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El 90 por ciento de las inspecciones que realizó en los últimos meses la Dirección General Impositiva en esta Capital permitieron detectar el uso de facturas falsas, identificadas por el organismo recaudador como el “instrumento vedette” para burlar al fisco. Los resonados casos del grupo Koner Salgado, en la década del 80, y el de la “mafia del oro”, a mediados de los 90, probaron que la documentación apócrifa es un recurso eficaz para eludir el pago de impuestos o, incluso, para reclamarle al Estado la devolución de tributos que nunca fueron pagados. Una perversa moda que sigue vigente –especialmente entre los exportadores– y con mecanismos a veces muy burdos, como el de sociedades emisoras que tienen sus domicilios radicados en una plaza o en la ex cárcel de Caseros.
Tampoco es una originalidad argentina. Chile pierde 800 millones de dólares anuales debido a esta trampa. Pese a que su sistema de control es en apariencia mucho más severo que el local, ya que impuso el timbrado oficial de las facturas, el Servicio de Impuestos Internos hace hasta controles carreteros de la mercadería que se comercializa y se exige documentar hasta la más modesta venta de un kiosco.
Muchos de estos datos fueron expuestos ayer, en la primera jornada del seminario de capacitación que organizó la Asociación de Empleados de la Dirección General Impostiva. Noemí Simari, jefa de la División de Revisión y Recursos de la Región Microcentro de la DGI, puso el tema sobre la mesa durante el panel de la tarde, cuyo tema excluyente fue este desvelo de los fiscalizadores. “El delito se está expandiendo de manera importante y combatirlo no depende sólo del organismo: hacen faltas políticas tributarias contra la evasión que comprometan a otras entidades del Estado”, se quejó la funcionaria.
Ejemplos de maniobras para producir documentación falsa en su forma o en su contenido no faltan. Simari recordó el caso de dos personas que, el mismo día, constituyeron cuatro sociedades diferentes bajo el registro de un escribano que no lo era y las inscribieron en la Inspección General de Justicia sin ningún inconveniente. Así trabajaron dos años, hasta que la fiscalización de la AFIP a uno de sus clientes permitió advertir la burla.
Al parecer, la deficiencia de la Inspección es uno de los talones de Aquiles del sistema, ya que no verifica la identidad ni patrimonio ni ningún otro rasgo de quienes integran las sociedades que inscribe, a pesar de que se lo exige la ley. Quizás por ello, cada vez con más frecuencia los inspectores de la DGI ven cerrado su camino a la hora de rastrear al emisor de una factura falsa, generalmente una sociedad inexistente, con domicilio legal inventado.
Procedimientos más rebuscados o audaces fueron utilizados a principos de los 80 por el grupo Koner Salgado, cuyas 65 empresas habían orquestado entre sí un complejo mecanismo compensatorio de débitos y créditos fiscales. Por él, aquellas a las que les correspondían liquidar impuestos (que habían acumulado débitos fiscales porque tenían más facturas de presuntas ventas que de compras hechas) tampoco tributaban, amparándose en la promoción industrial o reclamando reintegros.
Enrique Piana y el resto de empresas que participaron de las exportaciones ilegales de oro también organizaron su circuito delictivo con facturas apócrifas de presuntas contrataciones de servicios para la manufactura del metal. Estos documentos generaban derecho a cobrar reembolsos a exportaciones sobrefacturadas, también con documentos falsos.
Aunque menos célebres, los casos siguen. El juez en lo Penal y Económico Guillermo Tiscornia, otro integrante del panel verpertino, aportó sus propios datos de desfalcos aduaneros y demandó ayer al poder político “más rigor a la hora de registrar a un exportador”. Fue luego de recordar que, gracias a un rapto de lucidez, el ex titular del Banco Nación, Aldo Dadone, se negó a pagar el tercer reintegro a la exportación dehidrocarburos por 40 millones de dólares a una modesta empresa con sede en Campana que, de repente, comenzó con ventas multimillonarias.
El alerta sirvió para concluir que la modesta firma constituida con un capital de 1000 dólares nunca podría haber vendido por 300 millones. En la DGI saben que las exportaciones y la documentación para concretarlas deben estar bajo la lupa. Lo que ignoran sus funcionarios es hasta dónde podrán acercarla.