El Grupo de Contención que funcionaba en la Armada para informar y asesorar a los represores acusados por delitos de lesa humanidad fue desactivado. Sin embargo, los problemas siguen. El viernes 7, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Daniel Francisco Hindryckx, citó a su despacho del piso 13 a cuatro capitanes de corbeta para que se ocuparan del traslado de quince camaradas procesados en la causa ESMA. La orden se transformó en un problema de conducción: los capitanes se negaron a ejecutarla y terminó realizando la tarea el propio almirante Hindryckx con oficiales superiores. La discusión ahora es qué hacer con los que resistieron la instrucción del jefe de Estado Mayor, Jorge Godoy. En Defensa están pensando en que sean directamente las fuerzas de seguridad las que se ocupen del destino penitenciario de los marinos acusados de cometer delitos de lesa humanidad.

Los capitanes de corbeta, que tienen entre 33 y 38 años, fueron citados por separado pero decidieron en conjunto. Según pudo saber Página/12 el razonamiento fue: si no cumplimos la orden sabemos que seremos sancionados pero si la cumplimos también. Los oficiales se negaron a seguir oficiando de guardiacárceles. En realidad, el tema es que al hacerse público el tratamiento especial que la Marina les garantizaba a los represores, la Armada concretó los retiros y pases a disponibilidad de los encargados de realizar la tarea.

El Grupo de Contención estalló a partir del testimonio del cabo Carlos Marandino en el juicio por la Masacre de Trelew. El suboficial declaró ante el juez de Rawson, Hugo Sastre, que en octubre pasado los capitanes de navío Juan Martín Poggi y Angel Vázquez lo habían citado en el Edificio Libertad para ponerlo al tanto de su situación procesal en la causa por el fusilamiento de 19 presos –tres sobrevivieron– en 1972 tras el fallido intento de fuga. El juez citó a los oficiales. Poggi ratificó que se reunía institucionalmente con todos los camaradas involucrados en “delitos de derechos humanos” (sic).

Página/12 contó la historia del funcionamiento del Grupo de Contención que se remonta a la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos. En el 2000, la jueza María Servini de Cubría había citado al capitán Pedro Florido para exigirle que hiciera todo lo necesario para que cesen las amenazas a uno de sus secretarios que llevaba adelante una causa por robo de bebés. En ese momento, Florido acababa de ser ascendido a pesar de la denuncia del sobreviviente de la ESMA, Víctor Basterra, que había asegurado que el capitán-abogado le había ordenado falsificar un pasaporte de Licio Gelli, el gran maestre de la P2.

Junto con Florido trabajaba otro oficial abogado, Sergio Vargas, quien acaba de ser pasado a disponibilidad al trascender la denuncia de este diario. La sanción a Vargas fue uno de los argumentos que usaron ahora los capitanes de corbeta para resistirse a asistir a los represores. En rigor, Vargas no se limitaba a acompañar, sino que era conocido como un activo abogado con estrechos contactos judiciales. Florido figuraba como retirado en servicio, es decir recontratado, aunque sin destino. Poggi estaba en la misma situación, aunque con funciones en el Grupo de Contención, pero al hacerse pública su función lo pasaron a retiro efectivo. A Vázquez lo habían enviado a Mendoza y le quitaron la misión.

En el piso trece del Edificio Libertad, a metros del despacho de Godoy, fue Hindryckx quien recibió en directo la negativa de los oficiales y tuvo que asumir la tarea que iba a delegar. El almirante les advirtió que se exponían a una sanción, los capitanes daban por hecho esa alternativa pero plantearon la incertidumbre por la suerte que habían corrido los que habían cumplido órdenes semejantes. La diferencia es que el Grupo de Contención no fue constituido como tal sino que se asignarán tareas ad hoc de acuerdo con las necesidades de los represores citados y de las familias.

El episodio pone de relieve otra rémora de los fueros especiales que benefician a los militares. A diferencia de cualquier otro ciudadano sospechado de delincuente, los uniformados no se presentan ante la Justicia, sino que es la fuerza a la que pertenecen la que les informa sobre la citación y los traslada.

Quienes buscan una lectura positiva del planteo de los capitanes de corbeta dicen que, en realidad, está bien que hayan evitado cumplir con la orden de asistir a los represores. La actitud tiene dos consecuencias: primero, en una estructura jerárquica es difícil eludir una sanción ante semejante incumplimiento. Los capitanes habrían usado como argumento que si la orden hubiese sido por escrito no hubiesen tenido margen de maniobra para resistirse. Segundo, la actitud es valorada por aquellos que impulsan que las Fuerzas Armadas dejen de oficiar de guardiacárceles, una función que no les corresponde. La continuidad de esa cobertura de apoyo demuestra que la institución sigue “cuidando” a sus hombres.

En los pasillos de Defensa aseguran que para conjurar cualquier intento de reorganización del Grupo de Contención se destinará personal de las fuerzas de seguridad. Después de la muerte de Héctor Febres en la sede Delta de la Prefectura y la posterior investigación que probó las condiciones de privilegio de las que gozó el torturador, los represores empezaron a poblar el penal de Marcos Paz y la “contención” se empezó a desarticular.