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La Legislatura porteña resolvió tratar hoy la ley que establece la obligatoriedad del secundario y la consiguiente incorporación a la enseñanza media de los 16 mil adolescentes que hoy están fuera de la escuela. La iniciativa, impulsada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, será seguramente aprobada porque el Frente Grande y los radicales consiguieron reunir los votos necesarios para hacerlo, pero de todos modos el tratamiento promete estar acompañado de un fuerte debate: si bien el peronismo no se opone al planteo de fondo del proyecto, sostiene que el apoyo que se promete a fin de implementar la ley en los colegios públicos debe hacerse extensivo a los privados, mientras que los legisladores de izquierda reclaman, por el contrario, la eliminación total de los subsidios a los establecimientos de ese sector. Además, desde el radicalismo pretenden incorporar expresamente en la ley un sistema de becas para garantizar la efectiva permanencia de los chicos en la escuela.
El despacho de mayoría que los legisladores discutirán en el recinto es prácticamente igual al proyecto que a mediados de mayo pasado presentaron el jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra, y su secretario de Educación, Daniel Filmus, como una de las principales líneas de acción de la administración porteña. De hecho, la entrada en vigencia de la ley convertirá a la ciudad de Buenos Aires en el primer distrito de América Latina con secundario obligatorio siempre y cuando las metas que prevé la iniciativa para los próximos cinco años –el plazo establecido para su plena entrada en vigencia– sean cumplidas.
En la actualidad hay unos 16 mil jóvenes que no cursan el secundario. El propio Filmus explicó en su momento que “no es imposible” incorporar a ese 10 por ciento que queda afuera, pero destacó que “se requerirá pasar de una inversión de 10,3 millones de pesos a 26,5 millones” en el nivel medio. Es que para hacerlo, habrá que construir nueve escuelas en las zonas más pobres y llegar a otorgar 40 mil becas.
El texto consensuado por la mayoría de los legisladores no asegura expresamente el cumplimiento de esos requisitos que resultan necesarios para la plena vigencia de la obligatoriedad. Lo que dice es que se garantizará “la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y el logro académico de los alumnos en el sistema educativo a través de programas de promoción y apoyo a la escolaridad”.
Por esa razón, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Caram, planteará en el recinto la necesidad de establecer en la ley un sistema de becas para que los chicos no abandonen la escuela. El radical propone entregar 50 pesos por mes a todos los adolescentes que cursen el secundario y cuyos padres no paguen el impuesto a las Ganancias, porque en ese caso tienen permitido deducir los gastos en educación de sus hijos.
La incorporación propuesta por Caram cuenta con el apoyo del bloque del radicalismo, aunque no promete ser el tema central de debate. Mucho mayor es la disidencia del PJ frente al artículo que establece que los programas de promoción y apoyo a la escolaridad que debe implementar el gobierno porteño se limiten a las escuelas públicas. El peronismo –encolumnado detrás del dictamen de minoría firmado por Santiago de Estrada y Alba González– advierte que no se debe privilegiar a la escuela pública sobre la privada “en base a criterios ideológicos y políticos”. Los defensores del despacho de mayoría afirman que detrás de esa postura se esconde la intención de obtener en el futuro mayores subsidios para los privados.
En el otro extremo, la izquierda defiende un dictamen impulsado por Vilma Ripoll. Lo que pretende es la eliminación lisa y llana de los subsidios a los colegios públicos y plantea, incluso, la posibilidad de expropiar a aquellos que cierren como consecuencia de esa medida para asegurar la continuidad de la educación de sus alumnos.