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El Gobierno se topó con otro problema al que no le encuentra solución y que, a medida que pasan los días, lo complica más y más. Se trata de la devolución del 13 por ciento en los salarios de empleados públicos y jubilados. La Justicia dictó ayer un nuevo fallo que ordena al Poder Ejecutivo suspender de inmediato la aplicación del recorte en los haberes previsionales y restituir en pesos el dinero descontado desde mediados de 2001 dentro del plazo de 90 días. La medida alcanza a todos los jubilados del país y se tomó en respuesta a una acción de amparo promovida por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La resolución es todavía más dura que la que emitió anteayer un juez laboral, quien también dispuso terminar con el descuento para el caso de los trabajadores de 16 sindicatos vinculados al sector público.
Ambos fallos dañaron severamente los planes de Roberto Lavagna y Alfredo Atanasof, quienes diseñaron un esquema de devolución del dinero muy distinto al que establece la Justicia. Economía y la Jefatura de Gabinete quieren postergar la restitución del 13 por ciento hasta enero de 2003 y cancelar la deuda generada hasta entonces con un título público. De hecho, así figura en un decreto de necesidad y urgencia que hasta el momento sólo lleva la firma de Lavagna. El jefe de Hacienda busca cumplir con el reclamo del FMI de no comprometer las cuentas fiscales de este año. Atanasof lo apoya y sigue diciendo que esta semana el decreto estará firmado.
Sin embargo, Duhalde todavía no ordenó al resto de sus ministros que rubriquen el decreto. La ministra de Trabajo, Graciela Camaño, se enfrentó a Lavagna y Atanasof y le aconseja al Presidente que haga un gesto para descomprimir la tensión social, acatando las órdenes judiciales. Su primera recomendación fue empezar a pagarles el salario completo, aunque sea a los jubilados con haberes de entre 500 y 800 pesos. Pero luego sugirió cumplir con lo que ordenaron distintos magistrados. Un argumento técnico que da la cartera laboral es que la declaración de inconstitucionalidad del recorte que hizo la Corte Suprema debe inhibir al Poder Ejecutivo de apelar los fallos posteriores, basados en la doctrina del máximo tribunal.
Pero más importante es el posicionamiento político. Por un lado, Camaño entiende que el Gobierno debe trabajar para mejorar su imagen pública, por si acaso fuera necesario permanecer en el poder más tiempo del previsto, ante las indefiniciones de la interna peronista y de la salida electoral. Por otro lado, la ministra asegura que no hay margen social para generar más irritación. “La gente no aguanta más y lo peor que podemos hacer es provocarla para que estalle”, le dice Camaño a Duhalde, que escucha sus argumentos y demora una decisión.
La mesa de conducción del bloque de diputados justicialista se reunirá esta mañana con Lavagna en el Palacio de Hacienda. El apoyo del Congreso a Camaño es claro. La mayoría de los legisladores considera que embarcarse en una batalla judicial buscando postergar lo inevitable, porque la Corte ya se pronunció contra el descuento del 13 por ciento, es un grave error. Además del tema del descuento salarial, los diputados hablarán con Lavagna sobre el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Por otra parte, el bloque del ARI presentó ayer un proyecto de ley para que la deuda con jubilados y trabajadores se cancele en una sola cuota en pesos o Lecop.
En cuanto al fallo que se conoció ayer, fue dictado por la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social y declaró inconstitucional el recorte del 13 por ciento para los jubilados. En consecuencia, ordenó que el Poder Ejecutivo “se abstenga de aplicarlo en el futuro” y que “restituya a los afectados las sumas debidamente descontadas, en pesos y dentro del plazo de 90 días”. Este último punto torna la resolución más complicada para el Gobierno, puesto que debería desembolsar antes de fin de año unos 950 millones de pesos, además de los 69 millones mensuales para liquidar los haberes completos. En la ANSES sostienen que tienen los fondos para empezar a pagar los salarios sin el recorte y que hacerlo es una decisión política.
La acción de amparo sobre la que falló la Cámara había sido planteada por Mondino el año pasado. En primera instancia fue desestimada, pues se cuestionó su legitimidad para representar a todos los jubilados. Pero el tribunal de alzada resolvió que esa sentencia “debía ser revocada”. Para apuntalar la decisión de fondo, los magistrados se remitieron al fallo de la Corte de hace tres semanas. Además de los jubilados, la resolución beneficia a quienes hayan sufrido descuentos en la percepción de asignaciones familiares.