sólo de algunos medios, lo cual conlleva una gran cantidad de sesgos y problemas. Además, lo que subyace es la idea de que el ciudadano elige, si los ciudadanos ven mayoritariamente más un medio que otro es lo que quieren, esto es la idea de que la oferta satisface las demandas de los ciudadanos. Ese argumento no contempla que la libertad de expresión requiere también que la ciudadanía esté expuesta a diferentes puntos de vista, más allá de sus preferencias inmediatas en relación al consumo. En una esfera pública deben ser audibles diferentes opiniones y verse representados diferentes intereses. Ahí hay un argumento perverso que limita la idea de qué quiere decir pluralismo, libertad y libertad de expresión.

–¿Cómo cree que impactará la política de comunicación el gobierno de Macri en el resto de la región?

–La LSCA, en 2009, fue para toda la región una referencia muy importante y un caso inspirador. Por ese motivo es que uno recibe muchas adhesiones de solidaridad, de inquietudes por parte de figuras comprometidas que ven con mucha preocupación lo que está pasando en Argentina. Dado que la LSCA ha sido considerada un precedente importante –incluso por las relatorías de libertad de expresión del CIDH y Naciones Unidas–, frente al virtual giro a la derecha hay temor de que se produzca un efecto contagio. Y así como abre temores en sectores comprometidos con agendas de ampliación de derechos en esta materia, también genera expectativas en quienes quieren revertir estos procesos.

–¿Por ejemplo?

–Los sectores empresariales, los grandes conglomerados de medios en la región, ven con simpatía lo que está ocurriendo en Argentina. Asimismo, la oposición ecuatoriana, Mauricio Rodas y Guillermo Lasso, prometen revertir todo lo hecho por la revolución ciudadana de Correa si llegan al poder. El Partido Blanco uruguayo también ha declarado públicamente que cuanto tengan mayoría legislativa derogará la ley de servicios de comunicación audiovisual que se aprobó a fines de 2014 en Uruguay. Una buena noticia es que luego de los decretos dictados en Argentina –que generaban esta sensación de efecto dominó en un sentido inverso–, la Corte Suprema uruguaya ratificó la constitucionalidad de casi todos los artículos de la ley de servicios audiovisuales, que se encontraba judicializada. Allí hay una decisión positiva con la esperanza de que algunas cosas queden y se mantengan.

–Esa judicialización detuvo cualquier avance en la implementación, de hecho.

–Luego de la sanción de la ley, los avances han sido bastante exiguos. Al iniciar su segunda presidencia, Tabaré Vázquez afirmó que no quería reglamentar la ley hasta tanto la Corte Suprema no se expidiera. Por lo tanto, el fallo ha sido importante, porque compromete al gobierno a avanzar. Quiero remarcar que todos los avances que se produjeron en este campo de la mano de los gobiernos progresistas de América Latina no han estado exentos de tensiones; por un lado, están las agendas de democratización de la comunicación y de los medios, promovidas por coaliciones o movimientos reformista dentro de la sociedad y, por otro lado, están los gobierno cuyos integrantes comparten en parte estas agendas.

–¿Cómo se traducen esas tensiones en el campo de la comunicación?

–Esas tensiones se expresan en la propia redacción de la ley orgánica de comunicación, como en el caso de Ecuador, donde el gobierno ha metido la cuchara en la redacción de la ley para establecer ciertas disposiciones que no tienen que ver con defender la libertad de expresión sino con controlar voces opositoras. La implementación de estas leyes requiere de una aplicación universalista y no selectiva de todo aquello que estipulaban las nuevas leyes. Entonces, me parece que hay ahí unas tensiones importantes que han sido un problema en estos procesos y que han tenido ciertos costos.

–¿Es posible establecer un paralelismo entre la ley argentina y la uruguaya, como ejemplos de la región que ha seguido parámetros similares?

–Si bien desde las voces críticas se ha puesto a todas las reformas en la misma bolsa, hay una diferencia muy importante en los tipos de reformas legales que se han llevado a cabo en la región. Se puede establecer un grupo formado por los países de la cuenca del Plata y otro compuesto por los países andinos. Las leyes argentina y uruguaya no por casualidad se llaman igual; son leyes cuyo principal foco regulatorio es la estructura de propiedad, poner ciertos límites a la concentración de los monopolios, diversificar el tipo de propiedad de medios, que no haya medios sólo privado-comerciales sino público-estatales y sectores privados sin fines de lucro. Aquello que han regulado en términos de contenido, de establecer cuotas de producción local o ciertas restricciones a la programación, siempre estuvo en función de estándares internacionalmente aceptados tales como la protección a los derechos del niño, la restricción en términos de la protección a los menores o de la integridad de las personas.

