Los prefectos acusados de haber participado en el homicidio del represor Héctor Febres fueron beneficiados por la “duda” que la Cámara de San Martín consideró que persiste en el caso. Según ese tribunal, no hay elementos suficientes para establecer que fue un asesinato, pero tampoco para afirmar que el prefecto se suicidó. La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, acatará las instrucciones de sus superiores, pero, según pudo saber Página/12, lo hará sin abandonar la hipótesis de que Febres fue silenciado para evitar que involucrara a otros represores y aportara información cuando le tocara hablar en el juicio oral, el 14 de diciembre. La magistrada buscará profundizar y completar la investigación con elementos que prueben el homicidio. “Atrás de esto hay un mensaje”, comentó a este diario una alta fuente judicial respecto de la muerte del prefecto. Arroyo Salgado completará las medidas que tenía previstas para avanzar en la responsabilidad de mayor nivel jerárquico: la postergada declaración indagatoria del ex jefe de la Prefectura y la citación del jefe de la Armada, Jorge Godoy.

Más allá de la calificación legal que termine teniendo el caso, punto en el que la Cámara discrepó con la jueza, el fallo de segunda instancia convalidó la investigación sobre las concesiones y privilegios que gozó Febres durante el tiempo que pasó en la sede Delta de la Prefectura, con prisión preventiva: visitas ilimitadas, celulares, computadora, departamento privado, salidas a veranear en la base naval de Azul, utilización de las instalaciones para festejos familiares, entre otros beneficios impensados para cualquier preso. Por eso, la Cámara mantuvo el procesamiento por abuso de autoridad del prefecto Mario Volpi, a cargo directo del represor, y del jefe de la sede Delta, Roberto Iglesias.

En su resolución, los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack ratificaron que el ex enlace entre la Prefectura y la Armada en la ESMA tuvo un “régimen elástico no reglamentario de detención”, lo cual habilitaría a la jueza a abordar las responsabilidades que van “más allá” de Volpi e Iglesias, en línea ascendente en la cadena de mandos.

A criterio del juzgado, la Cámara omite cuestiones importantes, como el hecho de que la computadora que Febres tenía en el camarote estuvo prendida a la una de la mañana, con su chat abierto. “Alguien estaba allí, según los médicos a esa hora ya estaba muerto”, explicó la fuente. En el entorno de Arroyo Salgado insisten en que la cantidad de cianuro encontrada en el cadáver del represor fue “un mensaje”, que no es casual que el veneno elegido haya sido el mismo utilizado por militantes montoneros ante situaciones límite, y que para suicidarse, precisamente, alcanza con apenas “una pastillita” de ese tóxico.

Es cierto que Febres estaba preocupado por su inminente condena que lo llevaría a una cárcel común, y que temía que su familia se viera afectada en lo económico, como alegan las defensas de los prefectos Volpi e Iglesias. Pero los investigadores de la jueza sostienen que seguramente sus familiares no hubieran sufrido requisas humillantes porque su destino hubiera sido el penal de Marcos Paz, donde hay un pabellón especial para presos “de lesa humanidad”, como lo llaman. Y los eventuales juicios civiles no los hubiera tenido que pagar la familia sino el Estado.

El fallo de la Cámara no causó sorpresa en el juzgado, pero sí llamó la atención porque en otras investigaciones con menos elementos sus superiores confirmaron lo actuado. También les resultó sugestivo que lo hayan emitido con tanta rapidez, incluso con errores de tipeo, siendo que los últimos diez cuerpos los tuvieron recién la semana pasada.

Una de las medidas sugeridas por la Cámara es la realización de un perfil psicológico de Febres, a partir algunas cartas escritas entre 2000 y 2006. La jueza piensa incorporar más elementos para determinar el perfil requerido. De todos modos, para Arroyo Salgado los testimonios son coincidentes sobre el amor que tenía por su familia, por lo cual les hubiera dejado un mensaje y, además, hubiera reivindicado su accionar en la dictadura y su apellido. Otro elemento determinante para la magistrada son las últimas actividades que realizó y que tenía pensadas Febres: el 8 de diciembre armó el árbol de Navidad, el 9 le reclamó a su esposa las lucecitas y un disfraz de Papá Noel, el lunes 10 pensaba entrevistarse con sus defensores oficiales. Según sus amigos, el estado de ánimo era el de quien está dispuesto a conversar sobre su equipo de fútbol, como lo hizo el domingo a la noche con su yerno.

“Podemos decir que la causa Febres vuelve a fojas cero”, denunciaron los querellantes de Justicia Ya! Por su parte, Rodolfo Yanzón, otro de los querellantes destacó que la responsabilidad de la Armada y la Prefectura en el envenenamiento de Febres “se mantiene intacta” a pesar del fallo judicial que liberó a los dos prefectos imputados.