Desde su lugar de trabajo como coordinadora general de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y desde su espacio de militancia política en la Corriente Nacional y Popular 25 de Mayo, Felisa Miceli busca recuperar un lugar en la política tras la traumática salida del gobierno de Néstor Kirchner. En un momento político delicado para el Gobierno, por presiones vinculadas con la política económica, Miceli conversó con Página/12 sobre este y otros temas. Como ministra de Economía, sufrió en carne propia la oposición de la dirigencia agropecuaria a las retenciones a la exportación. Hoy defiende ese instrumento, delinea un probable camino de negociación, opina sobre los grupos que presionan y se oponen a la política oficial y plantea la construcción política que necesita un “gobierno transformador” para tener respaldo y lograr sus objetivos.

–Considerando la reacción que provocó la aplicación de retenciones móviles a la soja y otros granos, ¿se justifica haber tomado la medida en este momento?

–Completamente. Enfocando el tema desde la preocupación por la inflación, hay componentes importantes de la Canasta Básica de Alimentos que dependen del valor de los commodities. El primer objetivo de las retenciones móviles es desacoplar los precios internacionales de los precios internos. Un segundo aspecto es el aporte de la recaudación por retenciones al superávit, que permite redistribuir ingresos a través de la orientación del gasto público. El tercero objetivo es aportar a la configuración de una matriz productiva, al permitir el acceso a materia prima barata para utilizarla como insumo en la cadena agroindustrial. Si todos esos productos primarios se cotizan a precio internacional, su único destino va a ser la exportación y queda comprometida toda la industria que debe abastecerse de ellos. Por todas estas razones se justifica que el Estado tome partido en el reparto cuando se genera una renta extraordinaria, por suba de precios y no por mayor eficiencia o por inversiones del productor.

–¿Y por dónde ve la salida al conflicto? ¿Hay márgenes de negociación?

–Como yo veo el problema, hay que resolver y contemplarle al productor el aumento de sus costos. Hubo subas en los insumos, en la mano de obra, en el costo del transporte. Al fijar el precio que recibe el productor con las retenciones móviles, después de que aumentaron los costos, el nuevo esquema le está comiendo una parte de la rentabilidad. Ahí es donde hay que actuar, en equilibrar los costos de la producción. Y estoy convencida de que es lo que va a hacer el Gobierno cuando llegue el momento.

–¿Comparte la opinión de quienes dicen que hay intencionalidad política detrás del paro, a tres meses de haber llegado Cristina Kirchner al Gobierno?

–A mí (refiriéndose a su período como ministra) me hicieron un paro de una semana, que al igual que el actual me pareció totalmente desproporcionado. Yo diría que son paros por razones que, más que políticas, son ideológicas. Están en contra de cualquier tipo de participación del Estado en sus ingresos. No creo que busquen hacerle un daño al Gobierno, pero no se bancan que haya alguna regulación estatal. ¡Pero cuidado! El campo no es todo uno solo. No es lo mismo un productor frutihortícola, un productor ganadero de baja escala o un tambero, que un pool de siembra (fondos inversores con objetivos lucrativos de corto plazo). Y ahora que la economía funciona sólidamente es el momento de empezar a desarrollar políticas específicas.

La lechería, por ejemplo, necesita una reconversión. Se suele plantear que hay una suerte de antinomia entre tambos y actividad agrícola, porque ésta desplaza a los primeros de las tierras productivas. Y no es así, porque en una concepción más moderna el tambo se considera una unidad productiva tipo empresa, no a campo abierto. El ejemplo es Holanda, que desarrolló la actividad lechera sin tener territorio. La lechería ya vivió una reconversión, cuando incorporó el sistema de ordeñe mecánico, reemplazando el sistema a mano. Hoy necesita una nueva reconversión. Pero para ello es imprescindible contar con créditos baratos. Los campos que se utilizan para alimentar las vacas podrían utilizarse para cultivos agrícolas y hacer el engorde de los animales en corral.

–¿Qué elementos de una política antiinflacionaria están faltando hoy?

–Hay que profundizar la política antimonopólica. Durante nuestra gestión, con los acuerdos de precios nos fue bien un año. En el segundo año implementamos mecanismos de compensación (de costos). Pero faltó transformar la Comisión Nacional de Defensa de Competencia, que debería ser un tribunal. Y avanzar en una ley antimonopolios que vaya contra los abusos de empresas con posición dominante, no sólo en precios sino en las condiciones comerciales. La concentración económica no es un fenómeno local, sino que reproduce una matriz mundial. También se da en la comercialización. Son fenómenos que no se puede evitar que ocurran, pero hay que ponerlos en observación para que se respeten las normas y las prácticas comerciales, sobre todo en la relación con las pymes.

–¿Existen presiones de esos grupos monopólicos que le impiden avanzar más al Gobierno en este sentido?

–Cuando un gobierno es transformador, sabe que tendrá presiones, porque hay sectores que se van a ver afectados por sus políticas. Pero es imprescindible avanzar a pesar de ellos. Si no, son esos mismos grupos los que terminan armando la política económica. Hay que reforzar los controles, las regulaciones, la legislación y las políticas antimonopólicas. Tener instrumentos que le otorguen autonomía y permitan establecer nuevas alianzas, como el proyecto del Banco del Sur. Son herramientas necesarias de las que hay que dotar al gobierno.

Fíjese en el antecedente de las cementeras: les aplicaron fuertes multas por prácticas monopólicas (acuerdos de precios para presentarse en licitaciones públicas) y apelaron ante la Justicia, congelando la causa. Pasan por arriba de la Comisión de Defensa de la Competencia, que no es un tribunal, que es de juguete, es virtual. Por razones estratégicas, hay que hacerla real. Sin esos instrumentos, no se llega a ningún lado.

–¿El Gobierno está en una relación de debilidad frente a estos grupos monopólicos?

–Son grupos económicamente muy poderosos, pero una gran mayoría de la población apoya este proceso, sobre todo en lo económico. Eso se manifiesta en el surgimiento de movimientos sociales, agrupaciones, que se crearon sin intervención del Gobierno. Yo confío en que de esta participación de los sectores sociales, de los reclamos sociales, de las luchas reivindicativas de trabajadores, productores y los desocupados que queden surja un mayor grado de organización, aparezcan nuevos liderazgos políticos. Este es un modelo que recién está empezando. A veces, pareciera que está afianzado, pero no es así. Se superó una etapa, pero no hay conciencia real de los perjuicios que tuvo la política neoliberal. Todavía hay mucha gente que dice que el Estado no debería estar tan metido en la economía del sector privado.

–Este es el mismo gobierno, o la continuidad, del que la dejó afuera haciéndola cargo de una acusación muy seria. ¿Tiene algún rencor, alguna sensación de que alguien, en el Gobierno, fue injusto con usted?

–No. El Gobierno no fue responsable de lo que yo hice. Cometí un error, que se tornó muy mediático, y engorroso de explicar. Creo en el hombre y sus circunstancias (sonríe).