–¿En qué se diferencian estas normas de las implementadas en los países andinos?

–Los países andinos, especialmente Venezuela y Ecuador, impulsaron leyes cuyo foco principal ha sido la regulación de los contenidos, y han sido regulaciones polémicas. En primer lugar, establecen ciertas adjetivaciones, los contenidos deben ser objetivos, probados, verificados, la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana se refiere a la prohibición al linchamiento mediático, es decir, estipulan sanciones para cierto tipo de contenidos y alguien debe evaluar si esos contenidos responden a esa naturaleza, y además las definiciones acerca de cuáles son los contenidos no admitidos son interpretables. A eso se suma que las agencias creadas para evaluar esos contenidos no ofrecen, en buena medida, garantías de que tales interpretaciones sean imparciales, ecuánimes. En el caso de Venezuela, es muy claro cómo la Ley Resorte de 2004 respondía a la crisis de 2002/2003, al paro de petroleros, el golpe de abril de 2002, donde sin duda los grandes medios privados opositores tuvieron un comportamiento muy cuestionable sobre cómo cubrieron esos acontecimientos, esa crisis. Pero a partir de esas preocupaciones muy coyunturales, los reguladores establecieron algunas restricciones para evitar que volvieran a pasar estas cosas, y crearon así instrumentos que se prestan a un uso discrecional. Entonces en América Latina hay regulaciones muy distintas, en el caso de Argentina y Uruguay tiene que ver también con su historia, con cómo han surgido y del peso de las coaliciones de la sociedad civil que han participado, comprometidas con ciertos principios de derechos humanos y estándares y que los gobiernos han hecho suya y, en otros casos, han prestado otros factores, no casualmente en Venezuela y Ecuador los procesos de sanción de las leyes han sido menos participativos que en Argentina y Uruguay. Esas diferencias merecen destacarse.

–En Brasil hubo un intento fallido de regular el sistema de medios. ¿Qué rol jugaron las grandes corporaciones mediáticas en esta frustración? ¿Qué rol observa en esos mismos medios en el impeachment de Dilma Rousseff?

–En Brasil, bajo los gobiernos del PT –sectores del gobierno y de la sociedad civil ligados al gobierno, integrantes de una coalición llamada Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación– hubo intenciones de llevar adelante reformas legales; aunque estas iniciativas fracasaron por razones políticas y mediáticas. Políticas porque, a diferencia del caso argentino, el gobierno del PT ha sido siempre un gobierno minoritario en coalición con partidos que no comparten sus posiciones programáticas, el PMDB y los partidos evangélicos. El PT siempre ha gobernado en coaliciones muy heterogéneas y nunca ha tenido mayorías propias que le pudieran permitir pasar una legislación de medios similar a la de otros países de la región, eso habla de sus propias limitaciones políticas. Muchos de sus aliados están comprometidos con intereses de grandes medios, famosos coroneles mediáticos ligados a las grandes redes como Globo. En segundo lugar, también hay un poder simbólico por parte de los grandes medios, especialmente por la Globo, a quienes es más difícil cuestionar, y por lo tanto los dos gobiernos, tanto el de Lula como el de Dilma, han sido más tímidos en sus iniciativas reformistas. De hecho, los proyectos de ley impulsados nunca llegaron al Parlamento. En Brasil, nunca hubo un cuestionamiento sistemático por parte del gobierno sobre cómo los medios construyen sus agendas, los puntos de vistas que forjan, los encuadres que establecen. El gobierno fue mucho más deferente. El caso de Argentina y otros de la región no sólo hubo reformas legales sino que se politizó la cuestión de cómo los medios son actores que disputan poder, ha habido una desnaturalización y algo de eso ha quedado. La sociedad hoy mira a los medios de otra forma, los considera actores de poder, actores que no reflejan una realidad objetiva sino que tienen intereses y, en función de ello, construyen sus agendas.