[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El Gobierno logró ayer un acuerdo inicial con la Corte Suprema de Justicia para financiar el proceso electoral, al mismo tiempo que aumentó el nivel de choque con la Cámara Nacional Electoral, el tribunal que fiscaliza los comicios. El Ejecutivo girará en total diez millones de pesos a la Corte para que se pague la organización de las internas abiertas, la primera vuelta y eventualmente el ballottage. Paralelamente, los funcionarios de Interior acusaron a la Cámara de pedir cifras “exorbitantes, que no tienen nada que ver con la situación del país y con las asignaciones a la Justicia en elecciones anteriores”.
El ministro del Interior, Jorge Matzkin, y el subsecretario Christian Ritondo anunciaron el acuerdo con la Corte, que es la que administra los fondos –la Cámara no recibe partidas relacionadas con la organización de los comicios– y el dinero termina en manos de los jueces electorales que son los encargados de poner todo en marcha. El giro será mensual, de 1.250.000 pesos, y abarcará desde setiembre hasta el 30 de marzo. El total serán los diez millones.
En Interior insisten en que en años anteriores siempre la Justicia había demandado algo así como 1.200.000 pesos mensuales y que esa cifra resultaba suficiente. Sin embargo, esta vez la Justicia juega un papel completamente distinto. Por de pronto, está obligada a organizar las internas, algo que antes hacían y pagaban los partidos. Los jueces sólo intervenían si se presentaba un conflicto. Tampoco se ocupaban del envío y repliegue de las urnas a las escuelas ni menos todavía de los escrutinios provisorio y definitivo de la elección general, algo que siempre estuvo en manos del Ministerio del Interior. También en esa materia, los jueces sólo intervenían cuando se suscitaba algún conflicto, ahora deben organizar y pagar todo. A raíz de estas enormes discordancias, surge una gran diferencia en los presupuestos y, de hecho, acusaciones cruzadas. El Ministerio del Interior sugiere que los jueces quieren manejar mucho dinero y la Justicia sugiere que la Casa Rosada sólo quiere evitar que las internas se hagan.